El certificado energético ya es obligatorio para alquilar o vender un piso

Los aragoneses que quieran alquilar o vender un piso ya necesitan obtener el certificado de eficiencia energética, un documento que califica el consumo de un inmueble y que exigirá a sus propietarios “la presentación o puesta a disposición a los compradores o arrendatarios del mismo para los contratos de compraventa o arrendamiento”. Si bien la DGA ya ha reconocido que no llega a tiempo a la fecha para dar curso a este nuevo requisito, lo que no exime al promotor ni al propietario de la obligación de tenerlo. Se trata de un estudio personalizado que podría costar unos 200 euros -varía según el tamaño y características de la vivienda y cada empresa o certificador puede poner su precio- y que otorgará una calificación -entre la A y la G- a los pisos o locales para favorecer la promoción de aquellas con menos gasto de energía.

Hasta ahora, solo las viviendas construidas desde 2007 contaban con este documento, por lo que la norma afectaría a más del 90% de las viviendas de Aragón. Eso sí, solo en caso de que sus propietarios decidan venderla o alquilarla por un periodo superior a cuatro meses, ya que el objetivo es que los interesados en el inmueble conozcan de antemano su rendimiento energético. Según las estimaciones del Gobierno de Aragón, ahora mismo hay unas 20.000 viviendas en venta o alquiler a través de inmobiliarias, por lo que la nueva legislación afectará a miles de aragoneses durante los próximos meses.

Además, aquellos que no cumplan la norma se enfrentarán a sanciones de entre 300 y 6.000 euros, según la gravedad de la infracción. Las sanciones más leves que se contemplan para los propietarios 'desobedientes' -entre 300 y 600 euros- son el hecho de anunciar y publicitar la venta o alquiler de un piso, casa o local sin especificar su calificación energética, no mostrarla en los casos que se requiera o hacerlo sin el formato adecuado o los contenidos mínimos, así como no renovarlo cuando caduque -tiene una vida de 10 años-.

Las graves y muy graves, de 600 a 6.000 euros

Entre las graves, que supondrán multas de entre 601 y 1.000 euros, se incluyen infracciones como el incumplimiento del procedimiento para la certificación o no presentar el documento en el registro que tiene que crear el Gobierno de Aragón. También se sancionará con estas cantidades a quienes exhiban una etiqueta que no se corresponda con el certificado real o vendan o alquilen un inmueble sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.

Por último, las muy graves oscilarán entre los 1.001 y los 6.000, aunque podrían incluso superar esta cantidad si se considera que el beneficio obtenido con la infracción es todavía mayor que la multa. En este apartado se incluyen falsear la información en la expedición o registro de los certificados, actuar como técnico certificador sin estar habilitado o publicitar inmuebles con una certificación que no esté respaldada por un certificado en vigor debidamente registrado.