El absentismo laboral por baja no deja de crecer. Lo hizo en 2022, cuando la tasa se incremento un 12% respecto al ejercicio anterior y el ascenso parece imparable en 2023, ya que en lo que va de año, el crecimiento se ha situado por encima el 15%. Si la comparación echa la vista atrás, los datos demuestran la cada vez mayo ausencia de los trabajadores por baja, ya que entre 2015 a 2022 el absentismo laboral se ha duplicado. Dicho en números absolutos, durante el pasado año 28.000 trabajadores aragoneses, es decir 6 de cada 100, no acudieron a su empleo en todo el año, lo que supone un coste total de 390 millones de euros, de los que 167,56 millones corrieron a cargo de las empresas, un 8,20% más que un año antes.

Así lo ha explicado este jueves el presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de CEOE Aragón, Salvador Sanchéz, tras la reunión en la que se ha expuesto el informe realizado con datos de AMAT de 2022 y de Mutua Maz de 2023 y en la que se han analizado las causas y las posibles medidas a abordar para atajar este problema que afecta a todos los sectores casi por igual, con especial incidencia en el comercio minorista.

Hacia la sanidad pública ha señalado Sánchez para justificar el incremento de estas ausencias y las actuaciones necesarias para atajar su incremento. “Tiene que mejorar la asistencia primaria, que es el primer punto al que los trabajadores enfermos acuden”, ha señalado, para insistir en la necesidad de reducir las listas de espera para conseguir que el tiempo de recuperación de los trabajadores sea inferior a lo que es ahora. “Un trabajador que puede curarse en tres meses tienen que curarse en tres meses, no tiene que estar un año esperando la recuperación”, ha insistido. Para Sánchez estos factores son esenciales en la lucha contra el absentismo por incapacidad temporal, pero también es imprescindible “reducir la burocracia que está instalada en este tema y que no está acompañada de los recursos que necesitaría el Instituto Nacional de la Seguridad Social para poder atender toda ese papeleo, lo que hace que se retrase todavía más todo ese proceso”, ha asegurado.

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Sánchez ha reconocido que existe una relación entre el incremento del absentismo y el funcionamiento de la sanidad y ha insistido en que “si se redujeran las listas de espera, si los trabajadores fueran atendidos antes y los procesos de curación fueran más breves habría un absentismo muy inferior”. Por eso, ha asegurado que “hay recursos que se podían utilizar y no se están utilizando, especialmente en materia como traumatología, neurocirugía e incluso en psiquiatria”. Unos recursos que están en poder de las mutuas, que podrían ayudar a atender dichas enfermedades y a lo que en estos momentos no se acude. “Nos gustaría que le dieran más papel a las mutuas, nos gustaría que esos recursos que tienen para atender a los trabajadores para que estos puedan tener un proceso de curación más rápido se emplearan y para ello lo que hace falta es una legislación diferente a la que tenemos, hay que cambiarla y hay que tener más colaboración entre el instituto nacional de la seguridad social y las mutuas”, ha recalcado el presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de CEOE Aragón.

Porque las ausencias de los trabajadores por baja laboral tiene dos impactos en la productividad de las empresas, uno de coste y otro organizativo, ha recordado Sánchez. “Las empresas necesitamos tener los recursos adecuados para poder atender a nuestros clientes. Cuando un trabajador no viene a su puesto de trabajo no tenemos ese recurso y, por lo tanto, no estamos atendiendo correctamente a nuestro cliente, por lo que estamos perdiendo productividad y competitividad”, ha dicho.

Para abordar este problema, que afecta a todas las empresas y con especial incidencia a las más pequeñas, el acuerdo de negociación colectiva firmado recientemente por empresario y sindicatos recoge medidas a tomar. “Es muy importante porque es la primera vez que sindicatos y patronal se ponen de acuerdo en que el absentismo en un serio problema”, ha señalado Sánchez, que ha detallado que dicho pacto establece medidas con las que instan a los empresarios a analizar cuáles son las causas y las posibles actuaciones a adoptar para reducirlo, pero también que exhortan a las administraciones para que haya convenios de colaboración con las mutuas, y establece un proceso en el que tiene que intervenir el Estado, las Comunidades autónomas y las empresas para crear foros de comunicación tripartitos en los que poder dar solución a estos problemas.