Economía

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Multa millonaria a empresas lácteas españolas por pactar los precios de la leche

Competencia les acusa de coordinar información para conseguir un producto más barato, impidiendo que los ganaderos pudieran establecer sus propias tarifas. Las organizaciones agrarias temen que la sanción recaiga sobre un sector en el la crisis de precios ha llevado al cierre a cientos de explotaciones.

Una explotación ganadera de vacuno de leche en Aragón
Una explotación ganadera de vacuno de leche en Aragón
Guillermo Mestre

Los ganaderos de vacuno de leche llevan años denunciando los “precios de ruina” que reciben especialmente desde que se liberalizó el mercado y dejaron de tener efectos las llamadas cuotas lácteas (un máximo de producción). Una situación que ha llevado al cierre a miles de explotaciones y de la que las organizaciones agrarias responsabilizaban a la industria láctea.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) les ha dado ahora la razón confirmando una sanción millonaria a la que tendrán que hacer frente ocho empresas y dos asociaciones del sector lácteo a las que acusa de haber pactado precios (a la baja). La cuantía de la multa se eleva a 80,6 millones de euros que tendrán que desembolsar firmar tan conocidas como Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), sancionada con 21,8 millones de euros; Danone, con 20,2; Lactalis Iberia, con 11,7; Industrias Lácteas de Granada (Puleva), que deberá pagar 10,2 millones; Calidad Pascual, con 8,5 millones o Nestlé, con 6,8 millones. A ellas se suman Schreiber Food España, Central Lechera Galicia, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña. En las mismas conductas delictivas, explican desde la CNMC participaron también Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, aunque en estos casos “la infracción ha prescrito”.

La decisión de la CNMC es demoledora y deja claro que las empresas sancionadas “dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían las empresas transformadoras a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de éstos, o la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo”. Una conducta “anticompetitiva que infringen la legislación de competencia”, que impedía que los productores proveedores pudieran establecer sus propias tarifas y dificultando la competencia.

Estas prácticas, con las que los infractores intercambiaban información, tanto a nivel regional como nacional, tanto de los precios de compra de la leche cruda de vaca como de los volúmenes de compra de ganaderos y los excedentes de leche, fueron una práctica habitual durante los años 2000 y 2013 y que fueron denunciados por una asociación de pequeños agricultores de Castilla y León.

Según ha señalado el organismo inspector en un comunicado, queda certificado que los productores de leche y derivados se aseguraban el control del mercado ganadero y extendían su control sobre la cadena de venta, limitando la pugna y encareciendo el suministro final. De hecho, ha detallado la CNMC, durante la investigación se han encontrado pruebas sobre reuniones y conversaciones que certifican el intercambio de información. “Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales”, ha puntualizado dicho organismo.

Con su dictamen Compentencia evidencia el poder que tiene la industria láctea sobre el atomizado sector ganadero e incluso destaca el impacto que estas prácticas supusieron para dicho sector. “Los acuerdos agravaron la situación en un mercado ya de por si concentrado desde la perspectiva de la demanda, donde existe un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea”, apunta el comunicado de la CNMC.

Contra dicha resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

"Sentimientos encontrados"

A las organizaciones agrarias no les ha pillado por sorpresa la multa impuesta a las industrias lácteas, ni que Competencia les acuse directamente de distorsionar el mercado. Aseguran que llevan años denunciando estas prácticas que tienen contra las cuerdas a un sector que en el que es continuo el goteo de cierre de granjas.

Desde UPA han manifestado este lunes que tienen “sentimientos encontrados” respecto a la decisión de la CNMC. Están satisfechos, si, “pues siempre es agradable tener razón”, pero temen a la vez que las empresas sancionadas repercutan ahora la sanción en los precios pagados a sus proveedores: los ganaderos.

“Ha quedado de sobra demostrado que todas las empresas lácteas de España se ponían de acuerdo para mantener hundidos los precios que percibían los ganaderos”, ha dicho la organización agraria, que ha insistido en que mientras las empresas “usan a sus ganaderos” en campañas de publicidad para blanquear su imagen, “por detrás nos dan puñaladas traperas”.

Ante esta situación, UPA ha pedido que tanto Competencia, como el Ministerio de Agricultura -en especial la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)- “vigilen ahora muy de cerca al cártel lácteo para que no repercutan la multa en los más débiles: los ganaderos y ganaderas, o incluso los consumidores”. Y ha exigido a las industrias sancionadas “que se dejen de recursos” y asuman la multa, cuyo importe, han reclamado, tendría que destinarse íntegramente a ayudar al sector ganadero en la situación de “crisis profunda” en la que se encuentra, así como a luchar contra la despoblación.

Goteo incesante de cierres

La organización agraria ha recordado que unos precios hundidos en origen, una dependencia extrema de los ganaderos a las industrias y la falta de poder negociador de los productores, son el explosivo cóctel que aún hoy está provocando “una realidad dramática”, 840 granjas de vacuno de leche han cerrado en España en el último año.

Aunque en Aragón la presencia del vacuno de leche no es tan destacada (en número de explotaciones) a la que registra la cornisa cantábrica y especialmente la comunidad gallega, la situación no es indiferente para los ganaderos de la región, que comparten las dificultades de un sector marcado por la falta de rentabilidad. De hecho, en 2018, Aragón se convirtió en la Comunidad que registró el precio en origen más bajo de todo el año en España: fue en el mes de mayo y la cotización se situó en los 0,300 euros/litro.

Las grandes empresas lácteas recurrirán la sanción

Las empresas lácteas Capsa, Danone, Lactalis, Puleva, Calidad Pascual y Nestlé recurrirán esta sanción. Fuentes oficiales de las cinco compañías -Puleva pertenece al grupo Lactalis- han confirmado este lunes que presentarán recurso ante la Audiencia Nacional, que ya estimó parcialmente una de sus demandas en 2018 por "defectos" de forma.

La decisión judicial, de hecho, llevó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a revisar el procedimiento para cumplir con la sentencia, en la que el tribunal ordenaba retrotraer el proceso hasta abril de 2014. Una vez aplicada la sentencia, la CNMC informó el viernes de que el importe de las sanciones baja de 88 a 80 millones de euros, ya que la duración de algunas de las conductas castigadas era más corta. Todas coinciden en su disconformidad con el criterio de Competencia y en que no infringieron la normativa.

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