Detectados en Aragón 415 alojamientos turísticos ilegales

Los servicios provinciales de Turismo del Gobierno de Aragón han detectado 415 casas rurales y apartamentos ilegales en la Comunidad. La campaña puesta en marcha a mediados de este año para rastrear en internet posibles alojamientos ilegales está dando sus frutos. En total, hay 250 casas rurales y 165 apartamentos turísticos no inscritos en el registro de Turismo de Aragón. Además, se han localizado establecimientos que sí están registrados, pero han modificado sus características sin haber procedido a su declaración. Se trata fundamentalmente de la ampliación de la oferta de plazas sin comunicarlo.

Y ¿qué ocurre a partir de ahora? En el caso de las casas rurales que o bien no están inscritas o bien han modificado sus condiciones, se dará traslado de las irregularidades a las comarcas, que son las que tienen las competencias. Se les enviará una carta a los inspectores comarcales para que actúen e impongan las sanciones correspondientes. La Ley de Turismo de Aragón incluye distintas medidas sancionadoras: multa económica, apercibimiento, suspensión de la actividad turística o clausura durante un plazo de hasta un año y revocación del permiso turístico.

Pero también se pueden imponer otras medidas sin necesidad de incoar un expediente sancionador: la clausura del establecimiento que carezca de autorización turística o, en su caso, cuya apertura no haya sido declarada al órgano competente; o la suspensión del ejercicio de las actividades que, en su caso, pueda decidirse hasta el momento en que se obtenga la autorización turística o se formalice la declaración responsable.

Respecto a los apartamentos turísticos, el proceso será distinto. Primero, se iniciará un procedimiento de regularización, en el que se informará de la situación a los titulares y se les otorgará un plazo para formalizar la oportuna declaración responsable. Si no hay respuesta, se incoará el correspondiente expediente sancionador con la aplicación de algunas de las medidas antes mencionadas.

Tendrán prioridad los establecimientos que puedan regularizarse como bloques o apartamentos turísticos, que están incluidos en el reglamento que aprobó en octubre el Gobierno de Aragón. Esta normativa especifica los requisitos técnicos y obligaciones, como por ejemplo, los servicios mínimos que deben prestar y las categorías y la capacidad que deberán tener en función del número de dormitorios dobles o individuales. Estos alojamientos tienen cinco años para adaptarse. Hay, en Aragón, 317 que ofertan 5.473 plazas.

En una segunda fase, podrán normalizar su situación las viviendas de particulares que se destina a uso turístico. Esta nueva catalogación se regulará en un decreto que la Dirección General de Turismo está ultimando con el objetivo de que esté aprobado en el primer trimestre de 2014.

Afectará a todas esas viviendas que son ofertadas por particulares pero sin ajustarse a ninguna normativa. Normalmente se ofrecen en portales de internet o soportes publicitarios. Y se concentran fundamentalmente en el Pirineo aragonés y en Teruel, aunque también se ha detectado oferta en Zaragoza capital en determinados periodos del año como el Pilar.

Se considerarán, con el nuevo reglamento, 'viviendas de uso turístico', aquellas que "sean cedidas de modo temporal por sus propietarios, directa o indirectamente, a terceros, amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato, comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística y con una finalidad lucrativa, de acuerdo con los límites y las características que se determinen reglamentariamente".

La directora general de Turismo, Elena Allué, recordó las dificultades para detectar este tipo de apartamentos turísticos ilegales. "Los que no se comercializan en internet es complicado localizarlos. Hay muchos particulares que ponen un cartel o que se anuncian en la red sin poner sus datos", explicó. La Dirección General de Turismo ultima ya este decreto que regulará este tipo de alojamientos y obligará a los particulares que alquilen su casa para turistas a incluirlas en un registro. "El objetivo es regular un sector que estaba en una laguna legal, aflorar la economía sumergida, garantizar que las condiciones que se dan a los turistas sean óptimas y tener un registro del número de pernoctaciones que se están produciendo en viviendas particulares", argumentó Elena Allué.

El nuevo reglamento obligará a los particulares a firmar una declaración responsable de que cumplen una serie de condiciones de habitabilidad. De no atender esta obligación y la de incluir su vivienda en un registro, el propietario que arriende su casa de forma ilegal, podría enfrentarse a sanciones elevadas y disuasorias.

Dispondrá de tres meses para darse de alta y entre otros requisitos, estos alojamientos deberán disponer de cédula de habitabilidad y que la capacidad de la vivienda se adecúe a este permiso; cumplir la normativa de barreras arquitectónicas, y garantizar el suministro de gas, luz, calefacción y agua caliente y un mobiliario mínimo para alojarse. Además, el propietario, se compromete a dar información a Turismo y por motivos de seguridad a la Policía Local. Los inquilinos también tendrán que cumplir unas exigencias de higiene, orden público o sobre animales, entre otras.

Los servicios de inspección podrán realizar cuantas comprobaciones sean necesarias de estas condiciones así como para detectar viviendas ilegales, y se cruzarán datos con la Agencia Tributaria para que los dueños declaren estos ingresos.

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