El Gobierno enfría el alcance de la rebaja fiscal y discrepa con el PP sobre su eficacia
Se compromete a bajar el precio de luz, gas y carburantes el 29 pero aún estudia qué medida tendría "mayor rendimiento".
El primer encuentro entre el Gobierno y el PP para alcanzar un "gran acuerdo de país" que permita navegar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania se saldó este miércoles sin avances significativos. Y lo mismo puede decirse de las reuniones mantenidas con los representantes de Ciudadanos y el PNV, los primeros en la ronda de contactos con la que se pretende allanar el camino al real decreto ley que apruebe el Consejo de Ministros el próximo 29 de marzo. El empeño del Ejecutivo en supeditar su contenido a lo que finalmente acuerde el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo complica el pacto.
Los populares aseguraron que el Gobierno ni siquiera les puso propuestas concretas sobre la mesa. Según los nacionalistas vascos, con ellos se limitó a esbozar los "principales ejes" de su plan. El compromiso que adquirió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, encargado de pilotar las conversaciones, fue el de que se tomarán medidas para provocar una bajada de los precios de la luz, el gas y la gasolina. La cuestión es cómo.
El PP, Ciudadanos y Vox -que se ha negado a participar en las conversaciones- coinciden en que es preciso acometer una reducción de impuestos, especialmente, los que gravan los hidrocarburos, deflactar la tarifa del IRPF (para impedir que los ciudadanos tengan que pagar más pese a haber visto reducido su poder adquisitivo por la inflación desbocada) y congelar todas las subidas previstas. Insisten, además, en que ni siquiera hay que esperar al día 29 para dar ese paso. "Ayer ya era tarde", defendió la portavoz popular, Cuca Gamarra, durante la sesión de control.
En el Gobierno restan importancia a la cuestión fiscal. Bolaños ni siquiera la mencionó en su cita con el PP y en una comparecencia posterior afirmó que lo que se están barajando son "desde ayudas directas del Estado a establecer topes de precios o incluso un precio único". "Lo que hacemos desde el Gobierno es apostar por una bajada (del precio de la energía) que sea sencilla e inmediata", adujo.
Debate prometido
El Gobierno no descarta una rebaja de impuestos que se sume a la que ya aplicó a la factura de la luz (la reducción del IVA al 10%, del tipo impositivo del impuesto especial sobre la electricidad al 0'5% y la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica; medidas que la semana pasada decidió prorrogar hasta el 30 de junio). Se comprometió a hablarlo en la Conferencia de Presidentes y el propio Sánchez dijo el lunes que "va a estar" en ese debate. Pero hoy, uno tras otro, distintos miembros del Ejecutivo enfríaron las expectativas creadas en torno a esa cuestión.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió en los pasillos del Congreso que las bajadas de impuestos no son una "solución mágica" , recordó que la subida del precio de la luz se ha comido la rebaja fiscal aprobada por el Ejecutivo y apuntó que respecto a los carburantes habrá que decidir ahora cuál es la "mejor, opción", si bajar la fiscalidad o dar ayudas. "Tenemos que ver cuál tiene un mayor rendimiento", apuntó.
El propio Sánchez insistió, en una rueda de prensa en la Moncloa junto al primer ministro croata, Andrej Plenkovic, en que lo prioritario es lograr que la UE se avenga a modificar las reglas de un mercado que ha demostrado ser "disfuncional" y en el que el precio del gas, que es el 15% del consumo energético en España, determine el del resto de energías. Incluidas las limpias, cuya producción es mucho más barata (y en España suponen un 45%). "Podemos bajar impuestos, podemos aumentar las ayudas pero si no actuamos sobre el origen del problema, servirá de poco", insistió. "Tenemos que esperar a ese Consejo Europeo".
El jefe del Ejecutivo tiene claro, en todo caso, que desea un amplio consenso para su plan nacional y eso implica hacer concesiones, especialmente, al principal partido de la oposición. A la impositiva, el PP, Vox y Cs sumaron otra exigencia: un recorte del tamaño de la Administración. Los tres partidos coincidieron en que en una situación como la actual el gasto que supone un Gobierno con 22 ministros y tres vicepresidentas no está justificado. "Es una inmoralidad", dijo incluso Gamarra.
La dirigente popular se hizo eco en su intervención de un informe del Instituto de Estudios Económicos, según el cual España podría llegar a reducir el gasto público "ineficiente" un 14%, alrededor de 60.000 millones de euros, sin rebajar la calidad de los servicios públicos. Vox apuntó directamente a uno de sus caballos de batalla: la supresión del Ministerio de Igualdad.
