Después de casi dos años de tramitación parlamentaria, las Cortes de Aragón aprobaron ayer la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar, cuyo objetivo principal, según indicaron desde la DGA, es "concentrar las ayudas públicas en el modelo de agricultura familiar por ser el que garantiza el desarrollo del medio rural y la lucha contra la despoblación».

El departamento de Agricultura del Ejecutivo autonómico aseguró que con esta iniciativa se pretende contrarrestar los efectos perniciosos que la globalización de los mercados está causando a las explotaciones familiares, que necesitan realizar elevadas inversiones para alcanzar los desafíos tecnológicos y de digitalización que se están produciendo en el sector primario para asegurar su sostenibilidad tanto ambiental como económica.

En este escenario, la DGA considera que las explotaciones familiares se hallan «en una posición de desventaja competitiva respecto de otros modelos de agricultura corporativa cada vez más extendidos». Esto está conduciendo en los últimos años, señaló el departamento que dirige Joaquín Olona, «una regresión del peso de este tipo de explotaciones familiares en las cifras macroeconómicas del sector». De hecho, la fracción de Renta Agraria imputable al modelo de agricultura familiar alcanza en estos momentos, en Aragón, apenas el 20% de la Renta Agraria total, precisó.

En el sector hay división de opiniones sobre la idoneidad y el contenido de la nueva Ley. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) indicó que aunque apostaba por un texto más ambicioso, principalmente en la definición de ‘profesionales agrarios/as’, la Ley mejora en su conjunto la protección de las explotaciones pequeñas y medianas. Entre otras cosas, valora que la iniciativa «define un modelo de agricultura familiar hacia el que dirigir prioritariamente las medidas de apoyo público» y «reconoce los efectos sociales en el modelo familiar de producción ganadera, limitando el tamaño de las explotaciones y estableciendo un régimen de distancia entre ellas».

Muestras de descontento

Otras organizaciones del sector consideran que la nueva Ley «no responde a las necesidades reales del sector primario». Asaja, Araga, las Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, Anprogapor, Cesfac y Ferebro, indicaron en un comunicado que «varios son los motivos para este descontento». Por un lado, precisaron, «se abordan numerosos temas ajenos a la definición de agricultura familiar, como son el patrimonio agrario, las concentraciones parcelarias, las modernizaciones de regadío, el modelo de gestión del agua en Aragón... temas de suma importancia para el sector primario que merecen ser reguladas por una ley individual en cada tema». Por otro lado, añadieron, «la pretendida definición de agricultura familiar que se realiza en la Ley es una definición anclada en el pasado, alejada de la realidad de las explotaciones agropecuarias familiares aragonesas que cuentan con una clara vocación empresarial».