economía

Paros en el transporte: qué pide la plataforma que mantiene las protestas

Los convocantes de las marchas lentas por ciudades como Zaragoza siguen con las convocatorias pese al anuncio del Gobierno central de un paquete de ayudas al gasóleo.

El paro indefinido en el transporte se mantiene a pesar de las negociaciones entre las patronales mayoritarias del sector con el Gobierno. El acuerdo alcanzado entre el  Ministerio de Transportes con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) que incluye un paquete de 500 millones de euros para rebajar la escalada de precios del gasóleo no ha sido suficiente para desconvocar la protesta. Esta ha sido convocada por la recién creada Plataforma en defensa del sector del transporte, que mantiene este miércoles, jueves y viernes marchas lentas en varias capitales, incluida Zaragoza, como las que tuvieron lugar este lunes. 

La nueva organización, que no tiene representación en la mesa negociadora, pide estar presente en ella. Por ello, las medidas anunciadas, que se esperan concretar este viernes, no han contentado a sus portavoces. "Con la plataforma no se ha acordado absolutamente nada y los acuerdos a los que se refieren han sido tomados con el comité nacional de transporte que no nos representa y que dichos acuerdos no dan ninguna solución aceptable para el sector de base", señalaron en un comunicado a última hora del lunes. En él mantuvieron el llamamiento al paro indefinido "hasta que llamen a la plataforma y se firmen los acuerdos que demandamos".  

¿Qué reclama el colectivo de transportistas autónomos? La plataforma se define como una organización nacional de pequeños y medianos transportistas, en la que también habría conductores asalariados. Sus exigencias se aprobaron en asamblea el pasado 5 de marzo, en la que se anunciaba que de no cumplirse se iniciaría un paro indefinido el 14 de marzo, según explican en el documento dirigido al Gobierno. En él incluye una lista de reivindicaciones, que agrupan en un paquete de peticiones para el Ministerio de Transportes y otro para la cartera de Trabajo. Muchas de ellas vienen siendo reclamaciones históricas del sector para luchar contra la competencia desleal o regular la carga y descarga y los costes. Estas serían algunas de ellas.

Principales reivindicaciones para el Ministerio de Transportes

  • Prohibición sin posibilidad de pacto en contra, ni de acuerdos contractuales, de la contratación de los servicios de transporte de mercancía por carretera por debajo de los costes de explotación.   
  • Limitar la intermediación en el contrato de transporte a un solo contratista. Establecer responsabilidad directa al cargador principal en caso de impago de los servicios al transportista, dotando a las juntas arbitrales de capacidad jurídica para el ejercicio de la Acción directa contra el cargador principal.
  • Plazo de pago máximo a 30 días por servicios los servicios de transporte, por ley sin posibilidad de pactos en contra, unido a un régimen sancionador por su incumplimiento.
  • Prohibición por ley de la carga y descarga por parte de los conductores y autónomos que realicen la conducción de sus vehículos.  
  • Decreto Ley que obligue y limite las labores de carga y descarga de los camiones en un tiempo máximo de 1 hora desde su llegada, o desde la hora pactada.
  • Control y seguimiento de las cooperativas de trabajo asociado en el transporte del cumplimiento de los requisitos legales como empresas de transporte. Busca evitar la proliferación de falsos autónomos en el sector. 
  • Compromiso firme de la Inspección de Transporte para dar cumplimiento a la limitación del cabotaje, reduciendo a un solo viaje en los seis primeros días de entrada al país de acogida, por parte de transportistas comunitarios, esto es, entretanto no haya una armonización fiscal y laboral que se equiparen los costes laborales y fiscales.
  • Revisión de los acuerdos bilaterales en materia de transporte, se requieren los mismos requisitos de cumplimiento en cuanto a fiscalidad de los carburantes usados para la entrada en las fronteras de la CEE.
  • Igualdad de tributación para los tráficos nacionales realizados por las empresas buzón en territorio español.
  • Eliminación de las autorizaciones de operador de transporte (OT), todas las empresas ya sean persona física o jurídica deben desaparecer como OT y consolidarse como empresas de transporte y obtener autorizaciones de transporte, deberán contar con flota de vehículos adaptados para el transporte público de mercancías equivalente al 30% de capacidad de demanda medida en función del tonelaje y disponer de conductores inscritos en el Régimen General de la Seguridad Social.
  • Modificación del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) en materia de sanciones, notificaciones y requerimientos. Se están detectando fallos en el sistema de notificaciones electrónicas.
  • Seguridad vigilada por parte del Estado en áreas de descanso y polígonos Industriales, para el correcto descanso y seguridad de los conductores, al igual que la correcta custodia a vehículos y mercancías. Creación de nuevas áreas de descanso.
  • Espacios acondicionados y dignos para conductores en centros de
    carga y descarga
    , para la entrega y recogida de documentación, esperas y poder satisfacer unas mínimas necesidades de alimentación e higiene.
  • Eliminación de las restricciones a camiones en periodos vacacionales
    y/o en puentes por días festivos.
  • No a los megacamiones de 44 toneladas que estudia autorizar la Comisión Europea.
  • No al pago por la utilización de infraestructuras a las empresas de
    transporte nacionales, debido a que ya lo sufragarían con sus impuestos.   
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Reivindicaciones al Ministerio de Trabajo

  •  Jubilación a los 60 años para los conductores profesionales, por ser una profesión
clasificada de alto riesgo, aplicando los coeficientes reductores.
  • Reconocimiento de la totalidad de las enfermedades profesionales derivadas de esta profesión, tanto para los conductores asalariados como para los autónomos.
  • Que se consideren accidentes laborales los sucedidos en los periodos de
trabajo y disponibilidad dentro de la actividad.
  • La creación de un convenio único estatal de obligado cumplimiento para los
conductores asalariados con las condiciones económicas y laborales en base a los
mínimos que refleja el Observatorio de Costes en la partida salarial en función de la
clase de vehículo y el ámbito territorial.
  • Que se habilite la cuota de formación profesional a los autónomos que se viene pagando desde hace 2 años, en igualdad a los conductores asalariados que ya la tienen habilitada a través de los seguros sociales desde hace muchos años. 
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