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La temporalidad en la Administración alcanza máximos y ya supera a la de las empresas

Un 26,8% de los empleados públicos no dispone de un contrato fijo, lo que eleva la cifra a máximos.

Evolución de la tasa de temporalidad
Evolución de la tasa de temporalidad
HA.

Pese a las advertencias desde diferentes organismos internacionales, como la Comisión Europea o la OCDE, y pese a las medidas implantadas por el Gobierno para luchar contra la precariedad laboral, la temporalidad sigue creciendo. Pero, paradójicamente, solo en la Administración Pública. Ya no se cumple esa máxima de que trabajar para el Estado es un seguro de vida, sino que son muchos, demasiados, más que nunca, los que no saben si mañana seguirán teniendo puesto. Concretamente, casi 863.000 –según los datos del primer trimestre del año de la última EPA–, que esperan con cierta esperanza una sentencia desde el Tribunal Europeo que podría llegar en septiembre u octubre y que, de ser favorable, los puede convertir automáticamente en funcionarios de carrera.

Se trata de una cifra histórica, que nunca se había alcanzado, y lleva a su vez la tasa de temporalidad también a máximos: un 26,8% de los más de 3,2 millones de empleados públicos son eventuales, un nivel que solo se superó en 2006, cuando se llegó a sobrepasar el 27%, y que supera ya a la que hay en la empresa privada (25,6%), algo que solo había ocurrido otra vez en 2009. Porque curiosamente el nivel de eventualidad del sector público y del privado evoluciona últimamente de forma inversa. En el primero tocó mínimos en 2013, cuando cayó hasta el 19% tras los fuertes recortes que dejaron apenas 2,9 millones de trabajadores públicos, y desde entonces, y ya con la recuperación, se ha impulsado con fuerza, de forma ininterrumpida: ha crecido nueve puntos hasta el 26,8%, lo que supone 1,2 puntos porcentuales más que la que hay en las empresas, que, por el contrario, desde el tercer trimestre de 2017 ha disminuido en más de 2,5 puntos.

A la vista de estos datos, de poco ha servido que los sindicatos acordaran con el anterior ministro del ramo, Cristóbal Montoro, sacar a concurso 250.000 plazas en todo el país entre 2017 y 2020, y en los dos últimos años se hayan aprobado sendas macro ofertas históricas para paliar los recortes de la crisis. Pese a ello, desde que se tocó fondo en 2013, se han ganado más de 304.000 empleos públicos, pero de ellos, más de 284.000 son eventuales, lo que supone un 93%, por lo que difícilmente se puede lograr rebajar la tasa al 8%, tal y como se comprometió el Gobierno.

Sanidad y Correos, en cabeza

Además, la temporalidad se dispara en colectivos más vulnerables: se eleva al 31% entre las mujeres (mientras disminuye al 21,6% en los hombres) y supera el 77% entre los jóvenes menores de 30 años, lo que triplica la media del empleo público. De igual manera, varía mucho por sectores. La Sanidad es donde existe un nivel de eventualidad más elevado, hasta el punto de que afecta al 37% de los trabajadores públicos. Así, de los más de 645.000 ocupados con que cuenta, casi 240.000 son interinos, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) recopilados por CC. OO. Prácticamente el mismo nivel que en Correos, donde de los 51.000 empleados, 19.000 no tienen contrato fijo (un 37,2%).

En Educación, sin embargo, la temporalidad se sitúa por debajo de la media de la Administración, aunque aún así más de uno de cada cuatro profesores son interinos (un 26,1%): más de 216.000 de los 827.000 educadores del sector públicos. También uno de cada cuatro trabajadores de Justicia son eventuales, así como entre el personal de orden público y seguridad, protección civil y defensa.

Peor nivel tiene lo que la EPA califica como ‘Otros servicios y actividades’ y donde se incluyen trabajos tan variopintos como bibliotecarios, jardineros, conductores, personal de limpieza, etc.; aquí la eventualidad escala hasta el 31%. Se queda en el 25% en las actividades relacionadas con la Administración Pública y Seguridad Social.

El vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias, pide al Gobierno que agilice de forma urgente las ofertas de empleo público y estabilice las plazas interinas, al tiempo que reclama un plan de recursos humano para afrontar la avalancha de jubilaciones que se van a producir, que elimine la tasa de reposición y refuerce las plantillas, ya que todavía se arrastra un déficit de 95.000 empleos.

Desde Asempleo, la patronal de las ETT, ponen de relieve que "pese a toda la presión que ha tenido la Administración Pública con los interinos y con el debate tan en primera línea que hay de la gestión de la temporalidad, la tasa de asalariados temporales es muy elevada". Por ello, sostienen que precisa de "un ajuste responsable", pero también de "un esfuerzo por parte de la Administración para colaborar de una manera real y eficiente con el sector privado, y en este caso, con las empresas de trabajo temporal".

Navarra y País Vasco se sitúan a la cabeza y el nivel de precariedad de los contratos con la Administración se eleva hasta el 37% y el 35,4%, respectivamente. En el lado contrario se sitúa La Rioja donde ocho de cada diez empleados de la Administración son fijos.

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