El club deja encarrilado su nuevo convenio de acreedores

Las últimas horas han resultado decisivas para que el Real Zaragoza dé un paso casi definitivo para la aprobación de su nuevo convenio de acreedores. El club aragonés está a un paso de reunir el 60% de las adhesiones necesarias y sacar adelante la propuesta de modificación presentada el pasado mes de julio en el Juzgado Mercantil número dos de Zaragoza. Tiene hasta este viernes 7 de octubre para agrupar esa mayoría reforzada de adhesiones, aunque se espera presentarlas entre mañana y el jueves, una vez se firmen con los servicios jurídicos de los últimos acreedores los detalles finales de unos acuerdos ya moldeados y apalabrados.

Este nuevo convenio permitirá al Real Zaragoza asegurar la estabilidad del suelo financiero sobre el que se apoyarán las dos próximas temporadas sea cual sea su escenario deportivo. El plan que deberá aprobar el juez una vez acredite el 60% de las adhesiones de los acreedores ordinarios tiene un vértice principal: una refinanciación que afectará al calendario de pagos, pero no a las cantidades pendientes. Es decir, aumenta la espera, pero no existe más quita. El Zaragoza deberá seguir pagando, de este modo, los 27,2 millones de euros que debía haber comenzado a desembolsar el pasado 1 de julio con una primera anualidad de 1,36 millones, aunque las obligaciones quedarán en suspenso durante un nuevo plazo de dos años si permanece en Segunda.

La modificación del convenio de acreedores incluye un bienio de carencia si el equipo no asciende (esta temporada ya ha comenzado a correr el reloj), aunque sí se activarían los ocho años de pagos si se sube a Primera División esta temporada.

Los primeros abonos quedarán así aplazados hasta el 1 de julio 2017 (1,36 millones de euros) en caso de ascenso el próximo junio o hasta 1 de julio de 2018 sea cual sea su categoría. Se mantiene el desglose de cantidades anuales, con pagos progresivos en lugar de lineales, es decir, más suaves y asequibles al principio.

La naturaleza del nuevo convenio se ha basado, en gran medida, en la fórmula aprobada en el original. Entonces, el calendario establecía una carencia de tres años consecutivos o cinco alternos si el Zaragoza militaba en Segunda. La primera exención expiró el pasado mes de junio al no certificarse el ascenso tras tres temporadas y ahora el nuevo convenio incluye esa prórroga de dos años para completar los hasta cinco permitidos en el convenio aprobado en 2012.

El Zaragoza está cerca de culminar así más de tres meses de duras y complejas negociaciones para reunir el 60% de la masa pasiva calculada de acuerdo a la lista de acreedores ordinarios modificada. Finalmente, el club ha conseguido esa mayoría reforzada, un respaldo superior al conseguido en el año 2012 por la directiva de Agapito Iglesias para aprobar el concurso de acreedores. Entonces, se obtuvo una mayoría suficiente, pero muy ajustada, del 53%.

La mayoría de la deuda con acreedores ordinarios la aglutinan futbolistas, clubes, agencias de representación... El escollo más relevante ha sido, precisamente, el principal: el Shakhtar Donetsk, club ucraniano con el que se generó una deuda de 13 millones por el llamado ‘caso Matuzalem’. Esa cantidad sufrió una quita del 50% hace cuatro años, hasta los 6,5 millones de euros que aún se le adeudan y que están normalizados en el convenio original. Emergía así como actor estratégico para la modificación, pues representa el 23,9% del pasivo ordinario, casi la mitad del 60% requerido, y su negativa a adherirse finalmente a la propuesta del Zaragoza ha limitado notablemente el margen de negociación de la SAD. Sí han aceptado el nuevo plan de pagos otros clubes, como el Milan (deuda por el traspaso de Oliveira) o el Deportivo Alajuelense (derechos de formación de Diego Estada).