aragón
Tope a los alimentos: "A las grandes superficies les ha hecho ya la campaña publicitaria el Ministerio"
Asociaciones de consumidores, agricultores y el pequeño comercio aragonés alertan de los efectos negativos para la competencia y piden otras medidas para combatir la escalada de precios.
Los precios están desbocados y en ello coinciden todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde los agricultores a los comercios y los consumidores. Sin embargo, la idea de poner un límite a los precios de los alimentos básicos que ha puesto sobre la mesa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha sido recibida con buenos ojos por las dudas que suscita sobre sus efectos a la larga.
La propuesta para evitar que las familias pasen más apuros a la hora de hacer la compra se ha comenzado a debatir este lunes en Madrid con las patronales de la gran distribución, tanto de hipermercados como de supermercados. La ministra les pide que rebajen una "cesta" de productos. Algunas cadenas se han lanzado a publicitar que ya disponen de ofertas especiales para combatir la subida de precios. Tras su primer encuentro de este lunes la postura de la patronal es oponerse y afirmar que ya tienen precios ajustados. En estos meses de inflación alta ya han asistido al cambio de hábitos de los consumidores, incluido el aumento de la compra de marcas blancas.
Críticas del pequeño comercio y los agricultores
"A las grandes superficies les ha hecho ya la campaña publicitaria el Ministerio de Trabajo", ha lamentado Lucía Germani, presidenta de la asociación zaragozana Actora Consumo. Este es uno de los temores también del pequeño comercio, el "efecto llamada" que pueda suponer en los consumidor saber que se negocian precios más bajos con los híper y súper en determinados productos.
"Es inaudito que el Gobierno salga en la foto con la gran distribución", ha criticado Vicente Gracia, secretario general de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS). Destaca que los pequeños comercios son de capital español "y ellos, no". Ha temido el efecto que pueda tener la iniciativa si se lleva adelante. "Auguramos que junto con el decreto de restricciones energéticas y el incremento del euríbor habrá una caída en las ventas que va a repercutir negativamente en el empleo", ha alertado Gracia. "Estamos totalmente en contra de la fijación de cualquier precio a cualquier producto porque entendemos que va en contra de la libre competencia y el libre mercado", ha añadido. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alertado de la prohibición de fijar precios según la normativa actual, pero desde el Gobierno se ha asegurado que la ley contempla la posibilidad de hacer excepciones.
Desde Actora Consumo advierten de otros efectos. "Las grandes distribuidoras siempre podrán bajar precios de algunos productos y subir otros para compensar", ha puesto como ejemplo Germani. "Lo vemos muy difícil. Nos preocupa el encaje legal y la situación en la que deja al comercio de proximidad y determinados productos como los ecológicos o de kilómetro cero", ha añadido desde la asociación de consumidores.
"Esto solo favorece la concentración de la facturación y beneficios en pocas manos", han alertado desde ECOS, que pide sea investigada la que ya existe por las autoridades autonómicas de Competencia. Gracia ha defendido la "labor de redistribución del pequeño comercio".
Las críticas también han llegado estos días desde los agricultores. Todos coinciden en la necesidad de ayudar a los consumidores, pero buscando otras fórmulas. "Compartimos el objetivo de lograr el acceso de los alimentos a la población dada la situación por el precio, pero si se hace sin cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria y se hace a costa de los agricultores, no puede ser", ha señalado Andoni García, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) a la que pertenece la aragonesa UAGA. Esta ha sido la postura el propio Ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha señalado que las medias que se tomen no serán a costa de los agricultores.
"Durante muchos años hemos ido denunciando el diferencial de precios entre el origen y destino. Desde 2018 lo hemos publicado cada mes y hemos ido viendo que hay un diferencial de más de un 400% que no se justifica", ha recordado García sobre el índice IPOD que cuantifica lo que cobra un agricultor y lo que paga el consumidor.
En productos básicos como los ajos, las patatas o las cebollas el incremento ha superado dicha media. Por ello, cree que hay margen para reducir en los intermediarios que intervienen en la cadena alimentaria. Ha pedido "dar transparencia al consumidor para garantizar que aquello que compra no está sometido a una multiplicación de precio que no se justifique. Así, ha considerado que cumplir la ley de la cadena alimentaria serviría para "dar transparencia al consumidor" y "posiblemente eso traería precios más razonables y una cadena más justa entre origen y destino".
García ha criticado que las reuniones se celebren solo con la gran distribución porque "con el poder que tienen durante mucho tiempo ha impuesto sus condiciones". Ha pedido que se llame también a los agricultores, que tienen "mucho que aportar".
Medidas para abaratar los costes
Desde los productores y el pequeño comercio han reclamado al Gobierno que apruebe medidas para reducir los costes. "Los precios de los alimentos han subido también a partir de los costes de producción", ha señalado García. Desde COAG han denunciado la "especulación" sobre energía y carburantes. Ha añadido entre las medidas la compra pública de alimentos, como hace ahora la Administración para comedores o escuelas; la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los productos básicos y la puesta en marcha de "apoyos públicos para familias" con más problemas para hacer la compra por los elevados precios.
Desde ECOS también apuntan a la subida de la luz, el gas y el carburante para explicar buena parte del alza de precios. "El Estado debe tomar decisiones para evitar el aumento de los costes", ha planteado Gracia. Entre las medias que plantea el pequeño comercio se encuentra "proceder a una rebaja inmediata de impuestos ya que está haciendo recaudación histórica derivaba del IPC". Entre los tributos apunta al Impuesto sobre la Renta (IRPF).
