El último Barómetro del Turismo Rural en España, que estudia la situación del sector a nivel nacional, revela una positiva valoración de los alojamientos de esta naturaleza en Aragón. Los viajeros califican a la comunidad con un 4,5 sobre 5, lo que la eleva a la tercera posición, mismo puesto que ocupa Zaragoza si se pone el foco a nivel provincial. La comunidad aragonesa es además una de las opciones más económicas, con una media de 25,33 euros por noche, lejos de los 57,5 euros que se pagan de media en las Islas Baleares.

El IX informe, publicado por el portal clubrural.com, analiza que los viajeros califican la red de establecimientos rurales españoles con una nota media de 4,3 sobre 5, lo que certifica la alta calidad del sector, al tiempo que augura un diagnóstico positivo de cara al futuro. Esta valoración se extrae de seis criterios de la mano del turista: relación calidad-precio, satisfacción por el trato recibido, estado de las instalaciones, limpieza, confort y localización.

Los mejores, en Baleares

Los alojamientos rurales mejor valorados son los que están localizados en las Islas Baleares, con una puntuación de 4,7 sobre 5. A estos les siguen los de Asturias, con un 4,6. Y, por detrás, empatados con un 4,5, se sitúan Aragón, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha. En el lado contrario de la tabla, los establecimientos murcianos no superan el 3,9. Ligeramente por encima, con un 4, se encuentra Extremadura, mientras que Galicia, Comunidad Valenciana e Islas Canarias se quedan en un 4,1.

Las provincias que mejor nota media obtienen son Lugo y León, empatadas con un altísimo 4,9, a las que les siguen Zaragoza y Mallorca, con un 4,75. En la cola de la clasificación se encuentran Alicante, con un 3,4, y Sevilla, con un 3,6.

Una ley "intervencionista"

El Gobierno de Aragón espera aprobar a finales de este año la futura normativa de ordenación de las casas rurales aragonesas. Un reglamento que fue calificado el pasado mes de noviembre por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y Competencia) de "intervencionista", en un informe encargado por el propio Ejecutivo autonómico. En el documento, el organismo se pronunció sobre las implicaciones que tendrá el reglamento tanto para la competencia efectiva como para la regulación económica. En este sentido, entiende que el texto es "más restrictivo que el anterior". Y alerta de que las exigencias, pese a haber sido rebajadas el pasado mayo, son excesivas, como el hecho de que estas edificaciones deban estar ubicadas en núcleos de menos de 2.000 habitantes, algo que no se corresponde con la organización territorial de Aragón.

En el proyecto de Real Decreto, la DGA introduce nuevas condiciones obligatorias que incrementan los costes de acceso al mercado y ejercicio de la actividad, lo cual puede distorsionar la competencia, indica el informe. "Es una norma más intervencionista e impone requisitos que no están justificados bajo razones de interés público -apunta-. Existen mecanismos alternativos, como la autorregulación a través de las plataformas de valoración por los usuarios o el suministro de más información a los clientes a la hora de contratar los servicios".