Planas: "Ofrecer alimentos baratos sobre las espaldas de los agricultores, jamás"

Usted ya dejó claro que rechaza topar los precios de los alimentos básicos como propone la ministra de Trabajo, que a pesar de las críticas se reúne el lunes con la distribución para seguir adelante con su idea. ¿Cree que tiene posibilidad de conseguir ese acuerdo?

El año pasado se aprobó la Ley de Cadena Alimentaria, una de las más modernas y avanzadas de Europa, para garantizar que agricultores y ganaderos, industria alimentaria y distribución repartan de una manera justa los márgenes de beneficios y que nadie se vea obligado a vender a pérdidas. Lo que hace el Gobierno y el ministro de Agricultura es una llamada de responsabilidad para que cada eslabón, en la medida de sus posibilidades limite los efectos de los altos precios sobre los ciudadanos, que son los destinatarios de esa cadena. Tan complejo y tan sencillo. Y no es posible utilizar atajos, ni desde un punto de vista legal ni por sentido común. Lo que hay que hacer es instar y acompañar al sector en esta tarea, pero soy evidentemente contrario a la intervención.

Usted llamó a la responsabilidad de la distribución para que intentará contener esos precios. ¿No es un poco parecido?

Es que hay una visión común en el Gobierno y aunque mucha gente apunta a las diferencias, yo prefiero señalar lo que nos une, que es la voluntad de que todos los ciudadanos, y especialmente los que tienen menor capacidad económica, tengan la posibilidad de disfrutar alimentos y bebidas de primera calidad a un precio razonable. Ahora la alimentación es el 15% del gasto total de las familias cuando hace 50 años este porcentaje era de un 40%. Eso significa que hemos incrementado nuestra renta, pero también que la alimentación es de primera calidad y barata. Por lo tanto, un sistema que funciona tan bien no necesita ser intervenido.

¿Le gustan propuestas como las de Carrefour, que ofrece una cesta de 30 productos por 30 euros?

Es una propuesta comercial, que tiene que ser considerada positiva si quiere limitar de algún modo el precio de los alimentos. Como ministro soy neutral, y corresponde al sector privado y a estas cadenas fijar sus posibilidades. Pero quiero insistir, sobre todo, en que se tenga en cuenta que ofrecer productos baratos a los ciudadanos sobre las espaldas de los agricultores y ganaderos, jamás. Subrayo, jamás. No podemos convertir a nadie de la cadena alimentaria, y menos a los agricultores y ganaderos, en el pagano de esa limitación de precios.

Hay diferenciales por encima del 600% entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. ¿Por qué no funciona la ley de la cadena, hacen falta más controles, más coordinación con las comunidades autónomas?

Le he pedido a las comunidades autónomas que colaboren con la Administración del Estado, y unas lo están haciendo más que otras, para hacer un seguimiento del cumplimiento de esa regla que prohíbe la venta a pérdidas. Estoy convencido de que la ley está surtiendo efecto, quizá no a pleno rendimiento, pero no solo por la tarea de inspección de la oficina de control (AICA) sino por el rodaje en el conjunto del sistema, y también por las organizaciones agrarias y las cooperativas, porque una cosa es hacer una denuncia en prensa y otra muy distinta formularla por escrito. Y ellas están habilitadas a hacerlo.

¿Existen fórmulas para frenar la escalada de costes de producción del sector agroalimentario?

Fórmulas mágicas no. Estamos ante una situación excepcional, primero por la pandemia y después por la invasión rusa de Ucrania, con consecuencias económicas, sociales y alimentarias. Tanto desde Europa como desde España hemos adoptado una serie de decisiones en relación con mercados regulados como el energético, entre ellas la excepción ibérica, que ahora va a incluir la cogeneración, muy importante para el sector alimentario porque afecta a las fábricas de fertilizantes. La volatilidad prosigue, y nadie tiene una bola de cristal para decir qué va a pasar dentro de 12 o 18 meses, pero en los mercados de futuros, especialmente la bolsa de Chicago, se ve una clara disminución de la cotización media del cereal y el índice de FAO lleva cuatro meses disminuyendo. Eso quiere decir que hay luz al final del túnel y estoy convencido de que estamos ante un episodio ni permanente ni de larga duración. Espero una estabilización de los precios de la alimentación de aquí a final de año y confío incluso en que disminuyan al año que viene.

El lunes se reunió el grupo de seguimiento de la sequía pero el sector pide más. Quiere una reunión de la Mesa de la Sequía al más alto nivel. ¿La va a convocar en próximos días?

Lo importante no son las reuniones sino las medidas que se adoptan y a nivel técnico sirvió para intercambiar información, valoración, puntos vista y medidas. Fui el primero que habló de la Mesa de la Sequía y, de hecho, cuando la convoqué el 4 de marzo no me la había pedido ninguna comunidad autónoma ni ninguna organización agraria, fue una decisión como ministro porque vi que la situación que se avecinaba podía ser seria por la disminución de la pluviometría. Dos semanas más tarde llevé un decreto ley al Consejo de Ministros que fue aprobado y posteriormente convalidado por las Cortes Generales. Incluso comenzó a llover y algunos me dijeron que no iba a ser necesario. Y ahora ese decreto que aprobamos entonces, con medidas fiscales, de carácter social y para mejorar la liquidez, tiene pleno vigor.

¿Será entonces suficiente a pesar de que la situación es mucho más grave que en marzo?

Vamos a hacer un seguimiento de la situación para valorar si hacen falta más medidas. De hecho en las próximas semanas me voy a reunir con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y ahí tendremos ocasión de ver si se puede hacer algo que sea practicable desde el punto de vista de la realidad. Pero quiero señalar también que en la segunda quincena del mes de octubre, el sector primario va a percibir 3.400 millones de euros de ayudas directas con un anticipo del 70% de la PAC. Es verdad que es un momento complicado, pero en el que no falta ni financiación ni apoyo.

¿Está en cuestión el regadío?

Es una conclusión falsa decir que con menos agua y más sequía y más temperatura tenga que desaparecer el regadío. El regadío es la parte más productiva del sistema agroalimentario. Es exactamente el 22,4% de la superficie agraria del país, pero es responsable del 65% de la producción. Además tenemos tecnologías del agua que probablemente son las más avanzadas del mundo. Por eso, la modernización del regadío trata de utilizar mejor el recurso, incluso si en un futuro tenemos menos, para cubrir las necesidades de agua y las necesidades energéticas, concretamente la eólica y la solar.

Defiende el regadío sostenible como arma frente al cambio climático, pero desde Transición Ecológica se responsabilizó al regadío de las restricciones de agua. ¿Qué opinión prevalece en el Consejo de Ministros?

Esas afirmaciones han sido malinterpretadas. Tenemos una posición común en el seno del Gobierno y es muy clara. Se puede regar con el caudal disponible para el riego. En estos momentos hay problemas de aprovisionamiento de agua de boca en alguna zona muy concreta y se trata básicamente de problemas vinculados a la canalización y a la distribución, no a la disponibilidad. Si en los próximos 20 o 30 años nos encontramos en un contexto con una pluviometría inferior tendremos que adaptarnos y en eso ya se trabaja tanto en tecnologías como en técnicas de mejora genética para conseguir semillas y plantas con una menor consumo. Soy optimista y creo sinceramente que el regadío sostenible tiene futuro.

La sequía y el calor han mermado las producciones. ¿Sigue convencido de que no habrá desabastecimiento?

Repito siempre que en la medida en la que la cadena alimentaria funcione correctamente no tendremos problemas de abastecimiento. Y que la cadena alimentaria funcione correctamente significa que todos los eslabones puedan tener un umbral, mayor o menor, de beneficios. Si hay ese margen de rentabilidad no va a haber desabastecimiento. Estoy convencido.

El 1 de enero entra en vigor la nueva PAC. Quedan por desarrollar 18 decretos y una ley. ¿Llegarán a tiempo para planificar la campaña?

El proyecto de ley está en el Congreso de los Diputados por trámite de urgencia, espero que esté aprobado a final de trimestre y publicado en el BOE en diciembre. Los 18 decretos están siendo sometidos a consulta pública y esperamos aprobarlos por Consejo de Ministros antes de diciembre.

¿Le preocupa el otoño caliente con el que amenazan las organizaciones agrarias?

Mi preocupación no es el otoño, mi preocupación son todos los días y, sobre todo, cómo conseguir con realismo que en un situación complicada nuestros agricultores y ganaderos tengan unas explotaciones que sean rentables. Eso es lo que me quita el sueño.