El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto adjudicar el contrato de gestión de los nuevos fondos públicos de pensiones a VidaCaixa (CaixaBank), Gestión de Previsión y Pensiones (BBVA), Caser Pensiones, Santander Pensiones e Ibercaja Pensión, según la documentación remitida al Portal de Contratación del Estado consultada por Europa Press.

De las siete gestoras que habían pasado a la fase final de esta licitación se han quedado fuera del concurso Mapfre y la holandesa Nationale Nederlanden, al obtener las menores puntuaciones. Los contratos con las cinco gestoras elegidas se formalizarán en las próximas semanas.

De esta forma, Seguridad Social ha decidido dar el visto bueno a Caser y BBVA, que habían estado incursas en presunción de anormalidad por haber ofertado unas comisiones demasiado bajas.

Caser ha logrado seguir adelante en el proceso justificando su bajo precio en la optimización de procesos y automatizaciones, mientras que BBVA alegó exitosamente su cuota de mercado y sus sinergias internas.

Cada gestora seleccionada ha sido elegida como ganadora de un lote para administrar los fondos de pensiones de empleo de promoción pública que se constituyan, siendo cada uno de los lotes iguales y homogéneos entre sí.

De esta forma, cada lote se compone de tres fondos diferentes: renta fija (no incluye renta variable), renta fija mixta (hasta un 30% de variable) y renta variable (más de un 30% de variable).

Las entidades gestoras para cada lote se han comprometido a alcanzar un patrimonio mínimo de 500 millones de euros por el conjunto de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos que gestione al cabo de los 3 años. Dicho compromiso se considera obligación esencial del contrato, por tanto, su incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato.

Estos fondos públicos de pensiones -cada entidad adjudicataria gestionaría 3, lo que hace un total de 15 que componen el FPEPP- son la herramienta creada por el Gobierno para impulsar los planes de pensiones de empleo en detrimento de los individuales, para así extenderlos a figuras como trabajadores de pymes y autónomos.