Aragón confirma al Ministerio de Hacienda que se adhiere al Fondo de Facilidad Financiera

Accede a un volumen de fondos de 394 millones, que destinará a agilizar el pago a los proveedores.

Javier Campoy, consejero de Hacienda
Aragón confirma al Ministerio de Hacienda que se adhiere al Fondo de Facilidad Financiera
G. Mestre

El Gobierno de Aragón ha remitido un escrito oficial al Ministerio de Hacienda en el que manifiesta su conformidad con la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera, con el que pretende mejorar el plazo de pago a proveedores y ahorrar gastos financieros.


El Departamento de Hacienda del Gobierno aragonés ha remitido al Ministerio la documentación necesaria, con sus previsiones de financiación para este ejercicio que, una vez validada, supondría la respuesta afirmativa del Gobierno central y quedaría pendiente la aprobación del Gobierno de Aragón en Consejo de Gobierno.


Precisamente en la última reunión de este Consejo, celebrada el pasado martes, se dio el visto bueno a esta adhesión.


Fuentes del Ejecutivo aragonés han indicado en un comunicado que el acuerdo será efectivo para este ejercicio 2015 y que el Fondo tiene un horizonte de tres anualidades, si bien serán las propias comunidades la que voluntariamente podrán renovar su adhesión en 2016 y 2017.


El Fondo de Facilidad Financiera resultará beneficioso para las arcas autonómicas ya que, a diferencia del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), no conlleva ningún condicionante negativo, según ha comprobado el ejecutivo aragonés tras evaluar la documentación aportada por el ministerio y las condiciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 30 de diciembre.


Con su participación en este fondo, el Gobierno de Aragón accede a un volumen de fondos adicional de 394 millones de euros, que destinará íntegramente a agilizar el pago a los proveedores, y podrá beneficiarse de un ahorro de gastos financieros que podría aproximarse a 17 millones este año, ya que el Fondo ofrece financiación al 0 % de interés.


Además, Aragón tendría como beneficios añadidos, según las citadas fuentes, la condonación de 35 millones de euros que debería pagar al Gobierno de España por la anualidad de 2015 correspondiente a la deuda de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009 (como resultado de los errores de cálculo en las entregas a cuenta de la financiación autonómica de esos ejercicios), y el aplazamiento a diez años, sin intereses, de 56 millones de la liquidación negativa de 2013.