Las empresas pueden elegir hasta el 5 de mayo cómo rinden cuentas a Hacienda

El Gobierno ha decidido permitir a las empresas, sobre todo a inmobiliarias y constructoras, reducir al mínimo su factura fiscal a la vista del mal comienzo de año para muchas, que ha elevado de forma notable el número de procesos concursales declarados ante su imposibilidad de afrontar los pagos pendientes. Para ello, el viernes pasado se aprobó en consejo de ministros un real decreto que aplaza al 5 de mayo próximo (dos semanas más tarde de lo previsto) su obligación de rendir cuentas dentro del primer pago fraccionado del impuesto de Sociedades, en atención tanto a la delicada situación económica de bastantes compañías como a la entrada en vigor del nuevo Plan General Contable el pasado 1 de enero.

Lo importante, según los expertos, no es tanto disponer de más tiempo para recabar fondos -con ser esto sustancial-, sino que también se ha ampliado el período para elegir el régimen por el que se tributa, es decir, si se toma como base la cuota liquida del último ejercicio fiscal cerrado (aquí 2006, pues la campaña de 2007 aún está pendiente) o bien se hacen los cálculos conforme a la base imponible del trimestre vencido más reciente. Así, una empresa que haya tenido resultados negativos entre enero y marzo -donde el número de insolvencias declaradas en el sector inmobiliario se disparó casi un 150%- puede dejar ahora casi a 'cero' su saldo impositivo, en contraste con sus fuertes pagos en 2007 por las ganancias obtenidas el año anterior.

Mientras, el Ministerio de Economía y Hacienda tiene previsto aprobar en breve el real decreto que implementará la nueva deducción fiscal de 400 euros para gran parte de los contribuyentes. En concreto, serán 16,4 millones los beneficiados (incluidos jubilados y autónomos), a una media de 348 euros cada uno (modulados conforme a sus rentas, de manera que quien haya ganado menos y por ello se le haya retenido poco, también recibirá una cantidad inferior). Los primeros efectos de este recorte se verán en las nominas y pensiones de junio, con una devolución cercana a los 200 euros, suma similar a la que será prorrateada mes a mes en lo que resta de año.

Navarra y País Vasco, comunidades con régimen fiscal propio, quedan en principio fuera de esta rebaja impositiva al instrumentarse a través del impuesto de la renta (IRPF). No obstante, los responsables tributarios de ambos territorios pretenden que sea el Estado quien pague esa factura, al considerar que es fruto del histórico superávit presupuestario logrado en 2007 al que -aducen- contribuyeron "todas" las comunidades autónomas. No obstante, el Ejecutivo foral navarro anunció este lunes que si no logra la conformidad de la Administración Central emprenderá una reforma fiscal propia que incluirá ese recorte que, en su caso, costaría unos 100 millones de euros frente a los 6.000 millones que acarrea la medida del Ministerio de Economía.