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La Junta de la FAF declara por el caso del Zaragoza Femenino

La Audiencia ordenó la reapertura del caso, con el uso de los campos de Puente Santiago como origen del litigio.

Óscar Fle (drcha), presidente de la FAF junto a varios de sus colaboradores, en foto de archivo.
Óscar Fle (drcha), presidente de la FAF junto a varios de sus colaboradores, en foto de archivo.
A. Navarro

Buena parte de los miembros de la Junta Directiva de la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF), que preside Óscar Fle, acudieron este miércoles a declarar en el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza en calidad de investigados por un presunto delito de coacciones, al ratificar la negativa al uso de las instalaciones Puente de Santiago por parte de las categorías inferiores del Zaragoza Club de Fútbol Femenino.

La mayoría de los directivos de la FAF se acogieron al derecho a no declarar. Sí lo hicieron, en cambio, Pedro Galve y Ricardo García, secretario de la Federación. El primero de ellos respondió a preguntas de la defensa y de la acusación. El segundo, sólo respondió a preguntas de la defensa.

La demanda por la vía penal se interpuso en 2020, se admitió a trámite y el juez la archivó posteriormente; pero el recurso presentado ante la Audiencia Provincial por parte del club que preside Rubén Alcaine, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, provocó que, en el pasado mes de junio, se reabriera el caso. Por este motivo, la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la Federación Aragonesa de Fútbol tuvieron que prestar declaración en la jornada de ayer.

El desencuentro entre las partes, que ya ha agotado la vía civil, empezó cuando en el verano del año 2019 el primer equipo del Zaragoza CFF tuvo que marcharse a jugar a Villanueva. El 30 de agosto de ese año, ambas partes firmaron un contrato por el que sus categorías base, más de 150 niñas, dispondrían de la instalación para realizar sus entrenamientos y partidos. Sin embargo, el 2 de septiembre el Zaragoza CFF emitió un comunicado cargando contra la Federación, y ésta decretó la suspensión «hasta nueva orden» del uso de los campos del Pedro Sancho por los equipos del club de fútbol femenino.

A partir de ahí, comenzó un cruce de denuncias que todavía no ha terminado en su vía penal.

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