ECONOMÍA
Nueva preocupación para los autónomos: obligación de usar facturas electrónicas y pagando
Desde el sector tecnológico se alerta de que la nueva norma condena a utilizar plataformas privadas, con el coste y exposición de datos que conlleva.
Una nueva obligación en la forma de trabajar a diario de los autónomos está previsto que llegue con el reglamento, ahora en elaboración, de la Ley de Creación y Crecimiento Empresas. Esta norma es muy amplia y tiene por objetivo facilitar la constitución de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento y expansión. En el apartado en el que busca agilizar el control de los pagos a empresas ha incluido un cambio fundamental, la generalización de las facturas electrónicas.
Desde algunas organizaciones del sector tecnológico consideran que puede suponer un nuevo coste en un momento de crisis, además de riesgos para la seguridad.
La conocida como ley 'Crea y Crece' es una de las principales reformas que se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está dirigida a "fomentar el dinamismo del tejido productivo y dar respuesta a las demandas y recomendaciones de los diferentes organismos internacionales", según explicó el Gobierno central tras su aprobación en septiembre del año pasado.
La norma reduce y agiliza los trámites y condiciones para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, fomenta su crecimiento a través de la mejora regulatoria, establece medidas para luchar contra la morosidad en operaciones comerciales e impulsa la financiación alternativa potenciando mecanismos como el 'crowdfunding', la inversión colectiva o el capital riesgo.
"En página y media"
Todo ello son aspectos bien recibidos por los potenciales beneficiarios, pero hay un cambio que introduce, que puede pasar desapercibido, pero que sobre el que Conetic, la Confederación Española de Empresas TIC, ha querido llamar la atención. "Como sector tenemos la responsabilidad de levantar la mano. No te puedes imaginar que en una ley de 73 páginas alguien pueda intercalar en página y media algo como esto", señala Vicente Alciturri, vicepresidente de la citada organización. Se refiere a la introducción del uso obligatorio de la factura electrónica entre empresas y autónomos y que se haga a través de plataformas privadas, con el coste que puede suponer. Un cambio que considera "demasiado precipitado".
“La promoción del uso de la factura electrónica una medida clave para poder atajar de manera eficaz la morosidad en las operaciones comerciales”, señala la ley.
Alciturri recalca que no están en contra de extender el uso de la factura digital y de sus ventajas, pero desde Conetic se considera que su implantación "debe abordarse como un proyecto de Estado con visión integral de las implicaciones globales tiene". Y en él se incluiría que las facturas se transmitan para su conversión en digitales a través de plataformas públicas.
En este sentido, la asociación recoge las críticas que recibió este aspecto en la ley durante la fase de información pública desde distintos organismos. El Consejo Económico y Social (CES) valoró la implantación de la factura electrónica entre empresas y autónomos, pero señaló que podía suponer "un incremento adicional de cargas". Desde el Consejo de Estado se consideró "apresurado" el procedimiento y se planteó que se debió analizar "en qué medida las empresas y autónomos con menos recursos y tamaño pueden cumplir con la obligación de factura electrónica".
Coste de 300 euros al año
Alciturri coincide con el ministerio de Economía en que la digitalización supone un ahorro de costes, que cifra en 4.000 millones de euros al año, pero si el reglamento mantiene la redacción se añadirán otros gastos.
Conetic calcula, de acuerdo con los datos de los operadores privados de facturación electrónica, que el coste medio de emisión de facturas electrónicas para las empresas usando estas plataformas es de unos 300 euros al año, más servicios adicionales. "Este coste es notablemente inferior al de emisión de facturas en papel, pero más caro que el uso de una plataforma pública gratuita", que defiende la asociación, recalca.
Teniendo en cuenta el número de empresas y autónomos que hay en España, más de 3,4 millones de las primeras y 3,3 millones de los segundos, la organización estima que aunque el coste por factura sea pequeño, supondrá un coste de intermediación de unos 1.000 millones anuales. Cada factura digital que utilice una plataforma privada tendrá un coste de entre 10 céntimos y 1 euro. Como ejemplo señala que una pyme que emita 500 facturas pagará unos 25 euros al mes.
Por ello, pide al ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que se tome con más calma un cambio de este calado, para iniciar una verdadera transformación digital, y se ofrezca una visión integral de las implicaciones globales. A estas añade la "pérdida de soberanía de la empresa" sobre la información contenida en cada factura electrónica, a la que podrían tener acceso estas plataformas privadas, cosa que no ocurre al usar las públicas. Plantea que se utilice un formato único para definir un factura, con los mismos métodos de entrega de facturas en las plataformas, que el emisor realice una única entrega en una sola plataforma pública y gratuita y que el uso de plataformas de mensajería privadas sea voluntario.
El procedimiento de acreditación de la interconexión y la interoperabilidad de las plataformas está previsto que se detalle en el reglamento, que se redacta actualmente y para el que se había fijado un plazo de 6 meses, que se cumpliría este mes.
Plantea que se tome como ejemplo a Italia donde el intercambio de facturas electrónicas se hace sobre una plataforma "pública, gratuita y con una sola forma de entrega, con independencia del tipo de cliente destinatario, bien sea un organismo público, una empresa privada o una persona física". Además, permite el intercambio de datos entre administraciones, evitando que tengan que presentarse dos veces.
