La pervivencia de un sector en juego

De las 65 empresas que hay en Aragón dedicadas al transporte de viajeros por carretera, que dan trabajo directo a unas 2.200 personas, un 30% podría desaparecer si no llegan antes de que acabe el año las ayudas de 8,5 millones prometidas por el Mitma (antiguo ministerio de Fomento) para compensar esa caída de la demanda de viajeros del 65% y los mayores costes que han tenido que soportar por la pandemia.

Un tercio del tejido empresarial está en riesgo, advierte Juan José Calvo, presidente de Agreda Bus y de Aetiva (Asociación empresarial de transportes interurbanos de viajeros en autobús de Aragón). "En este momento, la situación que se vive es tan dramática como artificial. Tenemos ERTE, créditos ICO, prórrogas de ‘leasing’ y ‘renting’ pero el primer semestre del año que viene empezará a vencer todo y entonces veremos el efecto terrible de la crisis», dice.

Con una caída de la facturación de entre el 58% y el 60%, "las empresas más grandes tendrán más posibilidades de salir, pero las pequeñas, que ya están diciendo que no tienen dinero ni para pagar el gasoil, lo van a tener muy complicado", reconoce el presidente de Aetiva. Lo que necesitan urgentemente es tesorería, asegura.

"Saber cuánto y cuándo llegarán esas ayudas es primordial", añade José Ignacio Jiménez, consejero delegado de autobuses Teruel Zaragoza, con 88 vehículos y 130 trabajadores. "Con el confinamiento se perdió el 80% de la demanda en esa línea; al acabar el estado de alarma se recuperó hasta el 60% y ahora sufre de nuevo una caída del 90% en pasajeros", atestigua. "Una dura realidad que se agrava cada día que pasa", afirma.

La mayoría de las empresas, explican desde Aetiva, tienen un mix de concesiones. Hay 17 que tienen el servicio regular, pero la mayoría trabaja en el transporte escolar, el discrecional (para extraescolares, bodas, excursiones) y el laboral para llevar a los trabajadores a las empresas. Lo que ha provocado la pandemia es una caída del 85% del transporte discrecional, según datos del INE, y una menor ocupación de los autobuses marcada por las restricciones a la movilidad. La consecuencia, que las empresas han tenido que seguir prestando los servicios y corriendo con los gastos fijos sin tener apenas ingresos. "Hasta ahora las ayudas han sido cero", critica José Ramón Lasierra, director de la División Norte de Avanza, con 240 autobuses en Aragón (25 fuera de servicio por falta de actividad) y 220 empleados.

"En el discrecional no va a haber ayudas. Ojalá me equivoque. En el transporte regular sí, los 1,3 millones que Vertebración del Territorio empezó a pagar este pasado jueves". Pero resulta «insuficiente», según Lasierra, tras ocho meses muy duros y asumiendo pagos atrasados por parte de la Administración. "Aún no se ha cobrado septiembre en transporte escolar ni nos han compensado el 53,2% de gastos fijos ruta/día por esos servicios que por el confinamiento se dejaron de prestar entre marzo y junio", critica. En los ‘contratos programa’ del transporte regular, añade, muchas empresas lo último que han cobrado es agosto y estamos en noviembre". El retraso en los pagos es un lastre y más ahora, comparte Cristina Luque, subdirectora de Agreda Bus, que emplea a 180 personas: "En lo que son líneas regulares deficitarias, la DGA sí ha pagado entregas a cuenta de las subvenciones de 2019, pero no todo". Al no llegar apenas ayudas y el hecho de que la Administración no cumpla con la ley de pagos a 30 días hace que el sector "esté absolutamente desesperado: está en peligro su pervivencia", advierte.

"En Aragón tenemos un territorio muy amplio con poca población en el que el autobús es esencial", recuerda Juan Carlos Fuentes, director de Hife Aragón –con 82 autobuses y 110 empleados entre Caspe, Alcañiz y Zaragoza–, que reclama «una apuesta de verdad por este sector estratégico y dotarlo de una partida presupuestaria acorde a las obligaciones de servicio público que tiene». Antes de la pandemia, explica, "el sistema se sostenía porque los operadores de líneas del servicio regular complementaban esas rutas con otras de transporte discrecional, que ahora está desaparecido". Además, a un sistema que ya lleva pocos viajeros por la dispersión geográfica en Aragón se han sumado por la covid las imitaciones a la movilidad, los aforos restringidos y el mensaje de la Administración de "muévete lo menos posible y si lo haces vete solo". "Se ha desprestigiado el transporte en autobús, cuando es seguro", añade Lasierra. Y ahora "hay que apoyarlo decididamente para que no se pierdan empresas ni empleos".

Nuevo mapa de concesiones

"Caen los ingresos y aumentan las pérdidas. No podemos seguir así", avisa Jiménez. "Estamos anticipando unos costes que no vamos a poder pagar". Urge que "reequilibren los contratos: nos adjudicaron un servicio a tanto, pero si por la pandemia ingresas la mitad se rompe ese equilibrio".

"La situación ha cambiado", corrobora Luque. Con una demanda absolutamente deprimida, las empresas van a salir muy debilitadas de la covid-19 y antes de licitar un nuevo mapa concesional, lo que debería hacer la DGA, dice, es "establecer un plan de recuperación del sector mediante un reequilibrio económico de las concesiones y dar tiempo a que se recupere la demanda".

Según el presidente de Aetiva, la DGA estima el coste de prestar el servicio regular en Aragón en unos 18 millones, pero no paga ni de lejos lo que calcula. Las empresas están dando ese servicio con una subvención de 3,5 millones. Y si lo extrapolamos a la pandemia "se incrementaría exponencialmente ese agujero". Por eso parece "absurdo sacar ahora un nuevo mapa concesional". "Hay que volver a estudiar el sector desde la cruda realidad que vive", apostilla Lasierra.

Autobuses Carretero

Como los "desheredados" del sector con ayudas cero y soportando el doble de endeudamiento. Así se siente Antonio Carretero, subdirector general de esta empresa familiar aragonesa fundada por su padre en 1984, y que cuenta con 30 autobuses y 42 choferes en plantilla. "Las ayudas al sector de 1,3 millones del departamento de Vertebración del Territorio van únicamente al transporte regular. No llega ni un solo euro al segmento discrecional/turístico en el que estamos pequeñas y medianas empresas", dice. Por eso pide que los 8,3 millones que tienen que llegar antes de final de año, procedentes de Fomento, las repartan entre todas las empresas del sector y no solo entre las del transporte regular.

Antonio Carretero y Natividad Soriano con su hijos Vicente, Antonio y Luis Miguel. Arancha Martín, de Administración, junto a ellos.

A. C.

Por la pandemia, destaca, el sector esta sufriendo muchísimo. Con una caída abrupta de la actividad y sin apenas ingresos han tenido que "pagar nóminas, combustible, seguros, asumir un montón de gastos y no cobrar". Desde las asociaciones Areabus y Apymebus, de las que forma parte, denuncian que a "los empresarios les están ahogando" y que "hay pymes familiares aragonesas literalmente arruinadas por esta crisis que no están percibiendo nada". No entienden cómo "con la que está cayendo la Administración no va al día en los pagos del transporte escolar ya que reiniciado el curso tras el verano, no se ha satisfecho aún, al menos en Zaragoza y provincia, el pago por los servicios prestados en septiembre".

Desde estas asociaciones recuerdan que un autocar cuesta entre 250.000 y 350.000 euros más IVA más financiación, que suponen para el transportista unos 4.000 euros/mes/vehículo, cantidad a las que se añaden, entre otros costes fijos –independientes de que el vehículo se mueva o no–, seguros, Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, ITV semestral y adelantos sobre el Impuesto de Sociedades, calculado sobre la facturación del ejercicio anterior -no de este.

Hermasa autobuses de Calatayud

Con 18 autocares y 22 personas en plantilla, David Martínez, que dirige junto a su hermano Javier esta empresas centenaria bilbilitana fundada por su bisabuelo, asegura que "a las pequeñas empresas nos están asfixiando, que la covid-19 ha supuesto la rematadera y que no pueden continuar así». Con cuatro rutas regulares (Daroca, Villarroya, Miedes y Jaraba) y servicio de transporte escolar, critica que a estas alturas del año la DGA no les ha pagado ni la subvención completa de 2019, solo el 75% de la cantidad a cuenta de lo que les dieron en 2018. Falta el otro 25%" y es más, recuerda, "hasta el 2 de enero de 2020 no les abonaron todo 2018". Con el volumen de pagos que soportan cada mes –más ahora con el bajón tremendo de actividad a causa del virus por el confinamiento y las restricciona a la movilidad– "no podemos dedicarnos a financiar a la Administración", afirma.

Los hermanos David y Javier Martínez, al frente de Hermasa.

D. M.

Las pequeñas empresas del territorio, como es su caso, están aguantando por su compromiso con la gente. «El aragonés, viva donde viva, tiene derecho a poder bajar al médico o a ir a cualquier lado y seguimos prestando ese servicio, pero la Administración al menos debería pagarnos en plazo», añade. Se queja como miembro de las asociaciones Areabus y Apymebus, de que el transporte discreccional no reciba ninguna ayuda salvo las moratorias en leasing y renting. «Qué ayuda es esa si nos supone tener que pagar más intereses al final?» se pregunta.

Martínez agradece el esfuerzo que ha tenido que hacer Vertebración del Territorio para que desde el pasado jueves esten cobrando esos 1,3 millones en ayudas que van a recibir 17 empresas. Sin embargo, el apoyo «se queda corto», reconoce. Hace falta más para salvar al sector, añaden desde las asociaciones del sector y que sobre todo desde el departamento de Educación paguen en plazo y «no axfisien más al sector».