Piden alargar la vida útil de los vehículos y pagar los retrasos

El parón de los servicios discrecionales para actividades extraescolares, viajes de turismo o competiciones deportivas ha sido el mayor golpe para las pequeñas empresas de transporte de viajeros de Huesca, que exigen medidas para paliar la crisis del sector. Entre ellas, alargar la vida útil de los vehículos de transportes escolar más allá de los 16 años de tope actual, o pagar los retrasos pendientes por estas concesiones del Gobierno de Aragón durante el estado de alarma.

"Hoy nadie coge un autobús por hobby porque hay miedo y lo peor es que los servicios discrecionales ni están ni se les espera ya que me temo que van a tardar mucho en volver". Así lo cree Rafael Bergua, de Autocares Bergua, una compañía que opera sobre todo en Sobrarbe y Ribagorza.

A su juicio, "una solución fácil a coste cero" para amortiguar en parte la crisis sería ampliar el tope de 16 años, siguiendo el ejemplo de otros países como Alemania o Francia. "Parece que somos los nuevos ricos porque aquí no podemos superar esa antigüedad y encima luego se los colocamos a otros países de la misma Unión Europea", critica. Además, afirma que para garantizar la seguridad, "que debe ser lo primero", remarca, están las ITV.

En este sentido, recuerda que los primeros 10.000 o 15.000 euros limpios de cada año se tienen que destinar a obligatoriamente a la amortización del vehículo, que cuesta una media de 200.000 euros, "con lo que si te has pegado seis meses parado, ya pierdes entre 5.000 y 7.500 por autobús, lo cual es una tragedia", subraya.

Bergua valora positivamente la figura del ERTE, que le ha permitido reincorporar poco a poco a toda la plantilla "aunque con un porcentaje de horas menor porque tenemos menos trabajo que antes". También pide congelar todos los pagos de los créditos.

Mientras, para Guillermo Sisqués, de Autocares Sisqués, cuya flota de 14 autobuses tiene su base en Binéfar, si no fuera por los autobuses de escolares y las «pocas fábricas» que hay en la zona, los servicios discrecionales serían nulos. Además, se queja del dinero que les debe el Gobierno de Aragón por las concesiones de transporte escolar entre marzo y el final del pasado curso. «Muchas pequeñas empresas van a tener que cerrar si no pagan enseguida porque han pedido préstamos que hay que pagar», avisa.

En su caso, al dar servicio a los grandes mataderos de La Litera, la restricción del 50% de aforo le ha supuesto el doble de autobuses contratados. "Por eso me siento un privilegiado", reconoce Sisqués, que de hecho ha tenido que aumentar la plantilla con cuatro conductores más para cubrir esta mayor demanda.