internacional
El Tribunal Supremo de Wisconsin anula la orden de confinamiento del gobernador
Un científico acusa al Gobierno federal de haber ignorado las llamadas de alarma realizadas por los expertos en enero.
Científicos, políticos y jueces colisionaron este jueves en Estados Unidos sobre cómo responder a la pandemia de la covid-19. Y aunque la guerra se extiende de punta a punta del país, Washington y Wisconsin echaban chispas. Este último se ha convertido en el primer Estado en el que la Justicia tumba la orden del gobernador de prolongar el cierre de los negocios. El propio presidente norteamericano, Donald Trump, lo celebró en Twitter como "una victoria".
La ajustada decisión del Supremo de Wisconsin dice no cuestionar la capacidad del gobernador (demócrata) para responder a una emergencia, pero estima que abusó de su poder al prorrogar la orden de confinamiento en contra de la decisión de las cámaras legislativas (con mayoría republicana) "porque no se puede tener a la gente confinada indefinidamente", dice la decisión. "Esta amplia declaración de controlar virtualmente cada aspecto de la vida de una persona es algo que normalmente asociamos con una prisión, no con una sociedad libre gobernada por la ley", escribió el juez Daniel Kelly en la opinión adjunta al veredicto. Durante la audiencia oral celebrada la semana pasada la juez Rebecca Bradley llegó a comparar la orden con "la mismísima definición de tiranía".
Los magistrados creen que el Estado debe seguir la ley de emergencias y trabajar con los legisladores, pero esa relación no es fácil. Las cámaras votaron ante la presión de hombres armados que ocuparon el Capitolio estatal en protesta por la esperada extensión de la orden de cierre hasta el 26 de mayo. Pese a esas intimidantes manifestaciones y la decisión de las dos cámaras, el gobernador Tony Evers extendió la orden, que ha sido llevada a los tribunales. "En Wisconsin íbamos bien, pero ahora los legisladores republicanos han convencido a cuatro jueces para nos lancen al caos", lamentó Evers.
Tabernas repletas
Caos era la palabra más adecuada. Tan pronto como se conoció la decisión, la Liga de Tabernas de Wisconsin dijo a sus miembros a través de su página web "¡Podéis ABRIR INMEDIATAMENTE!". No se lo pensaron. Lo hicieron como una celebración, invitando a sus clientes a cervezas. Sin ponerse ni siquiera las mascarillas, muchos se lanzaron a sentarse en la barra de su bar favorito codo con codo. Los pocos que guardaban precauciones las perdieron a medida que subía el nivel de alcohol en sangre.
Los condados y ciudades en manos de políticos demócratas se apresuraban a aprobar órdenes locales de cierre que sustituyeran a la del gobernador, y eso significaría un nuevo cierre. Con cerca más de 10.600 positivos y 418 muertes, Wisconsin no es ni mucho menos uno de los Estados más afectados, pero tampoco de los que menos. El índice de casos de 187,2 por cada 100.000 habitantes es incluso mayor que el de California. Tampoco es el único territorio donde diferentes organizaciones han retado las órdenes de confinamiento en los tribunales, pero sí el único en el que los jueces les han dado la razón. En Michigan, Illinois, California y Kentucky no lograron persuadirlos para reabrir.
Por contra, el que fue el científico en jefe a cargo del desarrollo de una vacuna hasta abril como director de la Agencia de Desarrollo e Investigaciones Avanzadas del Gobierno -abruptamente apartado del cargo por no querer impulsar un tratamiento para la malaria como medicación para la covid-19-, cree que las medidas que se han tomado han sido insuficientes y han llegado tarde al haberse ignorado los avisos tempranos que dieron algunos científicos en enero. "Se pusieron vidas en peligro, murió gente por no ser transparente", dijo Rick Bright bajo juramento ante un comité de la Cámara Baja.
Un senador protegió su fortuna mientras minimizaba el virus
Más de 36 millones de estadounidenses se han quedado sin trabajo desde que la epidemia obligó a cerrar el país, 100.000 restaurantes han perecido y un número incontable de pequeños y grandes negocios se enfrentan a la bancarrota. Sin embargo, un senador que tendría que haber alertado del peligro puso a salvo su fortuna de hasta 1,7 millones de dólares en acciones bursátiles a mitad de febrero, mientras seguía minimizando públicamente la pandemia.
Se trata del presidente del Comité de Inteligencia, Richard Burr, quien dimitió este jueves después de que el FBI le confiscase la víspera su teléfono móvil en su propia casa durante un operativo destinado a recabar pruebas solicitado por el Departamento de Justicia.
Pero este político republicano de Carolina del Norte no admite culpa alguna con su renuncia, sino que dice apartarse para no resultar una distracción. Otros tres senadores del mismo comité han sido acusados también, al vender sus acciones en sectores especialmente dañados por la pandemia como aerolíneas y cadenas de hoteles, aunque Burr es el que más está en la diana.
