Las negociaciones sobre la nueva Opel llegan a una fase crucial en lo laboral y en lo político

Las negociaciones sobre la venta del negocio europeo de General Motors entran mañana en una fase decisiva, que debe anudar los numerosos cabos sueltos que aún presenta la oferta de la fabricante de componentes austriaco-canadiense Magna. Así, la semana que está a punto de comenzar se presenta crucial en los dos campos sobre los que se dirime la viabilidad de la compañía automotriz: el laboral y el político.

 

Para rubricar la venta de la que será la nueva Opel, GM exige de Magna un acuerdo por escrito con los trabajadores. Ese requisito obligado muestra varias derivadas, todas aún demasiado abiertas. Para empezar, algunas factorías no apoyan el plan de ahorro previsto. Es el caso de Figueruelas y las británicas Ellesmere Port y Lutton, que se niegan a negociar cualquier ajuste laboral mientras no exista un proyecto industrial viable y basado en criterios económicos. Sin embargo, los sindicatos en el resto de Europa ya habrían aceptado las intenciones del futuro comprador, que pasan por recortar anualmente los costes laborales en 265 millones de euros hasta 2014 mediante congelaciones salariales y renuncias a pagas extraordinarias. Por eso, las modificaciones de los planes de Magna serán presentadas mañana en España y el miércoles en el Reino Unido. "Tengo la confianza de que mejorarán su plan industrial. De lo contrario, ellos tendrían crudo conseguir el acuerdo y los trabajadores nos abocaríamos a una situación complicada", reconoce Pedro Bona, secretario de UGT en la planta aragonesa y miembro del comité reducido de empresa a nivel continental.

 

De alcanzarse un acuerdo sobre el esfuerzo económico que deben asumir los 50.000 empleados de GM en Europa, aún quedarían por peinarse otros flecos laborales. A cambio de esos recortes salariales -cifrados en un 9%-, los trabajadores recibirían un 10% del accionariado de la nueva Opel, pero los sindicatos exigen que esa participación implique ciertos derechos de decisión en el Consejo de Vigilancia. "Quiero saber qué poderes recibo a cambio de mi dinero", solicitaba este viernes un sindicalista alemán. En el ojo del huracán se encuentran los recortes de personal y los cierres de factorías, ámbitos sobre los que los trabajadores desearían influir.

 

De hecho, a los delegados sindicales les gustaría arrancar de los nuevos dueños un compromiso por escrito que garantice el mantenimiento de las fábricas actuales y descarte los despidos forzosos. Por su parte, desde Magna solo parecen dispuestos a recoger en el memorando final una 'sugerencia' que invite a estudiar, llegada la situación, opciones alternativas. "A nosotros nadie nos garantiza tampoco los ciclos vitales de cada modelo", enfatiza un portavoz de Magna. En círculos de la empresa se critica especialmente la actitud de los sindicatos británicos: "Parecen preferir la ruina antes que asumir algunas concesiones". Las negociaciones a tres bandas entre representantes de Magna, GM y los trabajadores, se retomarán esta semana después de que el jueves se suspendieran por "desacuerdos de base", según reconocía el presidente del comité de empresa europeo, Klaus Franz.

Carta del Gobierno alemán

Pero el laboral no es el único vector que todavía presenta derivadas abiertas en la venta de Opel. La política, que en algunos países ha gozado de un protagonismo excesivo desde el comienzo de este proceso y en otros demasiado poco hasta hace unos días, aún puede influir en el resultado de las negociaciones. Según revelará mañana el semanario 'Der Spiegel', Alemania habría respondido a las dudas de la Comisión Europea con una agresiva carta en la que apoya el cierre de la planta de Amberes por "no ser rentable". En su misiva, el Gobierno germano desmiente asimismo que sus 4.500 millones de euros en ayudas públicas prometidos a Magna hayan motivado el previsible traslado de cargas de trabajo de Zaragoza a Eisenach. "Esa medida es claramente comprensible desde un enfoque empresarial", argumenta Berlín, por las subidas salariales en la factoría aragonesa y por criterios geográficos: Eisenach, en la extinta RDA, está más cerca del mercado ruso, la panacea que ha de salvar a Opel, según Magna. "Los expertos en automoción ya no consideran a España como un punto de fabricación con futuro", concluye el borrador de la carta a que ha tenido acceso 'Der Spiegel'.

 

El Ejecutivo germano rechaza así las acusaciones de proteccionismo económico lanzadas desde Bruselas, justo cuando esta semana han de comenzar en Berlín las negociaciones para cerrar una nueva coalición gubernamental. Angela Merkel cambiará de socio en la Cancillería (salen los socialdemócratas, entran los liberales del FDP) pero no su enroque como reina del tablero de Opel. El FDP, contrario a la intervención estatal cuando estaba en la oposición, se limita a anunciar ahora que analizará si el apoyo de Merkel a la propuesta austriaco-canadiense está bien razonado y a recordar que el acuerdo entre GM y Magna aún no está cerrado. Esa es la única certeza que arroja, en estos momentos, el complejo proceso de venta de Opel y su todavía más cuestionable compra por parte de Magna.