La Operación Oikos y los dilemas por resolver

La Operación Oikos regresó al primer plano de la actualidad con las detenciones del martes 26 de noviembre en varias ciudades españolas. La investigación de una trama de presuntos amaños, primas a terceros y apuestas deportivas que estalló en mayo muestra ahora nuevos protagonistas y ramificaciones que componen una tupida madeja todavía por desenredar. Se cumple un año del inicio del caso, dirigido desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca por el magistrado Ángel de Pedro, ante quienes el pasado miércoles se acogieron a su derecho a no declarar siete de los nueve arrestados.

La Policía Nacional se refiere a una "segunda fase" de la Oikos, si bien derivada de los resultados obtenidos en la primera. El 28 de mayo se arrestó a seis personas que pasaron dos días más tarde a disposición judicial, y el pasado martes fueron nueve los detenidos, de los que siete comparecieron ante De Pedro un día más tarde para salir en libertad con cargos y sin fianza. Hay nombres comunes a las dos acciones policiales: los del expresidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa; el anterior responsable de los servicios médicos del club, Juan Carlos Galindo, y el futbolista Iñigo López, con pasado azulgrana y en la actualidad jugador del San Sebastián de los Reyes.

Los tres han sido detenidos en dos ocasiones. Con ellos pasaron por las dependencias de la Comisaría Provincial de Huesca el futbolista del Real Zaragoza Francisco Javier Atienza, conocido deportivamente como Pichu Atienza; el director financiero de la SD Huesca, Carlos Laguna, y el empresario Jesús Sanagustín, administrador de la constructora Pryobras. Asimismo, se detuvo en otras ciudades a Iñigo López, al representante de futbolistas Rodrigo Fernández Lovelle y a Aritz López Garai, técnico del CD Tenerife hasta el pasado 18 de noviembre. Jacobo Sanz, entrenador de porteros, se encuentra en Kuwait y, por tanto, no siguió los pasos del resto.

También se tomó declaración a los exfutbolistas Carlos Aranda y Raúl Bravo, detenidos en la primera fase de la Operación Oikos, pero no pasaron a disposición judicial. Y se volvió a requerir documentación en la sede de la Sociedad Deportiva Huesca, como ya había ocurrido en anteriores ocasiones desde el 28 de mayo. En el punto de mira, el partido disputado entre el Reus y el Real Valladolid el 4 de junio de 2017, en la jornada 41 del campeonato de Segunda División (2-0). La Policía Nacional cree que estas nueve personas estarían implicadas en delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y blanqueo de capitales y vinculadas al pago de una prima a terceros por parte de la SD Huesca con el fin de jugar el ‘play off’ de ascenso a Primera División.

Durante la primera fase de la operación, los agentes hallaron en el despacho de Agustín Lasaosa varias hojas manuscritas que, presuntamente, recogían una operativa de recaudación, reparto, devolución y entrega de fondos para el condicionamiento de un resultado deportivo de Segunda División. Tras el análisis de la documentación, los investigadores "constataron" que un club de fútbol desembolsó fondos en metálico a la plantilla de otro equipo tras la victoria de éstos en un partido celebrado en el mes de junio del año 2017, con la finalidad de facilitar su ascenso a la última plaza del ‘play off’ de ascenso a Primera División, según especificó la Policía en una nota de prensa.

El manuscrito, clave

Esos manuscritos conectan las dos fases de la Oikos. En ellos aparecen nombres que los investigadores identifican como las personas detenidas el 26 de noviembre: "Rodrigo", "Garai", "Raúl", "Aranda", "Jacobo", "Doctor" y "Agustín". Presentan tres apartados, con «préstamo», «cantidad» y «coste», y cifras que oscilan entre los 10.000 y los 125.000 euros. En declaraciones a ‘El País’, Rodrigo Fernández Lovelle señala que los 25.000 euros que se le atribuyen serían "dinero que le presto al Huesca. Nunca se me ocurriría meterme en la compra de un partido. ¿Acaso sé yo lo que hacen con mi dinero?".

Según publicó también ‘El País’, las nuevas ramificaciones de la trama alcanzan a Pryobras y a otra empresa, Catering San Lorenzo. Los agentes estiman que esa prima que, supuestamente, habría sido entregada desde el Huesca al Reus por ganar al Valladolid pudo camuflarse mediante facturas modificadas e hinchadas por la empresa de cátering y por la constructora, con una participación muy destacada en las obras de ampliación del estadio El Alcoraz. De ahí que también se haya requerido documentación a sus responsables.

Este afluente de la Operación Oikos se cerró por el momento con la puesta en libertad de los nueve detenidos con los cargos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo y blanqueo de capitales, y quienes no declararon a la espera de que se levante el secreto de la pieza separada que incluiría toda la información al respecto. El juez Ángel de Pedro indicó a los letrados que este se levantaría en el plazo de diez o doce días. Será entonces cuando, con la información en la mano, soliciten la vuelta a los juzgados para prestar declaración.

También cobran relevancia en otra pieza bajo secreto de sumario las conversaciones rastreadas en los dispositivos móviles que se requisaron tras las detenciones del 28 de mayo y que, en casos concretos, se encuentran encriptados. Algunos de los arrestados se comunicaban con unos teléfonos valorados en unos 12.500 euros y que se han enviado a su lugar de fabricación, en Singapur, para su descodificación después de los fallidos intentos previos. Una vía que parece cerrada por la imposibilidad de sortear la garantía de confidencialidad que esta empresa mantiene con sus clientes.

Una trama con recorrido

La Oikos salió a la luz con la operación efectuada el 28 de mayo y las detenciones de Raúl Bravo, Carlos Aranda, Agustín Lasaosa, Juan Carlos Galindo, Iñigo López y el exfutbolista del Real Valladolid Borja Fernández. La Policía Nacional también registró durante varias horas la sede de la SD Huesca y detuvo en Córdoba al exdirector deportivo Emilio Vega. El futbolista Samu Saiz prestó declaración en Ibiza y se investigó a Carlos Martín Briones, Charly Briones, exfutbolista del Sariñena; Carlos Caballero y Borja Gómez.

En el origen, el partido que la SD Huesca y el Nástic de Tarragona jugaron el 27 de mayo de 2018 (0-1). Las casas de apuestas registraron un movimiento con cifras muy elevadas y a escala mundial sobre el resultado combinado en el descanso y al final.

Los investigadores también hallaron indicios de presuntos intentos de amaños en dos encuentros más: el Valladolid-Valencia del 18 de mayo de este año (0-2) y el Sariñena-Cariñena de la Tercera aragonesa y jugado el 13 de abril de 2017 (1-0). Los seis detenidos pasaron a disposición judicial dos días más tarde. En su declaración ante el juez, Lasaosa negó que un manuscrito en el que aparecían diferentes cifras y nombres relacionados le perteneciera, rechazando incluso que se tratase de su letra. Tampoco reconoció una presunta deuda de 100.000 euros.

Galindo y López aludieron a "pactos de caballeros" que son "comunes" en el mundo del fútbol, así como al "runrún" en el vestuario que acompañó a la preparación del Huesca-Nástic. Lasaosa insistió en que no se produjo ninguna indicación desde la directiva a los jugadores. El expresidente eludió la prisión con el pago de una fianza de 50.000 euros y Galindo salió en libertad provisional y sigue investigado como posible autor de un delito de corrupción en el deporte.

Íñigo López abandonó los juzgados en libertad bajo fianza, debiendo pagar en su caso 75.000 euros para eludir la prisión. Se le imputaron delitos de corrupción en el deporte, predeterminación de resultados en competiciones deportivas y cooperación necesaria en un posible delito de estafa. Raúl Bravo y Carlos Aranda, que se negaron a declarar, ingresaron esa misma tarde en la cárcel de Zuera, que abandonaron al día siguiente tras depositar una fianza de 100.000 euros. Ambos, investigados como posibles responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción en el deporte y estafa.

El desarrollo de la Oikos también arroja sombras. Varios de los detenidos anunciaron al juez Ángel de Pedro que interpondrán una denuncia contra la Policía por "detención ilegal". Han presentado un escrito ante el Juzgado en el que piden explicaciones por haber sido detenidos "al parecer sin conocimiento ni autorización del juzgado".

Ya en verano se deslizaron las discrepancias entre De Pedro y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional (UDEV), que habría realizado las detenciones del pasado 28 de mayo sin un mandato judicial expreso del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la capital oscense. Los agentes habrían actuado por indicación de sus superiores, un modo de proceder lícito que se encontró con la resistencia de De Pedro, quien era partidario de avanzar más en las indagaciones, mientras que la Policía temía que pudiera producirse una destrucción de pruebas.