Doce ayuntamientos de Aragón 'regatean' al Tribunal de Cuentas

La primera fase del Plan de Proveedores diseñado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas inyectó casi 9.600 millones de euros a 3.777 entidades locales de toda España entre 2012 y 2013, según un informe del Tribunal de Cuentas. En Aragón, se inyectaron 225 millones a un total de 270 entidades.

"Las entidades locales que acudieron al mecanismo para la financiación de los pagos a proveedores fueron las que tenían obligaciones incluidas en el ámbito de aplicación regulado en el Real Decreto-ley 4/2012 y pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011", aclara el TCU.

Es decir, a este plan de crédito habilitado por el Ministerio de Hacienda se acogieron todas aquellas entidades locales (entre las que había ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares, entre otros), y también algunas comunidades autónomas, que no tenían suficientes recursos para pagar a proveedores. 

Todas estas administraciones adheridas tenían, entre otras, la obligación de enviar sus cuentas generales al tribunal fiscalizador, pero algunas han obviado este deber.

Según los datos facilitados por este órgano constitucional en un informe reciente, 12 ayuntamientos aragoneses están entre los incumplidores. A nivel nacional, la cifra alcanzó las 711 entidades locales. 

La memoria, que no recoge cuáles son estos ayuntamientos y diputaciones, indica que las cuentas generales que no han sido presentadas corresponden al año 2011.

Según los datos del referido informe, esa docena de consistorios de Aragón que obviaron su deber, recibieron algo más de 6,3 millones del Fondo con los que cubrieron unos 3,9 millones de euros sin aplicación presupuestaria. 

En toda España, las entidades locales que no enviaron la documentación obtuvieron unos 2.100 millones de euros.

167,16 euros por aragonés

Según las estimaciones del Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta la población de Aragón, la financiación del Plan de Proveedores se situó en 167,16 euros por aragonés, muy por debajo de la media española, que fue de 216,74 euros.

Esta media nacional tan elevada se deriva de la excesiva financiación por habitante que se dio en algunas comunidades como Andalucía (334,05 euros) o Madrid (351,02), a pesar de la gran población residente en estas regiones (8,4 y 6,4 millones de personas, respectivamente).

Retenciones y créditos financieros

Según lo establecido por el Gobierno central, los ayuntamientos aragoneses tenían dos mecanismos para devolver los 225 millones inyectados por el Ministerio. "Las entidades locales reembolsaron las cantidades financiadas con el Fondo mediante amortizaciones del crédito formalizado con las entidades financieras o bien mediante retenciones en la participación en los tributos del Estado", explica en su informe el Tribunal de Cuentas.

Por el mecanismo de crédito financiero, los ayuntamientos optaron devolver hasta 211 millones, mientras que la cantidad restante hasta llegar a los 225 millones (14 millones de euros, concretamente) serían retenidos por el Estado de la cuantía que este tuviera que transferir de la recaudación tributaria. 

Más dinero para la DGA

Hay que tener en cuenta que los 225 millones que se aluden como transferencia del Plan de Proveedores a entidades locales aragonesas no representan el montante total que ha recibido la Comunidad de este Fondo, ya que la DGA también se ha adherido al Plan.

En concreto, y según datos de la Delegación del Gobierno en Aragón facilitados en noviembre de 2013, el Gobierno de Aragón habría solicitado hasta entonces créditos por 435 millones de euros. La mayoría de este dinero (hasta 425 millones) se pidieron durante la primera fase del plan, según las mismas fuentes.

En 2013, la cartera que dirige Cristóbal Montoro aprobó la tercera fase del Plan de Proveedores. En los primeros días de diciembre de 2013, las empresas a las que las administraciones aragonesas adeudaban pagos comenzaron a cobrar.