Convocan una huelga de las 4.000 empleadas de limpieza de edificios de Huesca

Los sindicatos UGT y CC. OO. han tomado la decisión al no llegar a un acuerdo con la patronal en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Concentración de los sindicatos para exigir la renovación del convenio de limpieza de la provincia de Huesca.
Concentración de los sindicatos para exigir la renovación del convenio de limpieza de la provincia de Huesca.
Rubén Darío Núñez

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado una huelga indefinida en el sector de la limpieza de edificios y locales de la provincia de Huesca, que afecta a 4.000 trabajadoras, después de no llegar a un acuerdo con la patronal en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Este jueves se celebró una concentración a las puertas de este organismo en la que la plantilla, la mayoría mujeres, volvió a reclamar la renovación del convenio, pendiente desde el año 2018, y criticó los salarios precarios. La comisión negociadora no ha podido llegar a un acuerdo, según los sindicatos, por la "cerrazón" de la patronal.

Por su parte, la Asociación Provincial de Empresarios (Apel-Afelin), en un comunicado, mostró su deseo firmar un convenio colectivo "razonable" para todas las partes que no ponga en peligro los empleos y la viabilidad de las empresas, debido al "elevado incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que desde el año 2016 hasta el presente será superior al 62%".

Los sindicatos CC. OO. y UGT habían salido a la calle varias veces para reclamar la renovación del convenio con el objetivo principal de actualizar los sueldos a la subida del Salario Mínimo Interprofesional de 14.000 euros brutos al año ya que actualmente las trabajadoras cobran unos 11.000 euros. Y denunciaban que la patronal mantenía bloqueada la negociación después de un año y múltiples reuniones.

Los sindicatos piden incrementos "dignos" para los próximos años. Y es que además de adaptar el salario al SMI, proponían un aumento salarial del 12% repartido en tres años mientras que las empresas solo aceptaban un 8% "lo que condena al sector a la precariedad ya que supondría una importante pérdida de poder adquisitivo", criticaban. También plantean mejoras de jornadas, permisos, vacaciones... De las 4.000 trabajadoras afectadas, unas 3.000 pertenecen a contratas del sector público, la mayoría con contratos a tiempo parcial.

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