La Justicia chilena ha procesado este viernes a un médico, un veterinario y dos oficiales retirados del Ejército, por el homicidio de dos presos por envenenamiento con toxina botulínica y homicidio frustrado de otros cinco en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El juez Alejandro Madrid ha procesado como autores de homicidio calificado y homicidio frustrado al médico Eduardo Arriagada Rehren y al veterinario Sergio Rosende Ollarzú, que han sido arrestados.

Han sido encausados y arrestados el coronel Joaquín Larraín Gana y el comandante Jaime Fuenzalida Bravo como cómplices del caso, considerado por organismos de derechos humanos como un intento de la dictadura Pinochet de asesinar a presos políticos.

La resolución derivó de la investigación, también conducida por el juez Madrid, de la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), ocurrida en enero de 1982 en una clínica de Santiago y que es investigada como un homicidio por envenenamiento.

La toxina botulínica iba dirigida contra un grupo de presos pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), pero los fallecidos resultaron ser dos reos por delitos comunes con quienes los primeros compartieron ese día su comida: Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz.

En tanto, lograron sobrevivir los militantes del MIR Guillermo Rodríguez Morales, los hermanos Ricardo y Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido (este último también encarcelado por delito común), todos envenenados en las mismas circunstancias.

De acuerdo con los antecedentes, el 9 de diciembre de 1981 los familiares de los presos, al enterarse de la gravedad de su estado, solicitaron a través de la Vicaría de la Solidaridad que un médico particular les visitara en la cárcel.

El abogado Jorge Sellán solicitó lo mismo al fiscal militar Luis Berger, pero las peticiones fueron rechazadas por el alcaide del penal, Ronald Bennet, con el argumento de que ningún preso requería atención médica, "pues su estado de salud no era de gravedad".

Según la resolución del juez Madrid, "los hechos permiten tener por establecido legalmente que con la finalidad de proceder a la eliminación física de opositores al régimen militar se realizó una operación especial de inteligencia que habría culminado con el fallecimiento de los internos Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz".

La toxina botulínica habría llegado a Chile a través del Instituto de Salud Pública y posteriormente entregada a los encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Los cuatro procesados, según las fuentes, permanecerán en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar N° 1 del Ejército.