Otra oportunidad para el Perte agroalimentario
El Gobierno lanzará "próximamente" una segunda convocatoria del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, tras los "decepcionantes" resultados de la primera oportunidad.
Si hubo un sector durante la pandemia que demostró su carácter esencial ese fue el agroalimentario. Por eso no extrañaba que el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, diseñado en 2020 como elemento fundamental del plan de la UE "para salir más fuertes y resilientes" de la crisis generada por la covid, incluyese un Perte(proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) que estableciese la hoja de ruta con la que reforzar el desarrollo de la cadena alimentaria, dotándola de las herramientas necesarias para que pueda afrontar los retos medioambientales, digitales, sociales y económicos durante la próxima década. Y se confiaba además que este se nutriese con los recursos económicos suficientes para cumplir dichos objetivos.
Se anunció a bombo y platillo que dispondría de 1.000 millones (luego se añadieron otros 800) distribuidos en tres ejes (uno de apoyo específico para la industria agroalimentaria, otro de medidas concretas para apoyar el proceso de adaptación digital y un tercero de apoyo a la innovación y la investigación) cuya responsabilidad se repartía en otros tantos ministerios (Industria, Agricultura e Innovación respectivamente). Se auguraba que su impacto en la economía sería de 3.000 millones y que con el se generarían 16.000 nuevos puestos de trabajo.
Las expectativas que generó el Perte comenzaron a desinflarse en el momento mismo en el que se hicieron públicos los requisitos para acceder a las ayudas que proceden de los fondos europeos Next Generation. Y la lluvia de millones que esperaba recibir el sector se quedó en ‘cuatro gotas’ que apenas ha calado en un puñado de proyectos de los que forman parte una mínima proporción de las más de 30.000 empresas que componen el primer sector industrial de España.
Para remediar el fracaso, del que ya habían advertido voces autorizadas del sector agroalimentario, habrá una nueva oportunidad. La ha anunciado el ministro de Agricultura tras reunirse con representantes de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), a los que ha asegurado que lo que se pretende con esta segunda convocatoria es llegar a un mayor número de empresas. Una segunda oportunidad que tendrá que subsanar muchos de los errores que han impedido el éxito del primer intento del Perte.
La potencia del complejo agroalimentario español, como lo denomina el ministro de Agricultura, se explica en cifras. Aporta más del 10% del PIB, da empleo a 2,8 millones de personas y sus exportaciones rozan los 70.000 millones de euros, con una balanza comercial neta que se eleva los 14.000 millones de euros. De él forman parte todo un amplio y variado conjunto de empresas (30.000 firmas que dan empleo a 454.800 personas) que le convierten en el primer sector industrial del país. Con una producción superior a los 144.000 millones de euros y un valor añadido bruto de 29.786 millones de euros, representa el 19,3% de la industria manufacturera y ronda el 2,5% del total de la economía española.
No es menos importante la industria alimentaria en Aragón, por cuyo territorio (esencialmente en el medio rural) se despliegan casi 2.800 empresas, que facturan 7.000 millones de euros (de ellos unos 2.800 en los mercados exteriores) y emplean a más de 18.800 trabajadores.
Estas cifras no han tenido, sin embargo, el deseado reflejo en la primera convotaria del Perte agroalimentario, que puso a disposición del sector, a través de su eje 1, un total de 510 millones de euros (310 en ayudas directas y 200 en préstamos) con los que el Ministerio de Industria tenía la intención de inundar de competitividad, innovación y sostenibilidad su tejido productivo. No ha sido así, para decepción y crítica de los representantes de una actividad industrial que demostró su carácter esencial y su capacidad de adaptación durante toda la pandemia de la covid, y muy especialmente en los momentos más complicados.
De este monto, el Gobierno apenas ha adjudicado 183 millones de euros, el 36% de la dotación total, o lo que es lo mismo, han quedado sin destino nada menos que 326,4 millones (64% de los fondos). Y de ellos tan solo se han beneficiado 13 proyectos tractores, que engloban 292 iniciativas de 233 empresas.
En Aragón
De ese reparto, llegarán hasta Aragón 11,15 millones, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria. De ellos, 10,3 millones corresponde a subvención y 848.782 euros a préstamos.
No es la comunidad con mayor dotación, pero se sitúa entre las cinco primeras. Le supera, con mucho, Cataluña (53,4 millones) y Comunidad Valenciana (37,6 millones). Y se encuentra ligeramente por detrás solo de Galicia (14 millones) y Andalucía (12,6 millones).
La industria alimentaria aragonesa ya lo avisó. "El Perte va en la buena dirección en temática y en sus líneas estratégicas, pero el presupuesto para dos años es insuficiente para un sector que necesita acelerar sus cambios", apuntaba el gerente de la Asociación de las Industrias de la Alimentación (AIAA), José Ignacio Domingo.
Sin embargo, la expectativa era tal que el Gobierno autonómico junto con CEOE llegó a identificar al menos 30 iniciativas privadas que podrían optar a estas ayudas, con una inversión conjunta de casi 1.600 millones de euros.
La resolución final lo dice todo. Y son sus pobres resultados los que han animado (o mejor obligado) al Gobierno central a poner sobre la mesa una nueva convocatoria del Perte Agro, que gestiona el Ministerio de Industria y Turismo, con la colaboración del de Agricultura, Pesca y Alimentación.
No se conocen todavía los detalles. Solo se ha avanzado que la convocatoria saldrá publicada "próximamente" y que podría estar dotada con unos 610 millones de euros, que incluyen remanentes de fondos disponibles. Pero lo que la agroalimentación española espera es que en está ocasión no se repitan los errores pasados, se escuche la voz del sector, se tenga en cuenta la realidad de esta actividad productiva y se tome nota de las propuestas (y las críticas) lanzadas por sus organizaciones representativas antes el fiasco de primera convocatoria.
"Mal planteado"
De hecho, la industria transformadora, hacia donde se dirigían principalmente estos fondos, no oculta la decepción que le ha supuesto los resultados del Perte.
Deja claro la Federación de la Industria de Alimentación y Bebidas (FIAB), que aunque esta herramienta específica para el sector "ha sido positiva y ha confirmado el carácter estratégico d sus empresas", las muchas dificultades y la complicada burocracia que ha exigido a un tejido empresarial formado en su gran mayoría por pymes son responsables del "poco impacto" de la convocatoria.
Un argumento con el que la patronal alimentaria adelanta la necesidad de que en esta segunda oportunidad que va a ofrecer el Perte, "se simplifiquen los procedientos", pero también se haga partícipe al sector "en su conjunto", sin olvidar que son las pequeñas y medianas empresas quien lo conforman y, por lo tanto, estas puedan presentar proyectos de forma individual y ajustados a sus necesidades.
Muy críticos se han mostrado también los ingenieros agrónomos, que lamentan la "baja ejecución de una asignación que ya de por sí era muy reducida", como señalaba la presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA), María Cruz Díaz, tras la resolución del Perte.
Díaz afirmaba entonces con contundencia que "los datos ratifican que el Perte estaba mal planteado", lo que le llevaba a pensar "que quien lo ha diseñado no conoce la realidad de la industria alimentaria en España". El gran error, explicaba, ha sido aplicar al sector agroalimentario la misma estructura de Perte que el se ha planteado en otros sectores, en los que los proyectos están liderados por empresas tractoras.
"El sector agroalimentario está implantado y organizado de una forma totalmente diferente: no tiene Vokswagens, Navantias o Telefónicas, por lo que esta estructura no sirve", insistía Díaz, que recordaba que las 30.000 empresas que forman el tejido empresarial de la agroalimentación son, en la práctica totalidad, pymes vinculadas al sector primario y, por tanto, al territorio. "No hay industria tan variada y dispersa como la alimentaria", recordaba, para detallar que la imposibilidad de que el sector agrario y el eslabón de la comercialización haya podido optar a estos proyectos es un error a subsanar.
Porque, en caso contrario, se estarán generando dos problemas. Por una parte, señala la máxima responsable de ANIA, "se pierde la capacidad de mejorar la eficiencia de la producción de alimentos, su calidad y su valor añadido al compartimentar la producción primaria de su necesaria transformación". Hay un segundo efecto negativo. "Se rompe una vía de mejora de la renta de los agricultores y ganaderos porque, por ejemplo, una cooperativa solo puede optar a mejorar su proceso industrial y no su proceso productivo primario, "cuando dependen el uno del otro", añadía. Y advertia, además, que la eficiencia, la trazabilidad, la calidad y el incremento del valor añadido del producto final "se inicia en el campo o en la granja, no en el muelle de entrada de la industria".
