energía
El bono social eléctrico solo rebaja la factura de la luz a 31.716 aragoneses
Cuando se cumplen dos años de la última reforma, las asociaciones de consumidores critican el excesivo papeleo y el desconocimiento que aún existe sobre la existencia de este descuento creado por el Gobierno central y que sufragan las compañías.
El nuevo bono social eléctrico cumple dos años. La última reforma de esta rebaja en la factura de la luz aprobada por el Gobierno central y que aplican las compañías eléctricas beneficia a 31.716 aragoneses, según los últimos datos de Endesa, a 29 de noviembre. La modificación introdujo límites según la renta del consumidor y eliminó la posibilidad de poder disfrutar del descuento simplemente por tener una potencia contratada de menos de 3KW, entre otros cambios. Ello viene provocando desde entonces una caída drástica del número de beneficiarios, casi a la mitad, ya que antes de la reforma se superaban los 60.000 en Aragón. En este plazo se habría denegado a 33.777 solicitantes. Entre los principales motivos para no concederlo figuran problemas con la documentación que se solicita, en el 65% de los casos, seguido de aquellos en los que no se cumple con los requisitos legales (29,7%), fijados por el Ejecutivo.
Para poder solicitarlo hay que tener contratada la tarifa eléctrica regulada por el Gobierno o PVPC (con o sin discriminación horaria) en la vivienda habitual. Por lo tanto, el consumidor no tiene que haber firmado un contrato con una comercializadora eléctrica en el mercado libre. Además, los límites de renta anual se fijan para consumidores vulnerables en 11.279 euros, en el caso de que no tenga menores a su cargo, y varían según otras circunstancias familiares. Hay requisitos especiales para vulnerables severos y en riesgo de exclusión.
"Carrera de obstáculos"
"Es una verdadera carrera de obstáculos solicitarlo, sobre todo, si es una persona mayor y vive sola", critica Fernanda Blanco, presidenta de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón). "La mayoría de los trámites hay que hacerlos por internet. En las oficinas se eterniza porque hay mucha gente". En su opinión, el descenso drástico de beneficiarios no se debe tanto al cambio de requisitos, sino a las trabas burocráticas. "Las causas han sido las dificultades en el acceso. La documentación que hay que descargar ya es complicada y si tienes que ir a las tiendas físicas hay filas para que te den impresos", denuncia.
"Sigue habiendo mucho desconocimiento", asegura Cecilia Foronda desde Ecodes. Coincide en el exceso de burocracia, pero considera que parte de la reducción de beneficiarios tiene que ver con que los requisitos han cambiado. "Antes con una potencia de menos de 3 kilovatios se daba el bono social y esa gente no tenía por qué ser vulnerable", reconoce. Por ello, considera que "que no se alcance el bono no quiere decir que no siga siendo eficaz".
Respecto a la falta de información, cree que todavía hay personas que no conocen que existe este descuento en la factura y otros que no saben que tienen derecho a él. De hecho así lo constataba la última encuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicada el mes pasado. Un tercio de los hogares españoles desconocen la existencia de esta ayuda social. Este desconocimiento se extiende al funcionamiento del mercado eléctrico en general, uno de los más complejos y que más reformas ha afrontado en los últimos años. El 77% de los consumidores españoles no sabe que existe un mercado regulado y otro libre y el 64% ignora en cuál está, según la última encuesta de la CNMC, publicada el mes pasado.
Desde Ucaragón, Blasco asegura que "la gente desiste muchas veces porque es difícil conseguir toda la documentación y entregarla". En este sentido, Foronda señala el ejemplo de las familias en riesgo de exclusión que por sus bajos ingresos no están obligadas a hacer declaración de renta, pero "para poder solicitar el bono tendrían que hacerla". En estos casos, tienen que esperar "hasta la siguiente declaración" para poder pedir el bono.
"El problema es que no están claros los papeles que hay que adjuntar", afirma. Por ello, desde la asociación pide que se haga "una concesión de forma automática cruzando datos con la Administración".
El bono social es sufragado por las propias eléctricas. El reparto del coste lo fija la CNMC, entre las 254 sociedades y 20 grupos de sociedades que operan como comercializadoras en el sector. Este año se determinó que el 92,7% de la financiación correspondiera a los cinco grandes grupos eléctricos (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol) y el 7,2% restante, a otros grupos y sociedades con actividades de comercialización eléctrica, según los datos de la CNMC.
En 2017, el coste de la financiación del bono social fue de 194 millones de euros, según los datos de la CNMC. Ese año todavía se abonaba a los consumidores que cumplían los requisitos anteriores. En 2018, un año de transición en el que convivieron los dos modelos, el organismo espera que el balance sea "similar".
¿Quién puede solicitar el bono social?
1. Consumidor "vulnerable" (25% de descuento). Su renta o la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca tiene que ser menor o igual a 11.279 euros (1,5 x Iprem de 14 pagas); si hay un menor se eleva a 15.039 euros, dos veces el Iprem y si hay dos menores se sitúa en 18.799 euros, un 2,5 más del citado índice. También si se tiene el título de familia numerosa o el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos en la unidad familiar cobran pensiones públicas mínimas y no perciben otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros. Los límites se incrementan en 3.760 euros si el consumidor o alguno de los familiares tiene discapacidad reconocida igual o superior al 33%, acredite la situación de violencia de género, tenga la condición de víctima de terrorismo, esté en situación de dependencia reconocida de grado II o III y para familias monoparentales.
2. Consumidor "vulnerable severo" (40% de descuento). Quienes perciban una renta anual menor o igual del 50% de los límites anteriores para usuarios vulnerables, incluyendo, si corresponde, el incremento de 3.760 euros. Para las familias numerosas con ingresos menores o iguales a 15.039 euros. Además, si el consumidor o todos los miembros perciben una pensión mínima, no perciben otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros, y su renta anual es igual o menor a 7.520 euros.
3. Consumidor en riesgo de exclusión social. Debe cumplir con los requisitos para ser considerado "vulnerable severo" y, además, "ser atendido por los servicios sociales de una Administración Pública (autonómica o local) que financien al menos el 50% del importe de su factura a PVPC". En caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico.
