economía
Los expertos ven "impredecible" el impacto de las medidas del Gobierno para bajar la luz
El profesor José María Yusta alerta de que pueden añadir "volatilidad" al mercado, mientras las asociaciones de consumidores piden que se avance en reformas a largo plazo.
El Gobierno ha dado un paso al frente para tratar de frenar la escalada de la factura de la luz. La batería de medidas para intervenir en lo posible en un mercado tan complejo como el eléctrico puede llegar a bajar la factura de la luz un 30%, según los cálculos hechos públicos durante el anuncio por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Hacer una estimación de la rebaja que supondrán las medidas en el recibo resulta difícil para los expertos. "El resultado es impredecible", confiesa José María Yusta, profesor titular de Ingeniería Eléctrica de la EINA de la Universidad de Zaragoza y experto en mercados energéticos. En el paquete del Gobierno se incluyen medidas que suponen una bajada automática como prorrogar hasta final de año la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21% al tipo reducido del 10% o la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Se añade dejar al mínimo del 0,5% el impuesto de la electricidad.
"En el mercado regulado debería ser bastante inmediato si las cosas van como las han contado", espera José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón), aunque prefiere ser prudente y aguardar hasta ver publicadas las medidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para "conocer exactamente las limitaciones".
Reivindicaciones fiscales
La actual escalada de precios de la electricidad ya se habría "comido" la rebaja fiscal aprobada en junio, aunque habría ayudado a que no suba tanto el recibo. Este miércoles se espera que el precios del kilovatio hora se dispare hasta los 172 euros, otro máximo histórico. El precio de la electricidad ha subido un 35% en un año, según los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de agosto.
La bajada de impuestos ha sido una de las reivindicaciones de las asociaciones de consumidores en estos años e incluso la eliminación de algunos por considerar que había una "doble imposición". Lucía Germani, presidenta de Actora Consumo, recuerda que desde 2014 vienen pidiendo a los Gobiernos "la revisión del IVA y del impuesto sobre la electricidad. Denunciamos además la doble imposición". Sin embargo, la respuesta era "que todo estaba bien y que no podían cambiar el IVA".
En 2020 volvieron a pedirlo "y nos contestaron idem". Por eso, tras la nueva rebaja fiscal reprocha que "a lo mejor sí se podía". Critica que haya cambios "cada tres meses" en la factura, porque generan confusión, al igual que los que han afectado a la tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y el bono social. Los últimos han ido dirigidos a una distribución por horas baratas y caras cada día, que "nos culpabiliza y condiciona", con la eterna pregunta de cuándo poner la lavadora.
Desde la OCU, aunque valoran "positivamente" los cambios, la asociación cree que "llegan tarde" y echa de menos "el compromiso para mantenerlos en el tiempo, así como medidas efectivas para proteger al consumidor vulnerable y políticas de mayor transparencia en las tarifas".
A por los 'beneficios caídos del cielo'
La iniciativa más ambiciosa del Gobierno supone conseguir que parte de los llamados 'beneficios caídos del cielo' de las eléctricas, los que obtienen por las subidas del mercado, terminen en las arcas del Estado. La previsión es que las eléctricas, conscientes de la situación actual, contribuyan con 2.600 millones de euros. Esta medida se aplicaría hasta el 31 de marzo de 2022.
Yusta advierte que "detraer beneficios de las empresas de generación eléctrica para bajar la factura de los consumidores y convocar subastas a plazo para sacar un 6% de la energía del mercado diario puede aumentar la volatilidad de los precios del mercado, y que no cumplan las expectativas del Gobierno". Estas ganancias serían las obtenidas por las centrales nucleares, hidroeléctricas y algunas renovables en el mercado diario de generación eléctrica al cobrar todas al precio más alto, según el actual sistema de subastas. En los últimos meses el precio de la electricidad ha subido a valores de tres dígitos "por causa del aumento del precio internacional del gas y de los derechos de emisión de CO2", apunta.
La medida supone una reivindicación de los consumidores. "Desde hace años la organización ha solicitado medidas que garanticen una remuneración justa para las plantas que necesitan cubrir elevados costes para generar electricidad, sin que ello suponga beneficios extraordinarios para el resto del mix energético", ha señalado OCU.
Yusta no descarta que las eléctricas terminen acudiendo a los tribunales para pedir que no se apliquen algunas medidas, como ya ha ocurrido con otras cuestiones como la financiación del bono social.
"Vamos a ver cómo funciona porque es evidente que la hostilidad de las empresas está servida, ya han amenazado con cerrar las centrales nucleares, la generación más barata", añade Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón). "Si acuden a los tribunales serán pleitos largos y que pagarán gobiernos venideros", apunta, por las experiencias pasadas. Considera que las eléctricas defenderán los intereses de sus accionistas, que se vieron castigados en bolsa nada más anunciarse las medidas. "Esta batalla no ha terminado, pero era necesario que el Gobierno se posicionara de manera clara ante la subida", añade.
Oliván considera que las medidas "van en la buena dirección" para una "solución a corto plazo", pero a largo plazo insiste en su reivindicación de que "tienen que ir más lejos y pasar por la conversión del sistema en un servicio público". Sostiene que los bienes de primera necesidad "no pueden estar sometidos a un mercado que ni siquiera está realmente liberalizado" porque sigue habiendo cuatro grandes eléctricas que tienen una "posición de mercado dominante".
Germani pide al Gobierno para aligerar el recibo "que salga de la factura de la luz todo lo que no sea la factura de la luz" y a las eléctricas les dice que "queremos pagar un precio justo". Para Oliván "hay cuestiones que tienen que estar en la factura como los peajes vinculados a la luz general" porque, pone como ejemplo, "para que tenga luz tiene que haber líneas de alta tensión, de las que tengo que pagar una parte". Sin embargo, "las políticas estatales que no son derivadas del consumo se tienen que pagar con los presupuestos generales del estado", exige, como en el caso de las primas a las renovables.
