Aragón es la segunda comunidad que menos ha reducido su entramado

Aragón sigue a la cola de las autonomías en la reducción de su entramado de entidades públicas, que incluye empresas, fundaciones, consorcios... Después de tres años de procesos de extinción, fusión o desvinculación, según el último informe de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al inicio de 2015 ocupaba el penúltimo lugar tanto en el ahorro generado por las medidas aplicadas como en la rebaja de plantillas, solo por delante de La Rioja (no se computan las entidades dependientes del País Vasco y Extremadura no envió los datos correspondientes).

El plan de reestructuración, que pretendía mejorar la eficiencia y reducir el gasto público, se puso en marcha en 2012, poco después de que el Gobierno PP-PAR liderado por Luisa Fernanda Rudi llegara al Pignatelli. De los 116 entes registrados en el inventario con el que trabaja Madrid, la DGA se comprometió en un principio a eliminar 16, y a fecha del pasado 1 de enero se había conseguido en 15 casos, mientras que otros 12 estaban en fases muy próximas a la extinción, con lo que el cómputo global que hace el Ministerio de Cristóbal Montoro recoge 27.

Pero hay que tener en cuenta que las autonomías ampliaron durante el proceso sus objetivos de ajuste, que en el caso de Aragón llegaban a plantear actuar sobre un total de 31 entidades. Ello supone que al inicio de este año no se había logrado alcanzar la cifra propuesta. De esta forma, el ahorro estimado en el periodo 2011-2015 gracias a las medidas para rebajar el gasto y a la reducción en nóminas se cifra en 74,8 millones.

Del total de trabajadores afectados, 121 (su coste anual era de 4,2 millones) lo fueron por la extinción de entes y otros 83, por la reestructuración acometida en 29 de los que mantienen su actividad. En estos casos se han recurrido a la amortización de cargos públicos, los ajustes en las plantillas, la bajada de salarios, los recortes en dietas, los traslados de sedes para evitar el pago de alquileres... Se estima que estas medidas han permitido ahorrar casi 67,2 millones desde el inicio del proceso (7,1 anuales en personal).

Únicamente La Rioja, que redujo su plantilla en 74 personas y rebajó sus costes en 33 millones, se sitúa por debajo de Aragón en el ranquin de comunidades. Eso sí, al inicio solo tenía 29 organismos, frente a los 116 aragoneses.

No obstante, el anterior Gobierno autonómico defendió que la reducción efectiva había sido mayor, ya que alegaba que no todas las entidades eliminadas estaban en el listado que maneja el Ministerio de Hacienda. El año pasado la DGA aseguraba haber actuado ya sobre 42.

El objetivo del nuevo Ejecutivo PSOE-CHA, explicaron fuentes oficiales, es "profundizar" en el redimensionamiento del sector público autonómico, aunque de momento todavía se está estudiando qué entidades podrían ser extinguidas o fusionadas entre sí. Hasta ahora, solo ha trascendido la intención de eliminar la Fundación para el Desarrollo de la Observación de la Tierra, dedicada a la investigación y la transferencia de resultados al ámbito institucional y empresarial. Además, se ha decidido unificar la gerencia de las cuatro plataformas logísticas aragonesas.