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El exfutbolista Borja Fernández estalla por el caso Oikos y la Justicia le responde
Después de que el jugador llamase “mierdas” a los jueces de Valladolid por el registro de su domicilio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha manifestado que actuó a petición del juzgado de Huesca.
A la espera de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca manifieste su decisión respecto a la apertura o no de un juicio oral después de que el mes pasado diese por finalizada la instrucción, el caso Oikos -en el que continúa metida de lleno la SD Huesca- sigue generando capítulos. El último han sido las acusaciones vertidas a través de las redes sociales por el exfutbolista Borja Fernández en las que califica de “mierdas” a los jueces de Valladolid, por el registro al que fue sometido su domicilio al inicio de la operación en 2019 y que han sido respondidas por el Tribunal de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) defendiendo que sus actuaciones se realizaron a petición del juzgado de Huesca.
El que fuese jugador del Valladolid fue detenido como uno de los supuestos implicados en una red de amaños y apuestas ilegales en relación con las sospechas que habían recaído en el partido Real Valladolid-Valencia de la 2018-19 e incluso pasó tres días en el calabozo. Año y medio después quedó libre de toda sospecha y él solicitó en cambio encausar a los policías de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF que le habían detenido, petición que ha sido rechazada y que ha provocado su enfado.
“Puedes entrar en un domicilio en tres situaciones, por un delito flagrante, si alguien mayor de edad te da permiso o si tienes orden judicial. Ninguna de las tres se daba aquel día”, expone. “Os abrió mi hija de 16 años, vio a quince policías y dijo pasen, pasen. Yo también lo hubiera hecho aún siendo mayor de edad, pero no era yo quien estaba en la puerta. Eso os hubiera dado una excusa para poder pasar, pero sabíais que no, porque teníais un papelito para que pudiera firmar la custodia de mi hija mientras estuviera en el calabozo o en comisaria declarando”, relata.
“Lo peor de todo es que este grupo de la UDEF actuó mal adrede, sabían lo que hacían. El informe policial está manipulado por todos los lados. Estos tres jueces de Valladolid les protegen. Policías y abogados que he consultado no se creen que fuera así. Por otro lado, me decían que se les iba a caer el pelo y que se iba a ganar claramente porque violaron mis derechos. Te gastas pasta en abogados, dejas de ganar dinero en una carrera, sufres, pasas tres noches en el calabozo de una forma ilegal y llegan unos jueces y dicen que no hay delito. Que no pasa nada. Que pueden vulnerar mis derechos. Estoy bastante ‘jodido’”, añade.
Ante esto, el TSJCyL aclara que “el Juzgado de Instrucción 5 de Huesca, encargado de la investigación, dictó en mayo de 2019 auto ordenando la entrada y registro de la vivienda del investigado y, para la ejecución de esa entrada y registro, solicitó el auxilio de los juzgados de Valladolid”. La petición de cooperación judicial recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid y en aquel momento (27 de mayo de 2019) las diligencias estaban declaradas "secretas" por el juzgado de Huesca, por lo que el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid "recibió una copia de la parte dispositiva del auto en la que se ordenaba la entrada y registro", se precisa.
