Johnson desvía a Bruselas su guerra interna en Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha construido un callejón sin aparente salida en sus relaciones con la Unión Europea y la restauración de la autonomía de Irlanda del Norte tras publicar esta semana un proyecto de ley que deroga buena parte del Acuerdo de Retirada de la UE. Abogados de Reino Unido especialistas en legislación internacional y la Comisión Europea afirman que es ilegal.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, afirmó en una entrevista con la televisión británica Sky que no puede "resistir la tentación de pensar que (la presentación del proyecto de ley) tiene una motivación política, pero nuestro rol no es comentar sobre la política interna del Reino Unido y, por tanto, nuestras puertas para la negociación siempre estarán abiertas".

Es un sentimiento compartido en el Parlamento y en los medios británicos. La interpretación de que Londres reta a la UE a una guerra comercial es exagerada. Puede ser el desenlace pero, en el contexto de la guerra en Ucrania y de una economía atormentada, Londres no persigue la quiebra total del 'brexit'. Johnson pidió esta semana a sus ministros que suavicen el tono hacia la UE.

En una entrevista con el diario 'Belfast Telegraph', Sefcovic puntualizó el viernes que, si el proyecto se convierte en ley "no se descarta ninguna opción". Advirtió que las empresas norirlandesas perderían el acceso al mercado común. Fuentes anónimas de la Comisión han sugerido a medios del Reino Unido que Bruselas podría imponer aranceles a productos específicos que empresas británicas exportan a la UE.

El primer paso de la Comisión ha sido reactivar un procedimiento legal contra el establecimiento unilateral por Londres, en 2021, de periodos de gracia para la aplicación de algunos controles fronterizos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La región forma parte del mercado común y del británico, gracias a las reglas de un Protocolo anexo al Acuerdo de Retirada.

La ilegalidad del proyecto de ley ha sido argumentada esta semana por prominentes abogados británicos. Alegan que la invocación por el Gobierno de Johnson de la "doctrina de necesidad", que en la ley internacional permite a un Estado aplazar o derogar la aplicación de un tratado internacional, no es posible cuando el Protocolo permite, en su artículo 16, responder a situaciones críticas.

Los tribunales internacionales han establecido que los Estados no pueden invocar esa doctrina si han contribuido a la necesidad alegada. Londres habría fomentado la crisis persiguiendo un 'brexit' duro. Negoció y firmó el Protocolo. Y los abogados no encuentran justificación para que el Gobierno incluya la anulación del papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como regulador de su mercado común.

El apoyo de los euroescépticos

La interpretación de la motivación política de Johnson ha producido especulaciones variadas. Unos creen que, tras sufrir la rebelión de 148 diputados de su grupo parlamentario en un voto de confianza, el líder conservador quiere asegurarse el apoyo de los más euroescépticos. Una pelea con la UE reforzaría el voto 'brexiter' si planea unas elecciones anticipadas.

Altos cargos del Sinn Féin, el partido republicano asociado históricamente al IRA, creen que Johnson desafía a la UE para lograr beneficios en sus negociaciones con Bruselas: sobre el acceso al mercado común de los servicios financieros de la City o la participación británica en el programa Horizon, que coordina y financia la investigación científica.

Sería una interpretación posible si países de la UE estuvieran presionando a la Comisión para que suavice fricciones con el Reino Unido, la quinta economía del mundo. Sin esa presión, cuya existencia niegan las cancillerías comunitarias, añadir una derogación ilegal del Protocolo parece una absurda estrategia negociadora: amenazar a Bruselas con pegarse un tiro si no le dan lo que desea.

Política y legalidad se complican aún más en la gestión por Londres de la situación en Irlanda del Norte. Las elecciones de mayo dieron el mayor número de escaños al Sinn Féin, pero el boicot del DUP a la elección de presidente de la Asamblea autonómica ha impedido la restauración de las instituciones. En abril de 2023 se cumplirán 25 años del Acuerdo de Belfast que las crearon.

El DUP es un partido peculiar. El reverendo William McCrae leyó la oración que inauguró su conferencia en noviembre de 2018. Johnson, aspirante al liderazgo conservador, fue la estrella invitada. Cantante de góspel, McCrae propuso en 1986 el bombardeo aéreo de enclaves del IRA. Le siguió el moderador de un debate sobre educación. Trescientos delegados respondieron a su salutación con la dulzura coral de alumnos de primaria: 'Good morning'.

Sus miembros pueden ser puritanos, fanáticos y también pragmáticos, como su fundador, Ian Paisley. Exigen ahora que Irlanda del Norte permanezca en el mercado común mientras Johnson promete una "hoguera" de normas heredadas de la UE, pero que no haya controles fronterizos entre Gran Bretaña y la región. La alternativa es una frontera entre las dos Irlandas o entre Irlanda y el resto de la UE.

Gente conocedora la política norirlandesa y de Johnson es pesimista. Dicen que no hay un plan y que en Downing Street reina el caos. No hay, en el corto plazo, nada. La puesta en marcha de las sanciones de la UE tardará meses. La aprobación del proyecto de ley, quizá un año. Pero Johnson exige al DUP que forme ya el Ejecutivo compartido con el Sinn Féin o congelará la tramitación del proyecto de ley.

El líder del DUP, sir Jeffrey Donaldson, afirmó el viernes, en una reunión con miembros de su partido, que el proyecto de ley puede "eliminar la larga sombra del Protocolo sobre Irlanda del Norte y restaurar nuestro lugar en la Unión". Añadió que no formarán parte del Ejecutivo autonómico hasta que la ley no sea aprobada y los ministros anuncien las derogaciones del Protocolo que autoriza esa norma ilegal.