La instrucción del caso Oikos da sus últimos pasos. Este viernes ha expirado la prórroga de seis meses que decretó el pasado mes de enero la magistrada Alicia Bustillo, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca, y en los próximos días la jueza deberá determinar si se acuerda una nueva prórroga, como ha solicitado la Liga de Fútbol Profesional (LFP), o se cierra la instrucción. Ante esta segunda posibilidad caben dos vías: o el archivo y sobreseimiento de la causa o la apertura de juicio oral.

El representante legal de la LFP ha solicitado en los últimos días una nueva prórroga, de tres meses de duración, para cerrar la investigación abierta en torno a unos presuntos pagos sin justificar realizados por la SD Huesca por un importe de 50.813 euros para la ejecución de obras en el estadio de El Alcoraz. En su escrito, este letrado recuerda que pese al vencimiento de la prórroga quedan diligencias judiciales pendientes de llevar a cabo, derivadas del contenido del informe pericial que detecta los referidos pagos sin justificar, “en perjuicio del patrimonio de la Sociedad Deportiva Huesca y de sus accionistas”.

La jueza ha pedido a las defensas de los investigados una respuesta a la solicitud de la prórroga interesada por la Liga, a la que estos se oponen. Como han reiterado en sus escritos a lo largo de un proceso que se inició a finales de 2018 y estalló en mayo del año siguiente con las primeras detenciones, el sobreseimiento y archivo definitivo de la Oikos es la única salida debido a las incongruencias de una investigación que comenzó como una presunta trama de amaños en apuestas deportivas y derivó hacia la investigación de presuntas irregularidades en los pagos de los trabajos de reforma del estadio azulgrana con los que se habría incentivado a la plantilla del Reus para derrotar al Valladolid en un encuentro de la temporada 2016-17.

Por su parte, la Fiscalía de Huesca ha dado por cerrada y finalizada la instrucción. Según han informado a Efe fuentes judiciales, la posición del ministerio público es también contraria a la petición de la LFP. Según esta, los pagos al Reus se habrían obtenido del incremento de los costes reales de las obras para ser “destinados, a priori, al pago de primas a terceros con el objeto de alterar el resultado de la competición deportiva”.

A tenor de estos escritos y de las peticiones de sobreseimiento planteadas por los representantes legales del expresidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa; de la constructora Pryobras, encargada de estas obras; de su gerente, Jesús Sanagustín, y del propio club oscense, la magistrada deberá decidir en los próximos días qué sucede con una causa que a lo largo de los casi cinco años de instrucción ha sumado decenas de imputados por distintos delitos, entre ellos jugadores de fútbol, directivos o apostantes, para la mayor parte de los cuales se ha sobreseído la causa, como sucedió con 24 de los futbolistas de aquel plantel del Reus o el exresponsable de los servicios médicos de la SD Huesca, Juan Carlos Galindo.