El proyecto para crear una tasa a las transacciones en varios países europeos está perdiendo fuerza y se encontró con una gran oposición de los socios que no participarán en la iniciativa, que temen el impacto que tendrá sobre sus economías y critican la "falta de transparencia" del proceso.

"Ya no somos once, sino diez", dijo el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en referencia a la decisión de Eslovenia de no firmar la declaración de hoy del grupo "por cuestiones políticas", explicaron fuentes comunitarias.

La primera ministra eslovena, Alenka Bratusek, ha dimitido tras poco más de un año en el poder por la crisis abierta en la coalición de centro izquierda y el país tendrá que celebrar elecciones.

Sin embargo, el que Eslovenia no haya firmado la declaración no supone que quede fuera del proceso y "no hay conversaciones en este sentido", según las mismas fuentes.

Dichas fuentes indicaron que si un miembro decidiera abandonar definitivamente el proyecto habría que modificar la autorización inicial que permitió la puesta en marcha del proyecto a once.

Los diez países restantes -España, Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Portugal, Grecia, Eslovaquia, Italia y Estonia- presentaron una declaración de compromiso en el que se establece "una aplicación progresiva del impuesto" que "se centrará primero en la tributación de las acciones y algunos derivados" a partir de 2016.

Dejan no obstante la puerta abierta a que los países que lo quieran graven otros productos desde el principio. Sin embargo, el grupo fue duramente criticado por sus socios europeos, que les acusaron de "falta de transparencia" en el proceso y exigieron que se analice en profundidad el impacto que la medida puede tener sobre sus economías.

"El acuerdo era que a cambio (de permitir a los once avanzar por su cuenta) los otros estados miembros deberían ser incluidos en las discusiones", recalcó el ministro británico, George Osborne, quien criticó a sus socios por mantener las negociaciones en "secreto".

En la escueta declaración publicada hoy, los diez socios afirman que su enfoque gradual es "esencial" para asegurar que cada paso tenga debidamente en cuenta el impacto económico, pero no convencieron a sus socios.

"Nuestra preocupación es que la tasa tenga un impacto extraterritorial dañino", señaló Osborne, quien aseguró que "no dudaremos en recurrir una tasa que tenga efectos extraterritoriales, que dañe al Reino Unido".

"Estoy muy decepcionado con el proceso", afirmó el titular sueco, Anders Borg, cuyo país tenía la tasa en los años 90, y criticó la falta de "cálculos" y "consultas" con los países que se mantienen al margen, motivo que podría llevar al país a unirse a

Londres en su batalla judicial contra la medida. "No apoyamos al Reino Unido en un inicio con su proceso legal y estamos ahora más cerca de hacerlo porque no estamos satisfechos con el proceso" para crear la tasa, avisó Borg. "Esta es una cuestión muy relevante para todos los estados miembros, participantes o no, pero el proceso no es transparente", lamentó la ministra danesa, Margrethe Vestager.

El ministro holandés de Finanzas y presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, también mostró su descontento y señaló que su país estaba considerando unirse a la Tasa Tobin, pero que su gobierno no podrá considerar dar este paso sobre la base de la escueta información compartida por el grupo.

Por su parte, Francia, Alemania y España mostraron su compresión ante las reclamaciones de sus colegas, pero recordaron que si se optó precisamente por acudir a una cooperación reforzada fue para avanzar y no seguir estancados en discusiones ante la falta de consenso en la Unión Europea (UE).

El titular alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, pidió a sus socios "cooperación" para seguir adelante con la iniciativa y recalcó que es necesario seguir avanzando.

"No tenemos nada decidido, solo hemos acordado una posición política mínima, y estamos de acuerdo en que necesitamos un análisis robusto de los servicios legales. No queremos ofender a nadie, pero tenemos que avanzar", enfatizó.

Los países no aclaran qué derivados en concreto serán gravados, tampoco la tasa impositiva ni si se aplicará la tasa en función del principio de emisión o de residencia.