Déficit autonómico
La Cámara de Cuentas de Aragón detecta deficiencias en las entidades públicas
El informe señala que el déficit de la comunidad ascendió a 905 millones de euros al finalizar 2011, 464 millones más de lo establecido.
La Cámara de Cuentas de Aragón ha detectado, en su informe de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad de 2011, "algunas deficiencias e irregularidades" en la gestión de las entidades públicas autonómicas, aunque argumenta que éstas han cumplido "razonablemente" la normativa que las regula.
Según informa en un comunicado el organismo fiscalizador, el documento ha sido entregado este miércoles ante la Mesa de las Cortes de Aragón, como paso previo al inicio de su tramitación parlamentaria.
La Cámara de Cuentas argumenta en su escrito que aunque las deficiencias e irregularidades detectadas no afectan de manera "relevante" al cumplimiento de los principios que rigen a su actividad económica-financiera sí que son identificadas en el informe a fin de favorecer la posibilidad de ser corregidas.
Estas deficiencias detectadas hacen referencia a aspectos de legalidad presupuestaria y contable, así como al régimen jurídico del gasto público y de gestión patrimonial.
En cuanto a la situación financiera de la administración de la Comunidad aragonesa, el informe señala que el déficit a 31 de diciembre de 2011 ascendió a 905 millones de euros, 464 por encima del límite establecido.
Aragón tenía fijado un objetivo de estabilidad presupuestaria para 2011 del 1,3 por ciento del PIB regional, pero el déficit se situó finalmente en el 2,4 por ciento.
Por otra parte, la deuda se incrementó en 519 millones de euros respecto a 2010, situándose el endeudamiento financiero total del sector público de la Comunidad a finales de año en 3.887 millones, de los que 3.445 corresponden a la Administración general de Aragón, 381 a la Corporación Pública Empresarial y 51 al resto de entidades.
En relación a la morosidad, el periodo medio de pago continuó deteriorándose y se situó de media en 88 días en cuanto a los gastos corrientes y en 75 en operaciones de inversión.
Sin embargo, en los organismos del sector sanitario la demora llegó a 203 días en gasto corriente y a 137 días en operaciones de inversión.
El informe presta una atención particular al sector institucional y empresarial de la Comunidad, al entender que en él se concentran "mayores riesgos" que en el ámbito administrativo.
