El Gobierno ha convertido este viernes en proyecto de ley su reforma para regular el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, que ahora se enviará al Parlamento con la intención de introducir las aportaciones de la oposición y los agentes sociales. La aplicación del factor de sostenibilidad supone adecuar las pensiones a la esperanza de vida de los perceptores.

Se parte de la "idea clave" de que los españoles viven más años (de media se ganan 16 meses de esperanza de vida cada 10 años), por lo que la cuantía de la pensión debe modularse en función del tiempo en que se vaya a recibir.

El factor empezará a funcionar en 2019, se revisará de forma automática cada cinco años, y se aplicará de una sola vez a las nuevas pensiones. Antes (en 2014) entrará en vigor la nueva fórmula de revalorización de las pensiones.

Si la situación económica es mala, las pensiones subirán un 0,25 %, mientras que si es buena, el alza máxima será igual a la variación anual del IPC más un 0,25 %.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la reforma busca garantizar que los pensionistas, pase lo que pase, vean revalorizadas sus pensiones. Otro de sus objetivos es garantizar que los que cotizan hoy puedan cobrar de manera similar su pensión, ha dicho. 

El Gobierno enviará al Parlamento el proyecto de ley para su tramitación. El envío no es el fin del diálogo, ha resaltado la vicepresidenta, quien ha recordado que este empezó el pasado 13 de abril con el nombramiento de un comité de expertos que presentó una primera propuesta para incorporar el factor de sostenibilidad (adecuar las pensiones a la esperanza de vida).

Ha afirmado que ya se han recibido las aportaciones de los sindicatos y de algún grupo político y que el Ministerio de Empleo está comprometido en buscar un punto de acuerdo.

El Gobierno se ha escudado este viernes en el argumento de que la propuesta de reforma está abierta a la negociación para no concretar si el año que viene las pensiones subirán el 0,25 %. Ni Sáenz de Santamaría, ni los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, han querido responder a esa pregunta con una cifra.

Montoro ha indicado que, como otros años, habrá que esperar a conocer la inflación de noviembre-diciembre, aunque ha dicho que la idea es que el alza del IPC acabe el año "como mucho en el 1 %, ya veremos si claramente no por debajo".

Además, con la nueva fórmula propuesta, hay que hacer cálculos porque "condiciona la evolución de las pensiones a las condiciones económicas", ha añadido.

Debido a que el Gobierno ha insistido en que su propuesta de reforma es abierta, Montoro ha resaltado que hay que dejar hablar al Parlamento y recibir las aportaciones e iniciativas de los partidos, al igual que las de los agentes sociales.

Afirmar que la ley conlleva una pérdida de poder adquisitivo es un "error" y supone no confiar en la evolución del país, ha advertido el titular de Hacienda.

Se está haciendo lo mismo que en los países desarrollados y lo que se espera de España, es decir, "limitar la discrecionalidad" de un Gobierno a la hora de fijar la cuantía de las pensiones, según Montoro.

"No vivimos mejor porque suba nuestra renta nominal. Vivimos mejor en un país que tiene más riqueza por distribuir. El sistema público de pensiones es una transferencia de renta entre generaciones y necesitamos crecer para que haya más empleo y más oportunidades para los jóvenes", ha opinado el ministro.

"Este es el esquema que tenemos que alcanzar, y que tiene todo el sentido, y no perseguir inflaciones que afortunadamente van a la baja" ha añadido.

"Pretendemos con nuestras políticas que (la inflación) se quede realmente baja, y salgamos de esa mentalidad inflacionista, en la que por unas décimas de crecimiento de rentas nacionales no aseguras el bienestar de la gente", según Montoro.