Gobierno, empresas y sindicatos renuevan su compromiso con la transición para las centrales de carbón

Los sindicatos hacen un balance positivo del encuentro.

La central térmica de Andorra, el pleno proceso de desmantelamiento.
La central térmica de Andorra, el pleno proceso de desmantelamiento.
Endesa

Gobierno, empresas y sindicatos han renovado su compromiso con la inversión y el empleo en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas, con motivo de la reunión celebrada este viernes de la Comisión de Seguimiento del 'Acuerdo por la transición energética justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios', que se alcanzó en 2020 y se amplió en 2021.

La reunión ha estado presidida por la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y la directora general de Trabajo, Verónica Martínez, y ha contado con la asistencia de todos los firmantes del acuerdo -las organizaciones sindicales UGT FICA y CC.OO. y de las empresas titulares de las centrales térmicas en cierre: EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy-, informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, el objetivo de la convocatoria ha sido analizar el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes y que están focalizados en garantizar salidas adecuadas a los trabajadores de las centrales térmicas en proceso de cierre -directos y pertenecientes a las subcontratas- e identificar y promover inversiones y proyectos que generen nuevas actividades económicas en las zonas afectadas por el cese de esta actividad, para impulsar la generación de empleo.

Además, desde el Instituto para la Transición Justa (ITJ) se están implementando los Convenios de Transición Justa en las comarcas afectadas para coordinar el conjunto de las actuaciones para gestionar los impactos sobre el empleo y la población.

De las quince centrales térmicas de carbón que forman parte del acuerdo, diez se encuentran en proceso de desmantelamiento (una ha recibido recientemente la autorización de cierre) y las últimas permanecerán activas hasta que puedan ser cerradas con criterios de seguridad de la red. Según se recogió en el acuerdo, son 2.740 los trabajadores afectados tanto directos como de empresas auxiliares.

El ITJ creó una bolsa de empleo específica para los trabajadores directos e indirectos afectados por el cierre de las centrales térmicas. 

Más del 80% de los trabajadores ya empleados

La Comisión de Seguimiento ha analizado los datos de esta bolsa, donde hasta la fecha se han inscrito el 55% del total de los 2.740 trabajadores afectados. De los inscritos, más del 80% de trabajadores de aquellas centrales que ya están en desmantelamiento están actualmente empleados.

Asimismo, las empresas han realizado cursos de formación centrados en desmantelamiento y en instalaciones de plantas de energías renovables (fotovoltaica, eólica y gas renovable) y en la rehabilitación energética de edificios.

Han recibido formación el 48% de los trabajadores de centrales en desmantelamiento. Por otro lado, las actividades de formación de las empresas se han desarrollado también para colectivos de desempleados más amplios localizados en las zonas afectadas. En total, se han formado 829 personas a con un total de 13.760 horas de formación impartidas.

Tanto en empleo como en formación, la Comisión de Seguimiento ha propuesto de forma consensuada aumentar el esfuerzo destinado a optimizar las posibilidades de la formación profesional para los trabajadores y desempleados de las zonas y hacer un mejor seguimiento de las ofertas de empleo.

Además, según la información analizada en el seno de la Comisión, casi la totalidad de los emplazamientos son destino de proyectos alternativos de calado, además de otras iniciativas con diferentes niveles de maduración que dan idea de la nueva actividad económica que puede surgir en las zonas afectadas por los cierres.

En general, analizando la situación de todas las centrales, incluso las que no tienen cierres programados a corto plazo, los proyectos planteados significan, a largo plazo, un aumento de los empleos frente a los generados por las centrales de carbón. Se trata de proyectos en distinto estado de maduración, pero en un estado de desarrollo activo por lo que, aunque hay que tomar las cifras con cautela, las perspectivas generales son optimistas.

Adicionalmente, en once de las centrales, las empresas titulares proponen nuevos proyectos energéticos que generarían un número importante de puestos de trabajo de carácter temporal en su fase de construcción. 

Compromiso con los trabajadores y los nuevos proyectos

Aagesen destacó el compromiso que se tiene con los trabajadores y con los nuevos proyectos de las zonas de transición justa, "cuyos avances estamos midiendo de manera objetiva".

"Necesitamos buenos proyectos en todos y cada uno de los emplazamientos y así se lo hemos planteado a las empresas. En cuanto a la recualificación y el acompañamiento de los trabajadores hacia nuevos empleos en instalaciones energéticas renovables, necesitamos optimizar las capacidades y las posibilidades de todos los actores", dijo al final de la reunión. 

Los sindicatos hacen un balance positivo

Por su parte, CC.OO. Industria y UGT FICA, como miembros de la Comisión de seguimiento, han reconocido que el balance global tras la reunión es positivo, aunque hay capacidad de mejora.

Los sindicatos se han comprometido a continuar trabajando para que, todas las comarcas donde estaban las centrales tengan alternativa de empleo, exigir más inversiones en las zonas afectadas y que a través de la formación los trabajadores y habitantes de estas comarcas tengan nuevas capacitaciones para que no tengan que desplazarse a vivir a otros territorios.

En este contexto, tanto CC.OO. Industria como UGT FICA han instado a los firmantes del acuerdo a seguir trabajando "con la misma intensidad" para que se materialicen todos los nuevos proyectos que garanticen el mantenimiento de la industria, el empleo y riqueza de estos territorios afectados por el cierre de las centrales térmicas de carbón". Asimismo, se ha fijado una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento dentro de seis meses.

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