economía
La letra pequeña de los créditos ICO covid: ¿quién responde si no se devuelven?
Algunos despachos de abogados han empezado a cuestionar algunas cláusulas que incluyó la banca al concederlos.
Los conocidos como creditos ICO covid fueron unas líneas de avales creadas por el Gobierno central entre las medidas para paliar los efectos económicos de la pandemia. La crisis sanitaria obligó a paralizar la actividad en 2020 durante unos dos meses y medio de confinamiento hasta ir desescalando, pero algunas restricciones se mantuvieron hasta el año pasado. Los autónomos y empresas que las utilizaron como tabla de salvación para aguantar, se han beneficiado de varias prórrogas pero ya han empezado a devolverlos. Algunos juristas ven dudas en algunas condiciones que pusieron los bancos a través de los que se concedieron.
Las líneas de financiación fueron aprobadas por el Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En toda España, a través de las Líneas de Avales covid-19 se concedieron 107.187 millones de euros en avales que movilizaron financiación por importe de 140.700 millones de euros en 1.192.484 operaciones de más de 675.000 préstamos a autónomos, pymes y empresas, según datos del ICO. De ellos, 271.914 empresas con dificultades para devolverlos, han pedido extender los plazos de carencia y/o amortización de 406.015 operaciones para "facilitar el alivio de su carga financiera", señala la entidad con los datos del primer trimestre del año.
Este martes está previsto que visite Zaragoza el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, que firmará con los presidentes de las tres Cámaras de Comercio de Aragón acuerdos por los que estas se incorporan a la red de agentes colaboradores del instituto.
En el último balance del ICO sobre estos préstamos se indica que en el primer semestre de 2022 venció el período de carencia de la mayoría de estas operaciones, "sin que se haya observado un incremento de impagos notables hasta la fecha". Así consideran que la cartera avalada sigue un comportamiento "alineado con la financiación para actividades productivas del conjunto del sistema financiero". La ratio de impagos de las líneas de avales se sitúa en el 1,67%.
¿Qué ocurre con los avales de familiares?
En estos casos, cuando el autónomo que pidió el aval del ICO tiene problemas para devolverlo, surgen dudas en torno a quién responde por el dinero. "Se exigían determinadas garantías en el banco, asociadas al préstamo ICO y la información parece que no se dio en las condiciones que se exigen", apunta el abogado zaragozano Nacho de Diego, del despacho Aboga10 y Lean Abogados, sobre algunos casos que se han ido detectando.
Se refiere a las entidades financieras que pedían el "aval de socios o familiares", además del 80% que daba el Estado a través del ICO. El abogado considera que no hubiera sido necesario porque se trataría de una "doble garantía".
En estos supuestos se trata de "avales solidarios" por lo que "si el familiar avaló personalmente el banco puede ejercitar el aval contra él", advierte. Sería el mismo caso que los padres que avalan a un hijo para la compra de una vivienda y si luego no puede pagar la hipoteca el banco puede reclamarles a ellos el dinero, sin ni siquiera reclamárselo a él primero. "En caso de impago van a ir a por cualquiera", asegura.
Dinero para otra finalidad
Otra de las situaciones problemáticas se puede dar si los avales se utilizaron para otros fines. "Los ICO covid están destinados a una única finalidad, la refinanciación para poder sostener negocios en la época covid", recalca Irene Romea, abogada y presidenta de la sección de derecho mercantil y concursal del Colegio de Abogados de Zaragoza. "Muchos bancos lo que hicieron fue utilizarlos para cancelar deuda preexistente, algo que estaba prohibido", advierte.
La abogada aconseja mirar "caso por caso". Puede haber "parte avalada por el Estado sobre la que este hará frente, pero el resto puede que sea responsable no solo la empresa si no los avalistas que los suscribieron", advierte. En caso de problemas para pagar, plantea que "si un autónomo se ve agobiado y no puede hacer frente a ellos es mejor presentar un concurso de acreedores de persona física y allí ejercer acciones nulidad o segunda oportunidad".
De Diego coincide en que hay que "bajar al caso concreto" para analizar la letra pequeña y sus consecuencias. "No hubo solamente un tipo de préstamo. Unos eran directamente del ICO, otros del Ministerio de Industria, unos avalados al 80% y otros al 50%", pone como ejemplos. "Hay que ver con detalle qué se firmó y cómo se firmó", recalca a quienes se vean ahora en dificultades para afrontarlos.
Romea insiste en la necesidad de informar de qué responsabilidades conlleva firmar como avalista. "Hay que explicar a qué se compromete la persona que firma. Hay cantidad de personas que no saben lo que es un aval", afirma. Así, por los casos que le llegan a su despacho ve que "la gente no se da cuenta de que un avalista responde con sus bienes presentes y futuros si el prestatario no responde".
En toda España, las entidades financieras han comunicado al ICO hasta marzo cuotas impagadas por parte de 28.831 empresas en 39.839 operaciones, por lo que el instituto ha tenido que pagar 391,4 millones de euros, según el balance del primer trimestre del año. Esta cifra es el resultado de los 410,4 millones de euros que representa la parte avalada de las cuotas impagadas, una vez descontados los casi 20 millones de euros de aval recuperado de quienes han ido pagando, detalla el informe del instituto de crédito.
Las pymes que no han podido pagar suman cuotas de 2.350 millones, pero el ICO entiende que no resulta un problema actualmente por representar una parte muy pequeña del capital prestado.
