Agapito cobra por la venta 9,8 millones y el juez reclama el dinero
El juez solicita a los compradores que depositen el dinero de la compra en una cuenta del Juzgado.
Los nuevos accionistas del Real Zaragoza se presentaron este viernes en sociedad en las oficinas del club y trasladaron un mensaje de tranquilidad, transparencia, estabilidad y futuro. «Hemos venido para quedarnos, no para irnos.Estamos aquí para devolver al Real Zaragoza al lugar que le corresponde», proclamó Luis Gamón, que ejerció de portavoz del grupo.
Este periódico ha tenido acceso al contrato, donde se especifica que la venta del club se cerró por 9,85 millones de euros pagaderos en 10 años.
El juez que investiga el caso Naves, en el que está imputado Agapito Iglesias, ya le ha reclamado que ingrese el dinero en el juzgado para hacer frente a posibles responsabilidades civiles.
El juez Francisco Picazo, que investiga el caso Naves, vinculado a Plaza, en el que se encuentra imputado entre otros el constructor Agapito Iglesias, ha dictado una providencia por la que solicita a los compradores del Real Zaragoza que depositen en una cuenta del juzgado el dinero que estaba destinado a la compra de la entidad blanquilla.
El juez quiere se haga frente con ese dinero a parte de la fianza impuesta al propio Agapito Iglesias, al exconsejero Carlos Esco y a Ricardo García Becerril, en el caso que lleva entre manos y que asciende a casi 19 millones de euros.
Además, en el caso de Agapito, el plazo establecido para depositar el dinero recibido como señal, 50.000 euros, es de 24 horas. Si no lo hace, fuentes del caso apuntan que se considerará como "alzamiento de bienes".
Según ha explicado Luis Gamón, el grupo no tiene de momento constancia de esta iniciativa judicial, pero indica que se encuentran "a disposición del juez para aportar las cantidades previstas" según los plazos establecidos.
El juez tenía que dar el visto bueno a la operación desarrollada, ya que las acciones se encontraban depositadas como fianza, y los compradores ya eran conscientes de la necesaria intervención del magistrado.
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