Economía
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nueva ley de vivienda que regula los alquileres

La ley de vivienda prevé regular el precio del alquiler, crear un bono de 250 euros para jóvenes y subir el IBI a las casas vacías

Habilitará a los ayuntamientos a establecer una recarga del IBI -del 150 %, según Podemos- para las viviendas vacías, con algunas excepciones.

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También habrá un recargo en el IBI para las viviendas vacías
DGA

 La futura Ley de Vivienda, sobre la que por fin han alcanzado un acuerdo PSOE y Podemos, forzará a los grandes propietarios a bajar los alquileres en las zonas tensionadas y a los particulares a congelarlos, al tiempo que se creará un bono de 250 euros mensuales para facilitar que los jóvenes puedan independizarse.

Este acuerdo, que ha sido criticado desde el sector y la oposición, ha sido la llave para que ambos socios del Gobierno de coalición pudieran también pactar los Presupuestos de 2022 y está a medio camino entre la exigencia de Podemos de que se limitaran los precios del alquiler y la negativa inicial del PSOE a intervenirlos.

Según lo acordado, serán las comunidades autónomas las que deberán solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado, que serán donde se aplicará la regulación de precios a los propietarios de más de diez viviendas.

Una vez aprobada la ley por el Consejo de Ministros, "en las próximas semanas", y publicada, el Gobierno se da un plazo de 18 meses para elaborar con las comunidades autónomas un índice de precios de referencia para aplicar luego esas bajadas, según fuentes gubernamentales.

Además, a las personas físicas propietarias de viviendas en alquiler en zonas tensionadas se les obligará a congelar el precio, aunque, según fuentes gubernamentales, si están dispuestas a bajarlo, se les aplicarán bonificaciones fiscales suficientes como para que les salga a cuenta.

Según ha explicado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con la nueva ley se van a "contener y reducir los precios del alquiler", con "un paquete muy potente de bonificaciones fiscales para los propietarios, para incentivar la reducciones de los precios".

Bono para jóvenes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido quien se ha encargado de anunciar que en paralelo se impulsará la creación de un bono de 250 euros al mes para jóvenes de entre 18 y 35 años, con rentas anuales inferiores a 23.725 euros, con el objetivo de facilitar su emancipación.

Fuentes gubernamentales han apuntando que este bono estará incluido en los Presupuestos de 2022 y estará vigente durante los dos próximos años.

Además, se va a complementar con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40 % de su precio para las familias más vulnerables, ha detallado Sánchez, quien ha subrayado que España debe conseguir "adelantar" la edad de emancipación de los jóvenes y situarse en la media europea, que es de 26 años.

Otras medidas

La futura ley también obligará a reservar para vivienda protegida el 30 % de las promociones y a destinar la mitad de ese porcentaje a alquiler social, con lo que el Gobierno confía en "incrementar de manera muy notable el parque público", según Bolaños.

Además, se habilitará a los ayuntamientos a establecer una recarga del IBI -del 150 %, según Podemos- para las viviendas vacías, con algunas excepciones.

Igualmente se incluyen bonificaciones fiscales que pueden llegar al 90 % sobre las rentas que los propietarios obtengan en caso de bajar precio respecto al contrato anterior en las zonas tensionadas.

Críticas a una ley "sin precedentes"

La futura ley, que se aprobará "en las próximas semanas", será la primera en democracia y tiene como objetivo "contener" e incluso "reducir" los precios del alquiler, según Sánchez.

Se trata, ha dicho, de un "hito sin precedentes" en la acción legislativa que va "a ofrecer cobertura jurídica a la vivienda social y la vivienda protegida", aunque a falta de conocerse la letra pequeña, la ley ya ha sido muy criticada.

En el ámbito político, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha defendido que la limitación del precio del alquiler sí que es un "ataque sin precedentes" a la propiedad privada.

En una línea similar se ha pronunciado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que denuncia una "distorsión brutal" de la libertad y del derecho a la propiedad por inferir "directamente contra la propiedad privada" y afectar "a la gente que ahorra, que tiene propiedades".

Desde el sector, el portal Fotocasa considera "intervencionista" la congelación de los precios de las rentas para los pequeños propietarios y pide que se introduzcan más incentivos para reducir los precios, al tiempo que califica de "gran acierto" la creación del "bono joven".

Su competidor pisos.com advierte de que la norma añade "cierta inestabilidad" a un sector inmobiliario que necesita "calma, previsibilidad a largo plazo y estrategias sin colores políticos".

También considera que puede reducir "el interés en invertir en la oferta de alquiler y en el mantenimiento de esas viviendas", un fenómeno que se traduciría en un parque "más pequeño y envejecido" y "una menor caída de los precios".

Además, el que las comunidades autónomas sean las que tengan la iniciativa "puede generar diferencias entre propietarios" de territorios diferentes, según pisos.com, que ademas asegura que el índice de precios "tendrá como referencia uno desactualizado, desde 2015 a 2018 (prepandemia)", con lo que "deberá actualizarse".

También Idealista augura que la oferta en el mercado del alquiler podría bajar como lo hizo en Barcelona, con un descenso del 40 %. Respecto a la obligación de destinar el 30 % del suelo de cada promoción a vivienda protegida, también cree que pasará como en la ciudad condal, donde ha supuesto "la desaparición de la obra nueva" y el encarecimiento de "las pocas promociones que se levantan". 

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Bolaños se ha referido, en concreto, a una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los propietarios en caso de que bajen el precio del alquiler respecto al contrato anterior, y confirmó que para los grandes tenedores (con más de 10 viviendas alquiladas) habrá medidas para controlar los precios en las zonas tensionadas.

Bolaños, que también ha confirmado que habrá un recargo en el IBI para las viviendas vacías, ha asegurado, no obstante, que la nueva norma tendrá en cuenta "las distintas competencias existentes en la materia", tanto autonómicas como municipales, por lo que indicó que deben ser las comunidades autónomas las que soliciten si quieren aplicar o no el control de precios en las zonas tensionadas.

El acuerdo sobre la Ley de la Vivienda era uno de los últimos escollos entre el PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Los PGE se tratarán en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para este jueves, pero la Ley de Vivienda tendrá que esperar unas semanas más.

"No tenemos todavía fecha para aprobar la Ley de Vivienda. Será en Consejos de Ministros posteriores", ha comentado Bolaños. Después de su aprobación, se remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Bolaños se ha referido a la futura normativa como "una ley muy ambiciosa" que será "esencial" para garantizar el derecho a la vivienda entre "la gente que tiene mas dificultades" y que incluirá también, según ha anunciado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un bono social para los jóvenes de entre 18 y 35 años, para ayudarles a su emancipación.

Este bono social será de 250 euros y se extenderá durante dos años. "Es una cantidad nada despreciable", ha insistido Bolaños.

EL CONTROL DE PRECIOS SOLO AFECTA A PERSONAS JURÍDICAS

A la espera de conocer los "detalles técnicos" de la Ley de Vivienda, la normativa prevé un recargo del 150% del IBI para los pisos vacíos y una regulación del precio del alquiler para bajar las rentas en las viviendas en manos de grandes propietarios, teniendo en cuenta índices de referencia en zonas tensionadas.

Del mismo modo, se considerará grandes propietarios a aquellos que tengan diez inmuebles o más. Fuentes del Gobierno indicaron que el control de precios a grandes propietarios solo se aplicará a personas jurídicas, no así a personas físicas, aunque tengan más de 10 inmuebles arrendados.

La nueva ley de vivienda también contempla espera destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, para ampliar el parque público de vivienda, mientras que un 15% de esa cifra será para alquiler social.

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