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Aragón

El fiscal acusa al hijo de un diplomático de estafar a una pareja con un negocio en China

Solicita una condena de tres años de prisión y nueve meses de multa y que devuelva 125.000 euros a los afectados.

El titular de Instrucción 9 de Zaragoza está esperando que Juan Paul B. M., hijo de un diplomático en Zaragoza, se persone en su juzgado para comunicarle la apertura de juicio contra él por un delito de estafa. Aunque el instructor le ha enviado la citación a su domicilio, un céntrico inmueble la capital aragonesa, el acusado no se ha dado por aludido, por lo que podría ser puesto en busca y captura.

El fiscal acusa a Juan Paul B. M. de engañar a una pareja para que le prestara 125.000 euros para hacer un negocio en China, cuando lo que tenía era un "evidente propósito lucrativo", es decir, quedarse el dinero. Según el fiscal, el acusado aparentó tener una solvencia de la que carecía y llegó a manifestar "mendazmente" que pertenecía a la aristocracia belga. Afirmaba que sus buenas relaciones aristocráticas le proporcionaban contactos e influencias con importantes sujetos del mundo de la política y de las finanzas.

Según la acusación, este joven de 26 años organizó una estafa piramidal que consistía en convencer a personas de la alta sociedad aragonesa para que le dejaran dinero con el que comprar en China objetos de ‘merchandising’ de grandes empresas, como El Corte Inglés, y traerlo en contenedores hasta España. En la querella, presentada por dos afectados, se precisa que el presunto estafador solicitaba el dinero con premura y decía a las víctimas que tenía el material en la frontera, pendiente solo del prepago para su envío definitivo a Zaragoza.

Aunque solo se han querellado dos afectados, en la denuncia presentada en junio pasado ya apuntaron que había más perjudicados por la misma estafa e incluso que uno de ellos había perdido una cantidad próxima a 500.000 euros.

Juan Paul B. M., hijo del decano del cuerpo consular en Zaragoza y cónsul de Eslovaquia (se llamaba como él y falleció hace unos años), prometía a los inversores que les daría unos intereses de entre un 7% a y 10%. En su declaración ante el juez, el acusado no quiso darle ningún dato sobre el negocio porque, según manifestó, todo era "confidencial". Al principio, devolvía los rendimientos alguna vez, pero desde abril dejó de pagar los intereses y mucho menos el capital.

El encausado les exigía el dinero siempre en efectivo y no proporcionaba recibos ni justificantes. Al cabo de un tiempo y al intuir que algo no iba bien, los querellantes le requirieron que firmara un contrato en el que les reconocía las cantidades adeudadas hasta ese momento, que sumaban 125.000 euros.

"Cuando conseguía convencer a una persona para que invirtiera en sus supuestos negocios y lograba su dinero, pagaba con él los intereses a los anteriores. Esto lo hizo hasta que ya no pudo continuar con esa operativa al carecer de efectivo y no encontrar nuevas víctimas", precisa la querella, donde se menciona a varios de los estafados.

Cuando los perjudicados comenzaron a llamar a Juan Paul B. para recuperar su dinero, el joven desapareció, aunque al poco tiempo recibieron un correo electrónico de una persona que decía ser asesor del presunto estafador en el que les proponía una quita de entre el 40% y el 60% y un pago inmediato del 10% de todo el dinero. Respecto a la deuda pendiente, afirma que les pagará cuando sus familiares le presten dinero si consiguen vender un inmueble. "El objetivo del correo es claro: descriminalizar la posible estafa piramidal y convertirla en un asunto meramente civil en el caso de aceptar o tan solo negociar tan rocambolesca proposición", recoge la querella.

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