Seis de cada diez entidades locales esconden sus contratos a la lupa del Tribunal de Cuentas

El sector público local lleva varios años aprobando el examen presupuestario anual con superávits o, como mucho, déficits reducidos. Pero esa buena labor tiene otra cara claramente negativa, dado que la ocultación de sus datos contables es una práctica extendida, tanto que ha sido objeto de críticas severas por el Tribunal de Cuentas (TCU).

El reproche más evidente, a la vez que recurrente, es la laxitud a la hora de cumplir sus obligaciones. De las 14.151 entidades locales existentes (ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comarcas y mancomunidades), casi la mitad (el 45%) no rindió su cuenta general -en su último informe analiza datos de 2020, el primer año de la pandemia de covid- al órgano fiscalizador dentro del plazo legal. De ellas un 14% lo hizo con medio año de retraso (al cierre de 2021) y del resto (un 31%) no se tienen noticias de que lo hayan llegado a hacer.

Pese a ese incumplimiento extendido, entre los auditores públicos existe el convencimiento de que no es un problema de tiempos sino de voluntades. De hecho, en su dictamen el TCU estima que dado el desarrollo de las nuevas tecnologías, los plazos legales de rendición de cuentas para las entidades locales «resultan excesivamente dilatados».

Para abundar en su tesis de que es más una cuestión de actitud, el tribunal destaca las grandes diferencias en los niveles de rendición de cuentas según la comunidad autónoma de origen. Así, mientras en Andalucía solo un 35% de las entidades locales presenta sus cuentas a tiempo, en la Comunidad Valenciana suponen el 97% y en Aragón el 93%.

Grandes municipios señalados

Entre los ayuntamientos señalados por esa indolencia hay diez considerados grandes, al tener una población superior a los 100.000 habitantes. Se trata de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Marbella, Badalona (Barcelona), Las Palmas de Gran Canaria y Palma (Mallorca) -el mayor consistorio de los 111 que nunca han presentado sus balances en plazo-, junto a los madrileños de Getafe y Móstoles. A ellos se añaden las diputaciones provinciales de Cuenca, Ávila, Zamora, Lleida y de nuevo Cádiz, además de buena parte de los cabildos insulares. Ninguno había presentado las cuentas de 2020 un año después de haberse cerrado éstas.

La situación empeora si se echa la vista atrás. Según resalta el órgano fiscalizador, «un número significativo de entidades locales no rinde sistemáticamente sus cuentas generales». Así, prácticamente el 29% (3.746 en total) tenía aún pendiente de remitir la información relativa a 2018, 2019 o 2020, o incluso en 567 casos de los tres ejercicios. En ese último año las entidades locales manejaron un presupuesto global de 63.550 millones de euros, de los que ejecutaron el 76%.

Donde se aprecia una especie de agujero negro en el cumplimiento de sus deberes legales es en lo relativo a la contratación pública. El 33% de las entidades locales remitieron a tiempo datos relativos a esos compromisos, mientras que un 31% lo hicieron fuera de plazo. Sin embargo, el 36% (5.122 ayuntamientos, diputaciones y cabildos) no dieron información al respecto. Si a eso le añadimos que entre las que sí mandaron sus comunicaciones 3.076 entidades afirmaron no haber celebrado ningún tipo de contrato, el nivel de incumplidores se dispara hasta el 57,9%, esto es, prácticamente seis de cada diez. Y es que desde 2019 la Ley de Contratos del Sector Público les obliga a dar esos datos con independencia de la cuantía del contrato, sea mayor o menor.

Porque los auditores públicos tienen claro que en todos los casos «la actividad del ejercicio requiere la celebración de algún tipo de contrato». Es decir, estiman que si los consistorios no les mandan esa información no es porque no dispongan de ella sino porque la esconden a su lupa de control. La mayoría de los acuerdos firmados por las entidades son de servicios (el 42%), dado el tipo de competencias que tienen asumidas, seguidos de los suministros (29%) y las obras (23%).

Expedientes ocultados

En los contratos de mayor volumen (más de 600.000 euros en obras o concesiones, por encima de 450.0000 en suministros y más de 150.000 en servicios), las entidades locales deben mandar al TCU los extractos de esos expedientes. Pero tras varias comprobaciones, los técnicos detectaron que se le habían ocultado 1.463 extractos por un importe total de 1.478 millones de euros. Frente a ello, sí pudieron fiscalizar en mayor o menor medida 34.057 acuerdos contractuales por valor de 8.021 millones.

El panorama no mejora al analizar los convenios suscritos por los ayuntamiento y el resto de entidades locales: solo el 38% remitió la información correspondiente al Tribunal de Cuentas, de modo que 8.837 (el 62%) incumplieron su obligación legal. Un análisis posterior ha verificado que entre los datos no enviados faltan 353 expedientes por valor de 593 millones de euros. Además, un total de 16.906 expedientes -cuyo importe ascendía a 770 millones- fueron tramitados por el sector público local saltándose el trámite de fiscalización previo que es preceptivo.

Preocupada con esta situación, la presidenta del tribunal, Enriqueta Chicano, ha pedido varias veces al Parlamento y al Gobierno que se recorte la financiación estatal a los ayuntamientos que no les rindas cuentas o incluso lo hagan con mucho retraso. La alternativa de imponerles multas como prevé la ley no la consideran efectiva, porque sus reducidas cuantías (apenas 1.000 euros en el mayor de los casos) eliminan su carácter coercitivo.