El 25% de las familias aragonesas con algún miembro con discapacidad ya no llega a fin de mes
Un 86% de estas familias ha recortado gastos durante el último año debido a la inflación, según un informe de la Fundación Adecco.
El actual escenario de incertidumbre marcado por un proceso inflacionista que avanza desbocado está comprometiendo seriamente a unas economías domésticas obligadas a reconfigurar sus cuentas, teniendo que destinar un porcentaje mucho mayor de sus ingresos al pago de la vivienda, a los suministros o al acceso a bienes y servicios de primera necesidad.
En este sentido, las familias que tienen a alguno de sus miembros con una discapacidad están viendo seriamente afectados sus ahorros en este marco inflacionista, según se desprende del duodécimo informe Discapacidad y Familia de la Fundación Adecco, presentado este lunes, cuyo objetivo es analizar la situación, necesidades y dificultades adicionales que afrontan estas familias. El Observatorio de la Vulnerabilidad de la Fundación Adecco ha encuestado a 500 familias con personas con discapacidad en riesgo de exclusión, de las cuales 65 son de Aragón. De esta encuesta se desprenden datos como que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión social superior al del resto de la población. En España, el 33% de ellas se encuentra hoy en riesgo de exclusión social, una cifra que supera en más de 5 puntos porcentuales a la de las personas que no la tienen (27,8%).
Según la Encuesta de Discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia (INE, 2020), los hogares con personas con discapacidad tienen que hacer frente a un sobrecoste que va desde los 150 a los más de 6.000 euros anuales. Los resultados de la presente encuesta cifran en 4.500 euros la media de gastos adicionales vinculados a la discapacidad que tienen que sufragar estas familias en Aragón, pudiendo alcanzar la cifra de 25 000 euros.
Además, en este contexto de encarecimiento del coste de vida, son muchos los hogares con personas con discapacidad que han tenido que aplicar recortes en sus economías domésticas. En concreto, un 86% de los encuestados ha reducido gastos durante el último año —el 51% no esenciales como ocio, compras o vacaciones— y el 35% gastos esenciales como vivienda, suministros o alimentos.
Por otra parte, el 62,5% de los hogares aragoneses admite que actualmente tiene nula capacidad de ahorro. De los que sí consiguen apretarse el cinturón y reservar parte de sus ingresos cada mes, la mayor parte (27,1%) no consigue ahorrar más de 300 euros.
A pesar de esta política de recortes, los hogares con personas con discapacidad encuentran grandes dificultades para terminar el mes con saldo disponible en sus cuentas. De hecho, el 25% de las familias encuestadas admite no llegar a fin de mes y un 54,7% encuentra algún grado de dificultad para hacerlo. En concreto, un 25% termina la mensualidad con mucha dificultad y un 29,7% con dificultad.
En esta misma línea, un 58,3% declara no poder afrontar gastos imprevistos y un 46,6% teme no poder mantener gastos vinculados a la discapacidad (terapias, asistencia, etc.) durante el próximo ejercicio.
Los tratamientos, medicamentos y terapias, junto con las ayudas técnicas y productos de apoyo, son los gastos vinculados a la discapacidad que más les cuesta cubrir a estas familias.
“Atendemos a familias con personas con discapacidad que nos han transmitido su preocupación ante el desorbitado encarecimiento del coste de vida. Existen casos en los que no llegan a cubrir sus gastos esenciales y se plantean renunciar a terapias y/o tratamientos que, aun siendo altamente beneficiosos para la persona con discapacidad, dejan de ser prioritarios, en la medida en que tienen que cubrir necesidades básicas como la vivienda o la alimentación. Todos nuestros esfuerzos se orientan a que las familias puedan seguir manteniendo estos tratamientos, sin que la situación económica se convierta en un lastre para el desarrollo y promoción de las personas con discapacidad. Hemos de seguir trabajando en red, con el apoyo de las empresas y Administraciones, para que puedan aspirar a un proyecto de vida independiente, sea cual sea el ciclo económico"- declara Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
Ayuda de la familia
Preguntados por el factor trabajo como alternativa para que las personas con discapacidad puedan ser independientes y salir adelante por sí mismas, los encuestados lo tienen claro: la gran mayoría de las familias aragonesas encuestadas (98%) cree que el empleo es la mejor opción para que las personas con discapacidad puedan construir un proyecto de vida independiente, con autonomía y realización personal. Frente a ellos, el 2% prefiere recibir un subsidio, ante el temor de quedarse sin prestación si encuentran trabajo.
Según Mesonero, "la mejor receta contra la exclusión y para lograr la plena autonomía de las personas con discapacidad es precisamente el empleo y la consiguiente independencia económica, elementos que garantizan una vida digna ganada a pulso, y de forma sostenible en el tiempo. Hoy más que nunca han de articularse políticas activas de empleo, de colaboración público-privada, que tan exitosas han sido en España y en el resto de Europa, que acompañen y doten de mayor empleabilidad y competencias a las personas con discapacidad y permitan a estas familias reducir la sobrecarga económica, equiparando su calidad de vida a la del resto de la población".
Los datos de la encuesta revelan que, independientemente de la situación laboral de la persona con discapacidad, un 64,2% de los que tienen edad laboral en Aragón tiene que recurrir a ayuda de su familia para salir adelante, si bien este porcentaje se reduce al 30% en el caso de los que tienen empleo y se eleva al 74% entre los que buscan trabajo. En otras palabras, la dependencia económica familiar es más del doble entre las personas con discapacidad sin empleo.
A este respecto, cabe señalar que el salario medio entre las personas con discapacidad sigue siendo inferior al del resto de la población, situándose en 13,7 euros, frente a los 15,9 euros registrados a nivel general. Esta brecha de 2,2 euros tiene su origen en un nivel formativo inferior entre las personas con discapacidad, que les aboca a empleos de menor cualificación y, por tanto, peor remunerados.
Además, las posibles necesidades de cuidado y apoyo de las personas con discapacidad para realizar actividades diarias o los costes de tratamientos y atención médica, entre otros, pueden dificultar la independencia económica de los ocupados con discapacidad sin apoyo financiero adicional.
Para Mesonero, "el empleo se convierte en un activo más vital, si cabe, para las personas con discapacidad y sus familiares. Hay que trabajar desde una doble vertiente, facilitando las medidas de conciliación que permitan a las familias compatibilizar su empleo con el cuidado de los suyos, así como estimular la empleabilidad de las personas con discapacidad desde edades tempranas, de modo que cuando lleguen a la edad laboral, puedan acceder al mercado laboral, compitiendo con garantías y de forma sostenible en el tiempo. Para ello, no solo es necesario garantizar dicho acceso, sino establecer políticas de acompañamiento especializado y aprendizaje permanente que les permitan consolidarse en el mercado de trabajo".
