Multas de hasta 6.000 euros por vender o alquilar un piso sin certificado energético

Los aragoneses que quieran alquilar o vender un piso a partir del próximo 1 de junio deberán obtener el certificado de eficiencia energética o se enfrentarán a sanciones de entre 300 y 6.000 euros. El Gobierno todavía no ha hecho pública la cuantía de las multas de forma oficial, pero sí las ha incluido en una enmienda al proyecto de ley de Rehabilitación, en el que pone precio a las infracciones según su gravedad. De esta forma, todos los propietarios de viviendas tendrán que encargar este estudio de las características energéticas del inmueble, que costará alrededor de 200 euros, aunque el precio es libre -lo determinará el mercado- y podría variar en función del tamaño y las características de la vivienda o local.

Esta nueva directiva europea que el Gobierno debe implantar en España afectaría a todos los inmuebles anteriores a 2007, año en que comenzó a ser obligatorio incluirlo en el proyecto, lo que supone que más del 90% de las viviendas de Aragón deberán contar con el certificado para ser vendidas o alquiladas por un periodo superior a cuatro meses. Según datos del Ejecutivo autonómico, ahora mismo afectaría a unos 20.000 inmuebles en la Comunidad.

Este estudio otorgará una calificación -entre la A y la G- a las viviendas en función de sus características para favorecer la promoción de aquellas con menos consumo y las inversiones en ahorro de energía, ya que la nota que obtenga cada inmueble deberá aparecer en los anuncios de venta o alquiler y ser entregada a los compradores o inquilinos. Aquellos que no cumplan la directiva se enfrentarán a multas considerables, que variarán dependiendo de la gravedad de la infracción.

Entre 300 y 6.000 euros

Para los propietarios, las sanciones más leves que se contemplan -entre 300 y 600 euros- son el hecho de anunciar y publicitar la venta o alquiler de un piso, casa o local sin especificar su calificación energética, no mostrarla en los casos que se requiera o hacerlo sin el formato adecuado o los contenidos mínimos, así como no renovarlo cuando caduque -tiene una vida de 10 años-.

Entre las graves, que supondrán multas de entre 601 y 1.000 euros, se incluyen infracciones como el incumplimiento del procedimiento para la certificación o no presentar el documento en el registro que ya está creando el Gobierno de Aragón. También se sancionará con estas cantidades a quienes exhiban una etiqueta que no se corresponda con el certificado real o vendan o alquilen un inmueble sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.

Por último, las muy graves oscilarán entre los 1.001 y los 6.000, aunque podrían incluso superar esta cantidad si se considera que el beneficio obtenido con la infracción es todavía mayor que la multa. En este apartado se incluyen falsear la información en la expedición o registro de los certificados, actuar como técnico certificador sin estar habilitado o publicitar inmuebles con una certificación que no esté respaldada por un certificado en vigor debidamente registrado.