El nuevo responsable de la cartera de Industria del Gobierno de España, Héctor Gómez, llegó al Ministerio el pasado 28 de marzo para sustituir a Reyes Maroto, candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid. Una posición desde la que debe dar cauce en este 2023 a una de las líneas de ayudas de los fondos europeos más importante: el PERTE (proyecto estratégico de recuperación) del coche eléctrico que se dejó más del 70% de los 2.975 millones sin adjudicar. Hoy explica en el Congreso de los Diputados la situación del reparto del dinero de la UE y en la primera entrevista que concede como ministro explica que Bruselas ha flexibilizado los requisitos de plazos y garantías, con lo que confía en una ejecución «total» de las ayudas al vehículo eléctrico.

Tras mes y medio de su llegada al cargo, ¿qué percepción hace de la situación de la industria?, ¿escapa a la recesión?

Respecto al resto de la Unión Europea estamos experimentando unos indicadores extraordinarios con más de 20 millones de personas trabajando y eso quiere decir que las políticas del Gobierno que se están desarrollando son efectivas.

Pero la industria necesita un proceso de transformación, ¿no?

Sí, sí. España se encuentra en ese proceso y estamos acompañándolo con numerosos programas, también con los fondos europeos. Hay dos máximas: la digitalización y la transición hacia la descarbonización. Son dos pilares sobre los que pivotan las ayudas que se están facilitando.

Una de las primeras líneas de ayudas en activarse fue la del PERTE de la automoción, pero de 3.000 millones solo adjudicó poco más de 800 millones. ¿Considera que fue un fracaso?

Es cierto que era el primer plan y que la Comisión Europea establecía unas condiciones que complicaban el acceso a esas ayudas. Sin embargo, hemos conseguido flexibilizar mucho los requisitos y orientar más el programa en la segunda convocatoria. Creo que eso garantizará que se desarrollen con éxito los programas de la nueva edición.

Para esa nueva convocatoria se ha fijado una primera fecha en junio y otra en septiembre ¿Qué perspectivas tiene?

Somos muy, muy optimistas en cuanto al impacto y con una esperanza en que se llegue a una ejecución total porque, como señalaba, la Comisión ha flexibilizado los plazos para ejecutar las inversiones y las garantías que se piden a las empresas. Tenemos mucha esperanza en que se llegue a una ejecución total. Además, hemos podido perfilar nuevas líneas, como la dirigida a las baterías. Y tanto la primera como la segunda van a contar con un impacto muy positivo.

Los puntos de recarga son claves también para esa apuesta y varias compañías del sector han reclamado más agilidad.

Desde el Gobierno vamos a acompañar todas las ayudas con un impulso para el desarrollo de los puntos de recarga en una estrategia de la mano de la iniciativa privada en la que estamos trabajando y que posibilite la implantación del vehículo eléctrico con un ritmo mayor.

¿Y qué le parece la alternativa del combustible sintético para avanzar también en la descarbonización de la movilidad?

La posición de España y la de la Comisión Europea están siendo claras, de modo que el proceso es irreversible. Todo lo que favorezca esa transición, bienvenido sea, pero ahora mismo está pivotando sobre el vehículo eléctrico y siempre atentos a cualquier medida alternativa.

El otro PERTE que tiene previsto lanzar su ministerio es el de la descarbonización de la industria, ¿Qué fecha barajan para lanzar esta convocatoria?

Queremos que salga lo antes posible. Nuestro objetivo es que sea este 2023 y hemos ido avanzando con los grandes proyectos y las comunidades autónomas. Su desarrollo será a través de cuatro líneas. Una para ayudas en actuaciones integrales en empresas manufactureras y otra para la participación de esta industria en proyectos de interés común, como los relacionados con el hidrógeno. Las otras dos serán para los contratos de diferencia de carbono y para el desarrollo de nuevas instalaciones eficientes y descarbonizadas en las empresas manufactureras.

Ferrovial, un caso "excepcional"

En las patronales se acusa al Gobierno de crear un discurso en contra del empresario, reproche acentuado tras el cambio de sede de Ferrovial. ¿Ha escuchado esa queja en la industria?

En absoluto. Creo que hablamos de casos excepcionales y no podemos elevar un elemento de mucha repercusión mediática a norma. La realidad es que en 2022 España logró su segundo mejor año de la serie histórica en inversión extranjera. Somos un espacio de oportunidades, de generación de empleo y que está aguantando circunstancias complicadas gracias a la protección del_Gobierno. No podemos, para nada, extraer esa lectura.

El turismo, otro de sus cometidos, está registrando cifras récord este ejercicio.

Debemos pasar de recontar turistas a trabajar en el impacto que genera el turismo en el gasto en destino. Y para ello hay que facilitar instrumentos que permitan modernizar el sector, también desde la digitalización y la transición energética.

¿Eso se haría con ayudas?

Sí, en esa línea hoy mismo (el martes) hemos aprobado el reparto de 478 millones de euros con las comunidades autónomas en un trabajo conjunto para planes de sostenibilidad. Nuestro objetivo es facilitar instrumentos para que la industria turística pueda vertebrar sus proyectos de modernización.

¿Considera que el proyecto de Ley de Vivienda ha olvidado los pisos de alquiler vacacional?

La nueva ley tiene el objetivo de dar respuesta a una de las grandes necesidades que tiene este país y que es la cobertura del acceso a la vivienda. Otra cosa es la regulación de los apartamentos turísticos. En ese campo hay mucha casuística en el territorio nacional y la voluntad de este Gobierno es facilitar a todos esos establecimientos el cumplimiento de los parámetros de calidad. Para ello iniciaremos ese diálogo con las comunidades autónomas, a fin de establecer criterios homogéneos de regulación.