Las empresas británicas de ámbitos como el sector asistencial, la agricultura, la construcción y la hostelería alertaron este miércoles de que los cambios en el sistema migratorio que ha propuesto el Gobierno del Reino Unido pueden llevar a una falta de mano de obra en el país.

El Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, planea vetar la entrada a partir de enero a los inmigrantes no cualificados, y solo otorgará visados a personas que hayan acreditado un nivel suficiente de inglés y cuenten con una oferta de trabajo acorde con su formación.

El salario mínimo para un trabajador cualificado será de 25.600 libras al año (30.700 euros), por debajo de las 30.000 libras (36.000 euros) que se exigían hasta ahora para los extranjeros no comunitarios.

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Los cambios, que el Gobierno prevé aprobar por ley en los próximos meses, entrarán en vigor a partir de enero de 2021, cuando habrá terminado la fase de transición del Brexit.

La ministra de Interior, Priti Patel, afirmó que las compañías que hasta ahora han utilizado mano de obra procedente de otros países deberán centrarse en contratar a trabajadores británicos.

"Es el momento de que las empresas comiencen a invertir en la gente de este país", dijo Patel en una entrevista con la cadena 'Sky News'.

"Tenemos más de ocho millones de personas, lo que representa el 20 % de la fuerza laboral, que tienen entre 16 y 64 años que ahora mismo son económicamente inactivas", agregó la ministra.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS), en el Reino Unido hay cerca de 8,5 millones de personas en la categoría de "económicamente inactiva", una clasificación distinta a "desempleado".

Entre ellas, 2,3 millones son estudiante; 2,1 son enfermos de larga duración; 1,9 están cuidando a otras personas; 1,1 están retiradas antes de los 65 años y 160.000 son enfermos de corta duración.

Otras 33.000 son "trabajadores desalentados" que han dejado de buscar empleo y 947.000 están clasificados como con "otras" razones para no trabajar.

La vicesecretaria general del sindicato Unison, Christina McAnea, afirmó que los planes del Gobierno van a "provocar un absoluto desastre en el sector asistencial".

En ese mismo sentido, la consejera delegada del Real Colegio de Enfermería británico advirtió de que bajo la propuesta migratoria "no se cumplirán las necesidades asistenciales y sanitarias de la población".

La presidenta del Sindicato Nacional de Agricultura, Minette Batters, expresó por su parte su "seria preocupación" ante el "fallo del Gobierno a la hora de reconocer las necesidades del sector de la alimentación y la agricultura en el Reino Unido".

También criticó las propuestas la presidenta del Sindicato Nacional de Estudiantes, Zamzam Ibrahim, que pidió que se elimine la necesidad de un salario mínimo para obtener un visado de entrada al Reino Unido.

"Los límites salariales impedirán que las universidades contraten a los trabajadores que necesitan para educar a sus estudiantes y negarán a los futuros estudiantes la oportunidad de aprender de personas con experiencias internacionales", apuntó.