Romareda: la reforma pendiente

Este es el último episodio doloroso para el zaragocismo en un estudio comparado. El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar esta semana el acuerdo del Parlamento de Navarra por el que se concede al Osasuna un aval de 23 millones de euros como máximo para que el club de Pamplona reforme y amplíe el estadio de El Sadar.

El pasado 22 de marzo, Uxue Barkos, presidenta de la Comunidad Foral, firmó la ley foral en la que se recogen los detalles de las ayudas que ahora se conceden al Osasuna a todos los efectos.

Con el referido aval de la Comunidad, que se extiende a un plazo máximo de 16 años y 6 meses, el club rojillo firmará dentro de este año 2019 operaciones de financiación con entidades de crédito, a través de las cuales destinará alrededor de 16 millones de euros a la mejora del estadio pamplonés y otros siete a la satisfacción de diferentes deudas. Osasuna, a su vez, ofrece garantías ante el aval que le concede la Comunidad Foral.

Como el club navarro perdió en su día la propiedad de los principales bienes inmuebles que poseía (El Sadar y los terrenos de las instalaciones de Tajonar) para saldar su deuda con la Hacienda Foral, la directiva del club rojillo recurre a estos efectos a activos más líquidos: derechos de televisión y derechos de traspaso de futbolistas, fundamentalmente.

Asimismo, se hace referencia a la posibilidad de que el Osasuna suba a Primera División, dejando atrás la categoría en la que milita actualmente. En caso de ascenso a la élite, circunstancia que ahora parece probable, el club pamplonica destinará 3 millones de euros adicionales a la amortización anticipada de los préstamos que se avalan.

Aunque en la ley foral de concesión del aval no se hace mención a futuros ingresos de taquilla, los estudios de flujos de caja derivados de una ampliación del estadio de El Sadar que maneja el Osasuna llevan a los responsables osasunistas a contemplar esta palanca.

De forma más genérica, el club navarro también garantiza el aval que le concede el gobierno foral "con sus bienes futuros". Un acuerdo similar, o al menos de esta naturaleza, planteó en su momento la Fundación Zaragoza 2032 al Gobierno de Aragón para abordar la deuda que arrastra el club.

Con el objetivo de tratar esta cuestión mantuvieron una reunión César Alierta y Fernando de Yarza Mompeón, por parte de la Fundación, y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Aunque las primeras impresiones tras este encuentro fueron positivas, la consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón planteó reservas a la concesión de un aval al Real Zaragoza.

Según advirtió Fernando Gimeno, consejero de Hacienda, una ayuda de este tipo se computaría como deuda pública (del Gobierno autonómico) y podría encontrar oposición en instancias superiores, ya fueran del Estado o de instituciones comunitarias, de la Unión Europea.

Sea como fuere, el caso es que en Aragón no prosperó la idea de constituir un aval en favor de su club de referencia, el Real Zaragoza, cuando los patronos de la Fundación Zaragoza 2032 ya habían alcanzado un acuerdo con La Caixa para constituir una operación de crédito a largo plazo con la que abordar la modernización del estadio de fútbol, posiblemente el que sufre mayor obsolescencia dentro del fútbol profesional español.

El Deportivo, blindado por su acuerdo con Abanca

El Deportivo de la Coruña y Abanca firmaron en octubre de 2017 un acuerdo de financiación por el que la entidad financiera otorgó un préstamo de 45 millones de euros a amortizar en 15 años, que permitió al Dépor dejar prácticamente solventada su deuda con Hacienda. Además de ampliar el plazo para la devolución de la deuda, el club coruñés consiguió en la operación cambiar al fisco por un socio financiero más próximo y, sobre todo, más flexible, como Abanca. Este acuerdo incluye una serie de blindajes favorables al club. El más importante es que, en caso de descenso, estaba previsto un periodo de carencia en la amortización del préstamo de dos años.

Además, parte de esa deuda, unos 13 millones de euros, se han cubierto mediante un acuerdo comercial, que abarcaba la presencia en la camiseta y el nombre de la entidad bancaria en el estadio municipal de Riazor.

Este pacto entre el Dépor y Abanca ha dado –y seguirá dando la próxima campaña si no asciende– un balón de oxígeno al club a la hora de afrontar la confección de la plantilla ya que incide directamente en el techo de gasto que concede la LFP.

Por su parte, el Valencia se encuentra a punto de firmar una oferta vinculante para la venta del campo de Mestalla a la cooperativa Adu Mediterráneo, según señaló esta semana el director general del club, Mateu Alemany. Este indicó que no podía dar la "cifra mágica de la operación» pero que la cifra podría permitir financiar íntegramente las obras del nuevo Mestalla”.