Una coalición inédita inaugura una nueva etapa en la política aragonesa
La doble victoria del Partido Popular, en las elecciones autonómicas del 28 de mayo y en las generales del 23 de julio, abre en Aragón una etapa política que no trae solo la novedad de un cambio en el signo del Gobierno regional, y de otras muchas instituciones, sino también el estreno de una coalición hasta ahora inédita, la del PP con Vox. Las coaliciones de gobierno han sido la norma en Aragón y en 2019 Javier Lambán consiguió rizar el rizo juntando a cuatro partidos, desde el PAR a la extrema izquierda. En contra de muchos pronósticos, el cuatripartito ha funcionado de manera estable y sin apenas fricciones internas. De manera que, aunque resulte paradójico, ahora Jorge Azcón puede mirarse en el espejo de Lambán, pues su primer desafío es conseguir que la alianza con Vox no dé lugar a choques ni estridencias ideológicas, sino que todos los miembros del gabinete se apliquen a diseñar e implementar políticas que mejoren la vida de los aragoneses con una gestión acertada. Los voxistas son neófitos en las tareas de gobierno y no cuentan en la Comunidad con un liderazgo asentado, además muchos de sus planteamientos chirrían y suscitan la desconfianza o el rechazo de una buena parte de la sociedad aragonesa; habrá que ver cómo se adaptan a unas responsabilidades que exigen tener en cuenta la sensibilidad de toda la ciudadanía.
En todo caso, el color del nuevo Ejecutivo queda matizado con la entrada del PAR y de Aragoneses en el segundo nivel político, el de las direcciones generales. Con esos nombramientos, hay que entender que Azcón no busca únicamente reforzar sus apoyos, sino sobre todo situar un contrapeso centrista a su alianza con la extrema derecha. El presidente, forzado por la aritmética parlamentaria a pactar con Vox, quiere no obstante gobernar desde la moderación, y el aragonesismo de centro, a pesar de su caída electoral, mantiene una cuota de poder y puede aportar una cierta sensación de equilibrio.
Pero al final al Gobierno de Azcón, como a todos, habrá que juzgarlo por sus resultados, por su capacidad para solventar problemas y para encauzar los desafíos que tiene pendientes nuestra Comunidad. Y entre los principales está el funcionamiento de los servicios públicos y de manera especial de la sanidad. La pandemia y la pospandemia han dejado la impresión de un deterioro en el sistema sanitario. Está la sempiterna cuestión de las listas de espera quirúrgicas, desde luego, pero hay otros capítulos para la preocupación. El desbordamiento que se produce en ocasiones en los centros de salud, las dificultades para contratar a los profesionales necesarios, las carencias en el medio rural o incluso en capitales como Teruel, el incremento de las enfermedades crónicas y de las dolencias múltiples ligado al envejecimiento... En fin, que muchos ciudadanos perciben que la atención médica ha empeorado y es necesario corregir el rumbo. Azcón se ha comprometido a incrementar el gasto sanitario por encima del crecimiento del Presupuesto general y a reforzar la colaboración, ya habitual, con la sanidad privada, y este será sin duda uno de sus caballos de batalla. Y las quejas que han surgido en torno a diversos centros escolares con el comienzo de curso recuerdan que la educación es también un campo muy sensible para los ciudadanos, a cuyo buen funcionamiento habrá que dedicar esfuerzos. Como asimismo a las políticas sociales enfocadas a prestar ayuda a personas y familias desfavorecidas o vulnerables, un aspecto en el que ha habido muchas iniciativas en los últimos años pero que, en parte por problemas burocráticos, no se han desarrollado con la eficacia que sería de desear. Aquí hay que añadir la política de viviendas sociales, prácticamente abandonada desde hace mucho.
Los servicios públicos tienen como destinatarios, obviamente, a los ciudadanos, pero su gestión ha de tener muy en cuenta, también es evidente, a los profesionales que los prestan, sanitarios, docentes, etcétera, que son empleados de la Administración. Gran parte del éxito dependerá de que el Gobierno sea capaz de dialogar con ellos y en este aspecto un Ejecutivo de derechas necesita, y no es un disparate, mucha mano izquierda para evitar que sus propuestas encallen.
En el capítulo económico, Azcón ha hecho hincapié en su voluntad de atraer a la Comunidad nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos como la automoción. Conseguir la instalación de una fábrica de baterías que afiance la posición de Aragón en el futuro de los vehículos eléctricos se ha convertido casi en una obsesión que en la anterior legislatura se quedó en el aire. No será fácil, porque aunque Aragón cuenta con muchas bazas favorables la competencia, nacional e internacional, en torno a estas instalaciones va a ser feroz. No hay que olvidar que a la hora de convencer a los inversores la estabilidad política y la concertación entre los agentes sociales son aspectos esenciales.
El PP calificó el Aragón gobernado por Lambán como un infierno fiscal, valoración discutible quizá pero en la que coincidían no pocos aragoneses. Así pues Azcón tendrá que hacer honor a sus promesas de aliviar la carga impositiva, y son muchos los ciudadanos que esperan que el alivio se perciba cuanto antes en los impuestos de patrimonio y sucesiones, alineando a la Comunidad con otras autonomías que aplican ya criterios más livianos.
Las finanzas públicas son un dolor de muelas para cualquier gobierno y lo serán también para la coalición PP-Vox, que deberá casar esas prometidas rebajas fiscales con otros compromisos que necesariamente implicarán un mayor gasto. Y tendrá que hacerlo además en un tiempo de tipos de interés relativamente altos y cuando la Unión Europea, dejando atrás la excepcional etapa de laxitud impuesta por la pandemia, requiere la vuelta progresiva a la disciplina presupuestaria. En este capítulo se inscribirá también, cuando toque, la batalla política del nuevo sistema de financiación autonómica, una necesidad cuya resolución se pospone desde hace demasiados años pero que en algún momento habrá que abordar. Asunto de gran complejidad que sin duda se complicará y se agriará todavía más a la vista de los derroteros por los que se mueve la política nacional en cuanto a concesiones al separatismo. Aragón se juega mucho en ese tablero y las fuerzas políticas aragonesas no pueden permitir que lo dejen como una comunidad de segunda.
Si Lambán fue crítico con su propio partido en relación al independentismo catalán, también Azcón ha hecho bandera de la defensa de la Constitución frente al chantaje de quienes pretenden fracturar la unidad de España. Seguro que en esto coincide con la inmensa mayoría de los aragoneses. Al mismo tiempo, sería bueno evitar que la política aragonesa se viese arrastrada por la polarización y el crudo enfrentamiento del escenario nacional. Abrir vías de diálogo entre los bloques políticos, sobre todo con el PSOE -que en Aragón tiene que poner en marcha la sucesión de Lambán-, será siempre una buena iniciativa.
