Los tres catedráticos de la Universidad Carlos III de Madrid fichados por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato han insistido este jueves en que las cuentas de la entidad, tanto las de su salida a bolsa como las de su constitución y las posteriores, reflejaron escrupulosamente su imagen fiel.

Tanto es así que, en opinión de Juan Manuel García Lara, Miguel Ángel Tapia y Juan Zornoza, las últimas cuentas de Rato, que dieron unos beneficios de 309 millones, no debieron ser reformuladas después por su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, cuando esa cifra se tradujo en unas pérdidas de 2.979 millones.

No obstante, aunque no era necesaria, esa reformulación no supone ningún reproche ni contraviene ninguna norma contable, han explicado los profesores a preguntas del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Según han informado fuentes jurídicas presentes en la ratificación de su informe, los tres profesores designados por la Universidad Carlos III han reiterado que, en el momento en que se presentaron esos estados financieros, recogían escrupulosamente la situación de la entidad.

Lo que no han evaluado es si los 22.000 millones de rescate que terminó recibiendo la entidad tras la salida de Rato fueron excesivos ya que, han alegado, no era objeto de su pericia, delimitada exclusivamente a analizar las cuentas de Bankia.

En contra de lo mantenido por los dos peritos designados por el Banco de España, que pusieron en tela de juicio el debut bursátil del banco, incluyendo sus estados financieros, los tres catedráticos consideran que expresaban la verdadera situación de Bankia.

Si los expertos judiciales llegaron a esa conclusión, es porque aplicaron un "inadmisible" sesgo restrospectivo, ya que redactaron su informe pericial conociendo el desenlace de la crisis de Bankia y sin tener en cuenta todos los acontecimientos económicos que se desencadenaron en la primavera de 2012, según la fuente.

Asimismo, a los catedráticos se les ha preguntado por el motivo por el que Deloitte no emitió ningún informe de auditoría respecto a las últimas cuentas de la época de Rato, a lo que han respondido que, si la firma no cumplió con su obligación legal de advertir de cualquier irregularidad, es responsabilidad suya.

En todo caso, esas cifras, como todas las demás, se ajustaron a la normativa contable, y los antiguos administradores de Bankia fueron más allá incluso de las exigencias del Banco de España en esta materia, añaden.

De esta forma, y en respuesta a los abogados de las defensas de los imputados, se han referido al "criterio técnico" del supervisor que se aportó a la causa la semana pasada y que da por buena la normativa contable empleada por Bankia en la era Rato.

Lara, Tapia y Zornoza creen que su salida al parqué se produjo también con escrupuloso respeto a las exigencias normativas y con un folleto que reunía la información necesaria y suficiente para que los potenciales inversores pudieran tomar sus decisiones.

Algunos de esos inversores que acudieron a la salida a bolsa y que están personados en la causa han pedido este jueves al juez que aumente la fianza de 33,5 millones que ya pagaron el grupo BFA-Bankia y cuatro miembros de su excúpula, entre ellos el propio Rato.

Ha sido durante la vista tras la comparecencia de los catedráticos de la Carlos III, en la que la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), que representa a más de 1.000 afectados, ha exigido que la cifra ascienda hasta 3.300 millones.

Esa cuantía incluye los 3.092 millones que Bankia colocó el día de su debut bursátil más una parte del tercio legal que la ley permite añadir en el cálculo de las responsabilidades civiles.

La asociación ha presentado esta solicitud a pesar de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya dejó claro que la fianza a imponer debía ceñirse a lo que pidieran los accionistas que forman parte de este procedimiento, de ahí que redujera a 33,5 millones los 800 millones que en un principio había dictaminado el instructor.

Al hacerlo, sin embargo, los magistrados alertaban de que la fianza del "caso Bankia" está sujeta a una "permanente modificabilidad" ante la posibilidad de que se personaran nuevos accionistas, como así ha venido ocurriendo desde que se estableciera esta medida cautelar.