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"Es muy posible que no haya más prórrogas de los ERTE covid si se va controlando la pandemia"

Los expedientes están en marcha hasta el 31 de mayo, pero a partir del 14 de marzo, las empresas que se encuentren en situación de insolvencia, ya tienen obligación de presentar un concurso de acreedores.

Protesta del sector del ocio nocturno.
Imagen de archivo de una protesta del sector del ocio nocturno, que no ha podido abrir desde marzo de 2020.
Oliver Duch

Los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) con bonificaciones para los negocios afectados por la pandemia de covid-19 cumplen su última prórroga el 31 de mayo. Para los asesores laborales, no se esperan muchos más de los que hay porque ahora las empresas, tras un año sin recuperar su actividad o no hacerlo al 100%, e ir sumando deudas, lo que necesitan son "ayudas directas".

"Es muy posible que no haya más prórrogas de los ERTE covid si se va controlando la pandemia", cree Miguel Ángel Poveda, presidente de la Asociación Empresarial de Asesores Laborales de Aragón (AEAL). Si hay empresas que necesitan esta vía para tener todavía a parte de su plantilla en el paro, lo harán a través de los ERTE que existían antes de la pandemia y que se han podido seguir pidiendo por causas económicas, organizativas, técnicas de producción. Si pueden costearlos, porque en ellos ya no se incluirán bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social como en los aprobados específicamente para actividades afectadas por las restricciones.

En Aragón se tramitaron 18.962 ERTE por la pandemia en 2020, que afectaron a 147.921 trabajadores. El año empezó con 18.219 empleados inmersos en algún expediente.

De los créditos a las ayudas directas

Tras un año de crisis sanitaria, Poveda coincide con las pymes, autónomos e instituciones como el propio Banco de España en que lo que necesitan ahora es "dinero directamente". Ni créditos ICO ni otras medidas que supongan una patada hacia delante aumentando la mochila de deudas. "Hay algunos que están absolutamente asfixiados", confiesa.

Gastos fijos como el alquiler han ido acumulándose en el último año de caída o desaparición de ingresos. "Hay infinidad de arrendadores que se han negado a la rebaja de los alquileres, porque no cumplían requisitos para estar obligados", afirma. La moratoria para aplazar o reducir las rentas se dirigía a "grandes tenedores", aquellos con más de 10 locales.

"No solo es la deuda del negocio, es también la hipoteca, algún crédito de un coche...", enumera el asesor. Por ello, reconoce que "muchas empresas ya empiezan a hablar de cerrar". Hasta el punto de que algunas han renunciado a seguir en un ERTE con bonificaciones "para no tener que devolverlas si despiden". Comercio y hostelería serían los sectores más dañados. En este último, el ocio nocturno ni siquiera ha podido volver a abrir desde marzo salvo reconvirtiéndose, por ejemplo, en cafeterías.

Y los primeros en caer serán los negocios de menor tamaño, pero "cuando empiecen a caer los pequeños va a ser un efecto en cascada", augura Poveda.

"Persianazo" o concurso de acreedores

Abogados y economistas concursales temen que lo que siga sea un goteo de cierres que podría empezar a mitad de este mes, cuando el 14 de marzo termine la moratoria que permite que una empresa no esté obligada a presentar un concurso de acreedores aunque ya sea insolvente. La duda será si las empresas que no puedan más, tendrán fuerzas para acudir a la vía ordenada de solicitar un concurso de acreedores en el juzgado o terminarán con un "persianazo" de los que se multiplican en todas las épocas crisis.

"La gran mayoría de los concursos van a ser a liquidación"

Lo que se repetirá es que quien acuda al juzgado será probablemente para finiquitar, como ocurría ya antes de la pandemia, y no para encauzar la actividad como busca la Ley Concursal. "La gran mayoría de los concursos van a ser a liquidación, dependiendo de si se entiende que se va a reactivar la actividad", apunta Miguel Ángel Palazón, abogado y miembro de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC). Al igual que en la crisis de 2008 la más tocada fue la construcción, ahora se espera que lo sea la hostelería. 

Sin embargo, Carlos Terreu, experto en concursal y tesorero del Colegio de Economistas de Aragón, no cree que se produzca un aluvión de cierres en poco tiempo como se esperaba, sino más bien oleadas como las del virus, de sectores que vayan agotando sus fuerzas. "Las situaciones de insolvencia se van a incrementar pero no van a venir todas a la vez", apunta. Se pueden ir sucediendo a lo largo del año.

"La tan mencionada avalancha a día de hoy todavía no se ha notado. Otra cosa es lo que pase a partir del 14 de marzo", añade el abogado. En su opinión, serán muchos los factores que influyan como si llegan los 11.000 millones de euros en ayudas anunciados por el Gobierno; si se prorrogan los ERTE más allá de mayo o cómo va el plan de los ICO covid, sobre el que se busca una solución para que su devolución no ahogue más a las pymes y autónomos.

Terreu añade que también se habla de que podría anunciarse "una moratoria adicional de los concursos hasta que entren ayudas directas", más allá de marzo. Las medidas de apoyo que ya se han aprobado tendrán efecto amortiguador. "Las empresas que tienen un ICO no creo que vayan al concurso al principio, porque tienen un año por delante para ver si recuperan la actividad", después de retrasarse la devolución del dinero. Otra cosa será las que ya vean que no van a volver a enderezar sus cuentas, en algunos casos incluso "por el cambio de hábitos" de sus clientes en este último año, apunta Terreu.

Para los autónomos que terminen respondiendo con su patrimonio por su negocio fallido,  el mecanismo de la segunda oportunidad o beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, puede ayudarles a quitarse la deuda. Sin embargo, los expertos en concursal recuerdan que la duda es si podrán obtener el 'perdón' también de las deudas con la Seguridad Social y Hacienda. Ahora hay diferencias entre el Tribunal Supremo, que dice que se puede y que han seguido juzgados en Zaragoza y Huesca, y el texto refundido de la ley, que se opone. "Para un autónomo si esa deuda pública no se exonera hará inviable un acuerdo sobre el 100% de sus deudas", advierte Terreu.

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