La Fiscalía de Múnich ha ordenado este lunes el embargo de la cuenta bancaria y tres apartamentos ubicados en la ciudad pertenecientes a un parlamentario ruso y su esposa. Según ha apuntado la fiscal general de Alemania, Anne Leiding, esta es la primera ocasión en que las autoridades del país ordenan el embargo de propiedades físicas. Es la primera vez desde el comienzo de la invasión de Ucrania que la justicia alemana incauta propiedades inmobiliarias en este país de ciudadanos de la Federación Rusa al aplicar las sanciones dictadas por Occidente contra el régimen de Moscú por la invasión de Ucrania, iniciada hace ya cerca de cuatro meses.

Según el dictamen judicial, el propietario de los bienes es un parlamentario de Rusia y su mujer, residente de Múnich, se encuentran inscritos en la 'lista negra' de Alemania de personalidades afines al presidente ruso, Vladimir Putin. "Se trata según nuestros conocimientos del primer caso a nivel nacional en el que no solo se congela el patrimonio (en este país), sino también propiedades inmobiliarias debido a las sanciones", subrayó la fiscal superior Anne Leiding.

El ciudadano ruso sancionado fue uno de los que votó a favor de una resolución en el Parlamento que pedía al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que reconociera los territorios de Donetsk y Lugansk como estados independientes. En virtud de esta votación, el presidente Putin reconoció más tarde la independencia de dichas regiones, ubicadas en el este de Ucrania, para a continuación ordenar la invasión del país vecino.

Leiding destacó que en su caso no solo se han congelado los bienes, sino que también se les han intervenido las viviendas. Una actuación así es posible sobre la base del derecho penal alemán, aunque un caso así no se había dado hasta ahora. La orden de intervención de los bienes y propiedades inmobiliarias fue ordenada por el juzgado municipal de Múnich a petición de la Fiscalía local. 

Este mismo lunes el matrimonio ruso fue borrado del registro de la propiedad, lo que confirmó la ejecución del embargo. Los inquilinos podrán seguir ocupando los pisos, pero pagarán los alquileres al tribunal encargado del caso.